Publicado: 24/10/2018 05:15
La polémica por la venta de armas a Arabia Saudí radica principalmente en la falta de transparencia sobre los criterios que usa el Gobierno para autorizar las exportaciones del material bélico y en la incapacidad de comprobar sobre el terreno que esas armas no se emplean contra los derechos humanos en su destino final.
La monarquía saudí es ya uno de los principales clientes de la industria militar española. Según los datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), España ocupa el cuarto puesto en la lista de los exportadores a Arabia Saudí. De esta industria dependen cerca de 210.000 empleos.
Según las estadísticas del Gobierno, el reino wahabita es el quinto país al que más armamento vendimos en 2017, por importe de 270 millones. De 2014 a 2015, cuando estalla el conflicto en Yemen, las exportaciones de material bélico español casi se duplicaron. De 293 millones de euros a 546. Sólo un año después, en 2016, las ventas cayeron hasta los 116.
Arabia Saudí dirige una coalición internacional contra las milicias de los hutíes en Yemen y a lo largo de estos últimos años, se han producido bombardeos en hospitales, escuelas o mercados. La ONU considera a dicha coalición como responsable de violaciones de los derechos humanos. Aunque han aparecido en ese país armas de origen español que fueron inicialmente exportadas a Riad, el Gobierno del PP decidió mantener las autorizaciones para enviar material bélico a Arabia.
La legislación española prohíbe autorizar exportaciones si existe riesgo de que el material pueda ser utilizado contra los derechos humanos por el país receptor. Tampoco permite su reexportación a un tercer Estado o que se emplee en conflictos exteriores. Aunque la falta de mecanismos de control efectivos hace que España deba fiarse de lo que diga el país comprador. La respuesta habitual del Ejecutivo es que confía en que el reino saudí no use las armas en el conflicto de Yemen. "No se tiene ningún conocimiento de que hayan tenido ningún otro uso que el autorizado", dijo este martes el diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones en la Comisión de Defensa.
Quien se encarga de decidir si el Estado receptor cumple los requisitos es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) formada por representantes de varios ministerios. El Tratado de Comercio de Armas ratificado en 2014 prohíbe la exportación de armas cuando estas puedan ser utilizadas para cometer violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El problema es que en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros de 1987, sus deliberaciones son secretas y no se pueden consultar las actas de sus reuniones. Los grupos políticos en el Parlamento reclaman mayor transparencia en el organismo que preside la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Esta última sí debe comparecer ante el Congreso para exponer el informe de exportaciones que debe elaborar cada año su departamento.
Aunque el Gobierno parece que no suspenderá las exportaciones, como ha hecho Alemania, sí tiene ultimado un protocolo para efectuar un control expost de las ventas de armas. El porcentaje de denegación de solicitudes de licencias de compra de armas es muy bajo. El Gobierno autorizó en 2017 unas 1.560 exportaciones y sólo denegó cuatro.
En este sentido, el Congreso rechazó este martes suspender la venta de armas a Arabia Saudí a pesar de la polémica por la muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. La proposición no de ley presentada por Compromís fue rechazada con los votos en contra de PSOE y PP y la abstención de Ciudadanos y el PNV.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este miércoles al Congreso para explicar la venta de armamento fabricado en España a la monarquía del Golfo. Unidos Podemos y ERC forzaron la comparecencia tras la polémica por la entrega de 400 bombas de precisión láser que Defensa quería paralizar.
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