Enrique López: "La prioridad es que el Gobierno lo vuelva a ser de todos, no renovar el Poder Judicial"

Pregunta: ¿Puede el PP parar judicialmente la reforma del Código Penal para rebajar la pena por el delito de sedición?

Respuesta: No. Evidentemente, si tienen los votos suficientes en el Parlamento, la aprobarán. El PP denunciará el objetivo de la reforma Junqueras, que va dirigida a rebajar la pena de este delito de sedición con un determinado objetivo, como la propia vicepresidenta primera ha reconocido: que se revise la condena y puedan ser excarcelados los condenados en menos tiempo... Y hay que recordar que estamos hablando del referéndum ilegal del 1-O, el hecho más grave y más oscuro de nuestra democracia desde el golpe de Estado del 23-F. Para que nos entienda la opinión pública, cuando se comete un delito de sedición no es lo mismo que lo cometa un particular que un Gobierno

P: ¿En qué sentido? 

R: En que no se puede rebajar en términos de reproche penal. Es muy grave que se utilice un gobierno, el poder público, para cometer un delito de sedición. Yo siempre pongo un ejemplo: no es lo mismo que un aeropuerto lo cierren los sindicatos de controladores a que lo haga el director del aeropuerto. Es mucho más grave hecho por un directivo.

P: Usted tendrá que negociar con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional... ¿Va a condicionar el PP esa reforma a la retirada de la modificación socialista del Código Penal?

R: El PP es un partido de Estado, que sabe cumplir la ley y nadie nos va a dar lecciones. Nosotros estamos siempre fortaleciendo al Estado, no como el Gobierno actual, que lo que pretende con estas medidas (Código Penal) es debilitarlo. Y no cabe duda que el escenario que ha creado es un escenario muy difícil para negociar nada, no solo la renovación del Consejo General del Poder Judicial sino, en términos generales, todo aquello relacionado con la Justicia. Se ha creado un escenario en el que se propone como fiscal general a una persona que hasta hace cuatro días era ministra de Justicia y diputada del PSOE; no una independiente... yo no tengo nada contra Dolores Delgado, me parece una gran jurista. Lo que ocurre es que su apariencia de imparcialidad es cero. Pero, además, vemos como el presidente del Gobierno insiste en reunirse con un presidente de la Generalitat condenado, inhabilitado por la Justicia. Y estamos viendo ese anuncio de reforma del Código Penal para favorecer urgencias judiciales de personas que han cometido delitos muy graves contra la democracia española. Y estamos viendo como reabren (la Generalitat) embajadas en el extranjero...

P:... Ya, pero perdone que le insista: ¿Se van a sentar a hablar con el Gobierno para que haya esa reforma del CGPJ antes de verano? 

R: Yo lo que digo es que en estos momentos, la situación es difícil. Esperamos que el Gobierno vuelva a la senda del fortalecimiento del Estado. Que se convierta en un Gobierno del Estado y no en un Gobierno de partido con fines exclusivamente partidistas

"No hay ningún problema porque el CGPJ esté en funciones; hemos tenido un gobierno en funciones de la nación durante año y pico"

P: Cuando negocien ¿Van a plantear alguna exigencia en concreto? ¿La vuelta al sistema de elección de una mayoría de vocales por los propios jueces?      

R: Eso ya lo planteó el PP hace año y medio en sede parlamentaria. Nosotros insistiremos en la vuelta al modelo constitucional de elección. Pero que estamos ante un hecho previo: para sentarse a hablar de un Pacto de Estado que tienda a reforzar el Poder Judicial -como ha dicho el presidente Casado-, que despolitice la Justicia y la haga mucho más efectiva y eficaz a los ciudadanos, el Gobierno debe de volver urgentemente a ser un gobierno del Estado.

P:... ¿Y eso qué significa?

R: Que debe volver a guiarse por un objetivo básico que es el interés general de los ciudadanos, de España. El interés común de todos y cada uno de los españoles, no las urgencias de personas que se encuentran en este momento en prisión. 

P: ¿Le interpreto bien si digo que el PP no se va a sentar a negociar el CGPJ mientras el Gobierno no retire la reforma del Código Penal que ha anunciado?

R: En estos momentos, el que está bloqueando cualquier tipo de negociación es el Gobierno. Recordemos que es un gobierno que lleva una escasa semana habilitado y el CGPJ está en funciones, pero en plenas funciones; Al igual que hemos tenido un gobierno de la Nación año y pico en funciones. No hay ningún problema; el Poder Judicial sigue teniendo su gobierno en funciones. No es la prioridad (renovarlo) en estos momentos. La prioridad, insisto, es que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelva a ser un gobierno de Estado.

P: Pero el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, sí ha decidido suspender los nombramientos de jueces y magistrados por parte de ese órgano, hasta que no haya renovación... ¿El PP lo siente como una presión para que se sienten a negociar ya?

R: No. Lo que ha decidido, no el CGPJ, sino su presidente, Carlos Lesmes -es su responsabilidad fijar el orden del día de los plenos-, es no llevar, de momento, más nombramientos. Pero, si la situación determina que siguen más tiempo en funciones, por supuesto que llevaría nombramientos.

Un presidente del Gobierno de España reuniéndose con Quim Torra, condenado por los tribunales e inhabilitado por el Código Penal, no es la mejor imagen de un hombre de Estado

P: La Fiscalía parece que se ha alineado en la Sala Tercera del Supremo con las tesis de Quim Torra para no ser inhabilitado de forma inmediata -o así ha aparecido ante la opinión pública-... ¿Qué le parece?

R: Nosotros confiamos plenamente en los jueces. Y los jueces decidirán al respecto. Estamos ante una persona que ha sido condenada por cometer un delito de desobediencia y que ha sido inhabilitada para ser diputado y ser diputado es condición sine qua non en Cataluña para ser presidente de la Generalitat. Creo que esto lo entiende cualquiera...

P:... Aún así, Pedro Sánchez, sigue manteniendo que se reunirá con él porque es el presidente de la Generalitat ¿El PP va a adoptar alguna iniciativa judicial al respecto?

R: El PP está haciendo oposición leal y denunciando todo aquello que entiende que debilita al Estado. Y un presidente del Gobierno de España reuniéndose con un presidente condenado por los tribunales e inhabilitado por el Código Penal, no es la mejor imagen de un hombre de Estado.

Comparaciones "perversas"

P: Ante las críticas del PP al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general por su falta de "apariencia de imparcialidad", el PSOE ha recordado que usted y la magistrada Concepción Espejel fueron retirados del juicio al caso Gürtel por su proximidad al PP. ¿Cómo se siente?

R: Es perverso entender que un magistrado que ha ostentado el cargo de vocal del CGPJ o ha sido miembro del Tribunal Constitucional está inhabilitado para ejercer su función judicial y compararlo con alguien que ha sido ministra de Justicia, diputada del PSOE y luego va a ser fiscal general del Estado. No tiene absolutamente nada que ver. Comparar la imagen de contaminación de imparcialidad de un ministro de Justicia con un vocal del CGPJ es, sencillamente, perverso.

P: Si Delgado no se inhibe en ciertos asuntos que ha conocido como ministra de Justicia, el referéndum del 1-O, el caso Villarejo... ¿Qué hará el PP?        

R: El problema no es que Dolores Delgado se abstenga o no porque, incluso, su intervención directa en esos asuntos puede no existir. Al fin y al cabo, quien va a llevarlos son los fiscales responsables de los casos y los fiscales superiores. El problema es que ella puede dar instrucciones y propondrá los nombramientos en la cúpula fiscal. Es decir, estamos ante algo más, que no es solo la apariencia de imparcialidad en un determinado caso. Es absolutamente inaudito y, desde luego, inadmisible en términos democráticos.

P: El Tribunal Constitucional, con su actual composición, va a tener la última palabra sobre muchas de las decisiones que tome el Gobierno en Cataluña. ¿Ustedes están por la labor de no renovar ese tribunal en tanto en cuanto lo consideran garantía de que determinados excesos no se produzcan? 

R: No. Nuestro criterio para renovar los órganos constitucionales no es el color político de esos órganos, que no lo tienen. Tenemos que empezar, entre todos, a contribuir a esa imagen de independencia. Nuestro criterio es que eso requiere un acuerdo político por parte de los partidos políticos, porque así lo establece la Constitución. Y en estos momentos, el marco que está creando el Gobierno con sus decisiones no aleja mucho de una situación de estabilidad institucional.