Publicado: 22/03/2018 05:15
La irrupción del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena y su auto de procesamiento está convulsionando de tal manera la escena política catalana que, por paradójico que parezca, puede acabar acelerando los deseos del Gobierno de que se proceda ya a la investidura de un presidente de la Generalitat y se acabe así la intervención excepcional del Estado al amparo del artículo 155 de la Constitución; y con ello el PNV acabe su bloqueo a los Presupuestos del Estado y España empiece a recuperar la normalidad institucional.
Nadie en La Moncloa esperaba para este viernes ni el auto de Llarena ni la inmediata reacción de Junts per Cat, ERC y las CUP, de convocar el pleno de investidura 24 horas antes, hoy, jueves, para que Jordi Turull o quien sea el elegido acuda ante el magistrado investido de poder político.
Porque, la sola posibilidad de encarcelar provisionalmente a un presidente de la Generalitat en ejercicio se trata de un desafío institucional de primera magnitud, con repercusión internacional si se produce y un efecto colateral: en el momento en que haya inquilino en el Palau Sant Jaume, decae la aplicación del 155 en la administración autonómica, así como la intervención del Senado sobre las competencias del Parlament.
Así lo ha venido explicando el propio Mariano Rajoy en los cinco meses que ha estado intervenida la administración catalana, en los cuales han sido cesados más de 200 altos cargos y se ha desmontado todo el mecanismo independentista como las embajadas y el Diplocat.
No obstante, el presidente del Gobierno ha venido reiterando en todo este tiempo que "el 155 ha dejado de ser un fantasma jurídico, todos saben lo que es y lo que hay que hacer para que se active y lo que no hay que hacer para que no se active". Algo parecido señalaban en las últimas horas fuentes gubernamentales cuando se les ha preguntado por la posibilidad de que un procesado como Turull sea presidente de la Generalitat.
El Gobierno va a estar muy atento al que sea vicepresidente porque será quien "herede" la Presidencia de la Generalitat cuando Turull sea inhabilitado por el Tribunal Supremo
Al Gobierno "ni le gusta ni le deja de gustar" Jordi Turull como presidente de la Generalitat; puede serlo porque no hay ningún impedimento legal, pero habría sido mejor que el candidato a la investidura hubiera sido alguien con el panorama judicial más despejado, porque el futuro mandatario, si es investido, va ser corto: está en libertad provisional acusado de prevaricación, malversación, desobediencia en el 1-0 por lo que será condenado antes de un año y tendrá que dejar el cargo, según han explicado fuentes del Ejecutivo.
No obstante, las fuentes consultadas entienden que su nombre es más fruto del pacto no escrito entre el PdCat, que controlan Marta Pascal y Artur Mas, y su plataforma electoral Junts per Cat, controlada desde Bruselas por Carles Puigdemont con una quincena de diputados afines su persona, que de un acuerdo PdCat/ERC.
Por eso, el Gobierno pone el foco en quien nombre Turull vicepresidente de ese Gobierno catalán, previsiblemente alguien de ERC. Esta persona, que podría ser Marta Rovira o alguien de la estricta confianza de Oriol Junqueras, asumirá entonces las funciones de president temporal y será quien controle los tiempos efectivos de la legislatura que todavía no se ha iniciado, pudiendo convocar elecciones cuando quiera.
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