Política

El Defensor del Pueblo: "La libertad de cátedra no justifica el adoctrinamiento"

Marugán cree que el número de quejas sobre adoctrinamiento en Cataluña recibido por el órgano constitucional, un total de 28, no es "significativo", pero lo ve "preocupante" y constata el uso de escuelas para actos de reivindicación política

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán. Efe

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, considera que el volumen de quejas sobre adoctrinamiento en la escuela Cataluña recibidas hasta ahora -un total de 28 desde 2017- "no es particularmente significativo", pero advierte de que "aunque fueran muy contados los casos en los que se produjeron supuestos de adoctrinamiento en el ámbito educativo, el simple hecho de su existencia debería preocuparnos a todos extraordinariamente".

"La libertad ideológica, de pensamiento, de expresión y de cátedra no pueden justificar los actos de adoctrinamiento en la educación", ha señalado Marugán durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo este miércoles a petición de Ciudadanos. Y ha destacado que "aún más" debería preocupar "a quienes son responsables directos de evitarlos, es decir, las autoridades educativas de Cataluña y, en su caso, las del Estado".

La difícil situación política que se vive en Cataluña se ha trasladado también a otros ámbitos ajenos a la política y, entre ellos, al educativo"

"A nadie se nos escapa que la difícil situación política que se vive desde hace tiempo enCataluña se ha trasladado también a otros ámbitos ajenos a la política y, entre ellos, al educativo. La utilización de las instalaciones y centros educativos para actos de reivindicación política es buena muestra de ello", ha criticado.

Si bien Marugán ha aclarado que esa utilización no tenga que implicar una forma de adoctrinamiento educativo, en su práctica, dice, "puede contaminar el ámbito de los centros educativos", donde, según el Defensor del Pueblo, debe estar siempre presente el "principio de pluralidad".

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recordado que, con carácter general, la institución "no es el cauce adecuado para la promoción de posiciones ideológicas o políticas". Según el compareciente, los representantes políticos y sociales tienen más vías de actuación.

"Al Defensor del Pueblo lo que le corresponde es la atención a las quejas de los ciudadanos, que son los titulares de los derechos cuya defensa le encomienda la Constitución", ha insistido Marugán para terminar defendiendo que esta labor la realiza "en el marco de la neutralidad política e ideológica".

En cuanto al trámite de las quejas recibidas por el órgano de carácter constitucional, Marugán ha explicado que fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Educación y de la Consejería de Enseñanza de Cataluña y hacían referencia a centros públicos ubicados en Villafranca del Penedés, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Premiá de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramanet.

Informe "insuficiente" del Ministerio

Ha dividido las denuncias en dos tipos: unas tenían un grado de concreción "muy bajo o inexistente" y carecían de base para el inicio de actuaciones y otras se referían a conductas concretas "cuya descripción podría resultar indiciaria de la existencia de posibles casos de adoctrinamiento en el ámbito educativo".

El Defensor considera que el informe facilitado por Educación sobre las quejas en torno al adoctrinamiento desde 2017 era "claramente insuficiente"

En estas últimas se mencionaba al autor o autores de adoctrinamientos y el tiempo y lugar en que se produjeron, y con ellas se iniciaron actuaciones el 21 de noviembre de 2017, cuando ya se estaba aplicando el artículo 155 de la Constitución.

Marugán ha informado de que las solicitudes de información al Ministerio de Educación "reiteradamente y en ocasiones sucesivas". Además, considera que el informe facilitado por la cartera dirigida entonces por Méndez de Vigo era "claramente insuficiente", ya que, según su criterio, "no valoraba la actuación de la administración educativa de Cataluña y no aportaba datos sobre las actuaciones inspectoras y de control que hubieran podido y debido efectuarse".



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