Política

El Defensor del Pueblo alerta del aumento de ocupaciones ilegales de viviendas

Insta al Ministerio de Justicia a reformar en el Código Penal el delito de usurpación de inmuebles. El Gobierno no descarta proponer un cambio legislativo en este sentido

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. EFE

El Defensor del Pueblo en funciones, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, advierte en su informe anual de 2017, entregado este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, de un peligroso aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas. Así, este organismo insta al Ministerio de Justicia a reformar el delito de usurpación de inmuebles del artículo 245 del Código Penal, de tal forma que "se dé respuesta a la existencia de las diversas tipologías de los delitos de usurpación de un bien inmueble".

Además, el Defensor del Pueblo emplaza al departamento de Rafael Catalá que prevea los "cauces adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan al titular del inmueble la posesión y disfrute urgente del mismo, mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido".

La institución inició una actuación de oficio por este incremento a raíz de las quejas que le remitieron los ciudadanos. Estas quejas ponían de relieve la insuficiencia del marco jurídico actualmente en vigor para hacer frente a este tipo de prácticas ilegales

El organismo presidido en funciones por Fernández Marugán -tras la renuncia de la exdiputada popular Soledad Becerril- relata en su informe anual de 2017 que tales recomendaciones fueron rechazadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en tanto "en la actualidad no había en marcha una iniciativa puntual de reforma" al respecto.

No obstante, el Ministerio de Justicia no descartó proponer un cambio legislativo en este sentido. Así, deja la puerta abierta a que "en una eventual reforma del Código Penal se aproveche la ocasión para mejorar el tratamiento del delito de usurpación y otras medidas especiales que sirvan de ayuda a los perjudicados y víctimas de este delito", señala el Defensor del Pueblo en funciones en el informe anual presentado este lunes en las Cortes.

A raíz de que el Defensor del Pueblo iniciara su actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y ante la Fiscalía General del Estado por el problema del aumento de la ocupación ilegal de inmuebles en España, desde el Ministerio del Interior se le dio traslado de un informe con "aspectos nada desdeñables". La institución cuestiona aquí el hecho de que la Justicia considere en muchos casos que estos asuntos "deben dirimirse en el orden civil y no en el penal, en aplicación del principio de mínima intervención penal" o que "con más frecuencia de la deseada se absuelva al ocupante ilegal acudiendo a la aplicación de la eximente del estado de necesidad".

"Desde el primer momento"

En este contexto, el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad abogaba por una nueva redacción de la regulación actual comprendiendo actuaciones como "la reorientación y adaptación del tipo penal de usurpación a la situación actual; la previsión de un procedimiento o juicio rápido o inmediato que agilice el tiempo de los litigios derivados de dicha problemática; y modificaciones legislativas que refuercen y posibiliten la adopción de medidas tendentes al desalojo de inmuebles desde el primer momento de apreciación de indicios de infracción penal".

El Defensor del Pueblo pone el foco en municipios próximos a la Comunidad de Madrid, tanto de la provincia de Toledo como Guadalajara, donde "al haber incidido la presión demográfica y como consecuencia de ello existir una fuerte presión urbanística, la existencia de viviendas terminadas o casi terminadas que se encuentran desocupadas en numerosas urbanizaciones ha provocado un aumento de la delincuencia de robos y hurtos y su ocupación ilegal".



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