'Delcygate'

Cuenta atrás para impedir la destrucción de las imágenes de Ábalos con Delcy Rodríguez

No consta que ninguna autoridad competente las haya reclamado y la Ley de Protección de Datos obliga a eliminarlas en el plazo de un mes

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela
José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela Clara Rodríguez

El plazo para conservar legalmente las grabaciones de la reunión en Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, está cerca de expirar. La ley de Protección de Datos marca un mes como el tiempo máximo que pueden almacenarse las imágenes si ningún juez o institución oficial las reclama. Ese periodo finaliza este jueves. 

El PP no había acudido a los tribunales hasta este martes pese al amago inicial después de que Vozpópulidesvelara el encuentro secreto entre ambos mandatarios a bordo de un avión, aunque finalmente se ha presentado en un juzgado de guardia para impedir que se destruyan las imágenes. El partido sí solicitó previamente estas imágenes por la vía parlamentaria -como hicieron con la tesis del presidente Pedro Sánchez-, pero fuentes populares informan a este periódico que ni siquiera les han contestado todavía. También instó a la Fiscalía a actuar sin que haya trascendido ninguna diligencia.   

Ciudadanos ha anunciado este lunes que acudirá a la Fiscalía para garantizar que no se destruyan las grabaciones. "Se trata de salvar las cintas. Y como no nos admiten la comisión de investigación pues habrá que ir por las malas", señaló el diputado naranja Edmundo Bal a este periódico después de varias semanas en las que la formación no ha querido dar el paso de ir a la Fiscalía porque no veía clara la comisión de un presunto delito.

Lo que dice la Ley

La Ley 3/2018 establece en su artículo 22 que “los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación”.

En su disposición adicional tercera, la norma precisa que “si el plazo se fija en meses o años, concluirá el mismo día en que se produjo el hecho que determina su iniciación en el mes o el año de vencimiento”. Así lo explica la propia Agencia Estatal de Protección de Datos: “Se fija en un mes el periodo de conservación de las imágenes, transcurrido el cual deberán destruirse, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas en materia de seguridad pública o con una investigación policial en curso”.

Querella del Partido Laócrata

Consultadas diversas fuentes implicadas en este proceso, no consta que ninguna autoridad competente haya pedido interrumpir el plazo. Tal y como informó Vozpópuli, hace días una formación política llamada Partido Laócrata se personó en el Tribunal Supremo como acusación popularmediante una querella contra Ábalos por prevaricación. Entre la batería de medidas que solicitó al alto tribunal se encontraba la citación como investigado del ministro, pero también pedía conservar las grabaciones.

El Supremo ya estudia esta querella, que ha recaído en el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. Por el momento no ha decidido si la admite a trámite y no se prevé que vaya a fijar postura antes del jueves ya que antes hay que dar traslado a la Fiscalía para que opine. Fuentes del tribunal informan de que además se le ha solicitado una documentación a los querellantes.  

Paralelamente, este mismo partido también presentó otra querella por prevaricación ante los Juzgados de Instrucción de Primera Instancia de Madrid, pero en este caso contra todos los agentes de las fuerzas de seguridad que intervinieron esa noche así como vigilantes privados o personal de AENA. Es habitual que antes de asignar cada querella a un Juzgado, transcurran varios días. No consta tampoco que ese trámite se haya cumplimentado una vez consultado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).   

En ambas querellas, este partido ha solicitado a la autoridad judicial que ordene preservar las imágenes. En concreto, piden que “se dé orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el aseguramiento y custodia de todas las grabaciones de todas las cámaras de seguridad del aeropuerto de Madrid-barajas de los días 19 y 20 de enero de 2020, tanto interiores como exteriores, en especial las que aparecen Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos”.

Muestran especial interés por “los videos de las cámaras interiores y exteriores de la terminal T1 y la ejecutiva y de las salas privadas de dicha terminal, y del trayecto desde dicha terminal hasta la T4, donde estaba el vuelo comercial a Doha (Catar)”. 

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