Política

Condenados por prevaricación tres exaltos cargos del PP murciano por un pelotazo con Trinitario Casanova

Juan Ignacio Sánchez, Encarna Muñoz y Antonio Alvarado trabajaban en el gobierno de Ramón Luis Valcárcel

Ramón Luis Valcárcel,  presidente de la Región de Murcia cuando sucedieron los hechos
Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia cuando sucedieron los hechos ep

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado por prevaricación a tres ex altos cargos del Gobierno murciano por la recalificación de la finca La Zerrichera, en Águilas, con varias figuras de protección medioambiental, para permitir construir 4.000 casas, hoteles de lujo y un campo de golf. Los condenados son Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental; Juan Ignacio Sánchez, jefe del servicio homónimo en ese departamento, ambos condenados también por falsedad documental, y Encarna Muñoz, ex directora general de Medio Natural en la época en la que presidía el Gobierno murciano Ramón Luis Valcárcel, del PP. Ubicada en la sierra de la Almenara, fue comprada en 2004 por el Grupo Hispania del empresario Trinitario Casanova, que pagó por ella 10 millones de euros y la vendió al año siguiente por 150, pero no pudo construirse por la intervención judicial. Casanova es actualmente dueño del Edificio España en Madrid. La Audiencia ha absuelto a otros dos ex altos cargos de la Consejería de Vivienda también acusados de prevaricación en este caso: Manuel Alfonso Guerrero y José María Ródenas, ex director general y ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo, respectivamente.Inhabilitación para cargos públicos

Para determinar las penas, la Audiencia entiende que concurre en todos los casos la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La mayor condena es para Alvarado, con 7 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por el delito de prevaricación y 2 años de prisión, multa de 1.350 euros e inhabilitación durante 1 año y 3 meses por otro de falsedad en documento oficial. Sánchez es condenado a 6 años de inhabilitación por prevaricación y a 2 años de prisión, multa de 1.350 euros y un año y tres meses de inhabilitación por otro de falsedad. Muñoz es condenada a 5 años de inhabilitación especial. La sentencia no es firme, pues cabe contra ella recurso de casación.



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