Con López Guerra hemos topado: cuatro condenas de Estrasburgo a España en un trimestre

Un día después de que los defensores de la monarquía aplaudiesen la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 3 de Barcelona que obliga al Ayuntamiento gobernado por Ada Colau a colocar una imagen del rey Felipe VI en el salón de plenos -como respuesta a un recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno en Cataluña en noviembre del 2017 ante la retirada del busto del rey Juan Carlos el 23 de julio del 2015-, llega la última condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): España tendrá que indemnizar con un total de 14.400 euros a los dos jóvenes catalanes que quemaron fotos de la familia real durante una manifestación antimonárquica e independentista en 2007.

Incluso para el PP y Ciudadanos este tribunal merece respeto, no es independentista ni bolivariano", ironiza Gabriel Rufián (ERC) con la sentencia del TEDH en la mano

Poco ha durado la alegría a quienes celebran la vuelta de la estampa real al consistorio barcelonés, pero aún menos se ha prolongado la pena en el seno del independentismo. Mientras que el representante de Alerta Solidària, Martí Majoral, señalaba este martes que el colectivo hará llamamientos para que "cada vez que la familia real ose pisar el territorio de los Països Catalans, el pueblo trabajador catalán les responda con piras monárquicas, fotografías del Rey en llamas", el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián celebraba ante el Pleno la decisión de Estrasburgo. "Incluso para el PP y Ciudadanos este tribunal merece respeto, no es independentista ni bolivariano", ha ironizado sentencia en mano.

López Guerra, el español del TEDH

Pero no es el primer 'varapalo' al Estado por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos, donde el leonés Luis López Guerra, vicepresidente del Tribunal Constitucional entre 1986 y 1995 y secretario de Estado de Justicia durante el primer mandato del socialista Rodríguez Zapatero, ejerce sus funciones de magistrado desde 2007. En lo que va de año, Estrasburgo ha condenado hasta en cuatro ocasiones a España, una cifra que resalta ya que durante todo el año anterior las condenas ascendieron a un total de seis.

Hace exactamente un mes, un fallo del TEDH concluyó que el Estado debía indemnizar con 50.000 euros a los dos miembros de ETA que atentaron en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre de 2006, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, por "daños morales" durante su arresto y detención. Si López Guerra ha votado a favor de la condena a España junto a otros seis jueces en el caso de la condena a los dos jóvenes catalanes que quemaron la instantánea de la familia real, en aquella ocasión el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid intervino en el fallo contra España al considerar que los dos terroristas, condenados a 1.040 años de cárcel, sufrieron un trato inhumano y degradante por parte de la Guardia Civil.

350 condenas a Rusia

En enero, dos fueron las condenas que 'atizaron' a España. La primera llegó el día 9, cuando el tribunal determinó que el Estado no había protegido la privacidad de cinco cajeras de un supermercado que fueron despedidas tras ser grabadas por una cámara oculta, cuya existencia desconocían, mientras robaban productos. Por ello, condenó a l país a indemnizar a cada una de las demandantes, residentes en las localidades barcelonesas de Sant Celoni y Sant Pere de Vilamajor, con 4.000 euros por daños morales y entre 500 y 568,86 euros por gastos y costas.

A las autoridades españolas les 'cayeron' seis del total de 1.068 sentencias de la Corte Europea de DDHH en 2017, mientras que a las rusas 350

El segundo tirón de orejas a las autoridades españolas desde Estrasburgo en el primer mes del año fue por no proteger a sus ciudadanos contra los ruidos nocturnos provocados por los bares de copas, terrazas y discotecas. El TEDH falló a favor de un valenciano de 87 años que lleva décadas intentando, sin éxito, que las autoridades de su ciudad hiciesen cumplir las reglamentaciones impuestas por ellas mismas a los locales nocturnos de su barrio. ¿El precio de la indeminización a pagar? 13.000 euros.

Sin embargo, pese a que el número de condenas a España ya suma cuatro en menos de un trimestre, dista mucho del de otros países del continente. Si a las autoridades españolas les cayeron seis reprimendas a lo largo de 2017 del total de 1.068 sentencias, a Rusia le correspondieron 350, seguido de Turquía con 116; Ucrania con 87 y Rumanía con 69.