Política

Cifuentes podría enfrentarse a una condena de hasta 7 años de cárcel

El caso máster llevará a la expresidenta madrileña a comparecer el próximo 26 de junio como investigada por presunto cohecho y falsedad documental ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel

Cristina Cifuentes, en la Asamblea de Madrid
Cristina Cifuentes, en la Asamblea de Madrid Efe

El delito de cohecho pasivo impropio, misma modalidad de cohecho que se dio en el caso de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps, y el de falsedad documental son las dos infracciones penales por las que la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha llamado adeclarar como investigada a la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes el próximo 26 de junio.

Mientras que el primero (Artículo 422 del Código Penal) puede conllevar  una pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años, el segundo (Artículo 390) está penalizado con hasta seis años de cárcel. En suma, podría acumular una pena de cárcel un máximo de siete años.

El cohecho es la infracción penal que se produce contra la Administración pública por parte de un funcionario o particular que solicite dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo.

Este delito viene regulado en el Capítulo V del nuevo Código Penal entre los artículos 419 y 427 bajo el título de 'Delitos contra la Administración Pública'.

Según ha explicado fuentes jurídicas a este diario, el cohecho que se le atribuye a Cifuentes es el mismo que en el caso de los trajes de Camps. En su caso, el expresidente valenciano fue absuelto. Esta infracción conlleva una pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años.

Este delito se basa en el hecho en que una autoridad o funcionario público admite dádiva o presente por el hecho de la función pública que representa. En su caso, el "regalo" fue recibir el título del máster de la universidad, según las mismas fuentes.

En concreto, el artículo establece que "la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años".

El delito de falsedad documental viene recogido en el Capítulo II del Código Penal. El artículo 390 contempla que "será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad".

Especifica que está falsedad se refiere a alterar "un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial" o simular"un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad", entre otros aspectos.



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