Política

Calvo también incomodó al Vaticano por mencionar la pederastia durante su visita

Aprovechó su visita al secretario de Estado en Roma para anunciar en una nota de prensa posterior que el Gobierno legislará para que los abusos a menores serán imprescriptibles

Carmen Calvo con el secretario de Estado, Parolin, este lunes en El Vaticano
Carmen Calvo con el secretario de Estado, Parolin, este lunes en El Vaticano EFE

El Vaticano está irritado con el Gobierno de Pedro Sánchez por la "sobreactuación" de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y del PSOE con ocasión de su visita al secretario de Estado de la Iglesia católica, Pietro Parolin, aseguran fuentes conocedoras de la relación Iglesia/Estado.

No tanto por el encuentro en sí, que fue "cordial", en términos diplomáticos, sino por la interpretación que después trasladó el Ejecutivo socialista; y no solo en lo relativo a la polémica exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y a su posterior inhumación (o no) en una de las cuatro tumbas que tiene su familia en la cripta de la catedral de La Almudena.

Al Vaticano, además, no le ha gustado nada que, en su nota, La Moncloa revelara a posteriori que Calvo le había anunciado a Paroli, cuando todavía no lo había hecho en España, que los delitos de abusos sobre menores serán imprescriptibles, porque eso "vuelve a poner el foco" de la pederastia sobre la Iglesia.

La Iglesia quiere dejar de ser el ' foco' de la pederastia y el anuncio de Calvo tras su visita vuelve a situarle en la polémica

El Papa Francisco ha abogado por máxima transparencia en los casos de abusos a menores, instando a los Estados a legislar la imprescriptibilidad de esos delitos, pero "en términos de imagen", dicen las mismas fuentes, el anuncio de Calvo vuelve a poner al clero en la diana, justo lo que no quiere el Vaticano en estos delicados momentos, con un goteo contínuo de informaciones en el mundo entero y cuando la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha una comisión de análisis del problema.  

El Vaticano desmiente al Gobierno

La Santa Sede, con una diplomacia y un protocolo muy rígidos, no suele valorar a posteriori ninguna visita que no sea de jefe de Estado o presidente del Gobierno. Por eso llama más la atención el gesto inusual del jefe de prensa, Greg Burke, al emitir una nota para "precisar" a Calvo: "En ningún momento" de la entrevista que mantuvo con el secretario de Estado de la Iglesia católica, Parolin se pronunció en contra de que los restos de Franco sean trasladados a la cripta de la catedral de La Almudena.

"Es cierto que la señora Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura en la catedral de la Almudena y su deseo de explorar otras alternativas, también a través del diálogo con la familia", admite Burke, que acaba con un enigmático: "al cardenal secretario de Estado le pareció oportuna esta solución".

El Gobierno quiere que el arzobispo de Madrid ejerza una especie de 'derecho de admisión' en La Almudena y desde la Iglesia se responde que en Derecho Canónico eso no es posible

Es decir, la Iglesia Católica no se considera parte del contencioso de la inhumación de Franco, como insiste el Gobierno en considerarla; la última vez, minutos antes de las "precisiones" vaticanas cuando la vicepresidenta respondía al Arzobispado de Madrid y a la Conferencia Episcopal española que el supuesto acuerdo lo había alcanzado con "su secretario de Estado".

Y es que, si el Gobierno no legisla ad hóminem para impedir que Franco sea inhumado con su mujer, Carmen Polo, su hija y su yerno en la cripta de La Almudena -según algunas fuentes socialistas, eso es lo que está buscando realmente la Conferencia Episcopal-, el Arzobispado de Madrid no va a poder negarse, so pena de abrir una batalla legal de futuro más que incierto porque el Derecho Canónico ampara a la familia.

Para la Iglesia Católica es incómodo alojar en la catedral madrileña a un dictador, se admite en voz baja, pero tanto el Vaticano como arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, "no pueden hacer nada" por más que la vicepresidenta insista en que la catedral de La Almudena no es "privada", instando así al arzobispo a ejercer una especie de derecho de admisión, al que la Iglesia se niega.

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