Política

Cabify inicia acciones legales contra Podemos por daño al "honor" de la compañía

La compañía de VTC pide que el partido y varios de sus dirigentes rectifiquen afirmaciones en las que acusan a la empresa de no tributar en España o incumplir la legislación vigente en materia laboral

La portavoz del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el secretario general del partido, Pablo Iglesias
La portavoz del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y el secretario general del partido, Pablo Iglesias EFE

Cabify, la empresa del sector de vehículos de transporte con conductor (VTC), amenaza con llevar a los tribunales a Podemos y a varios de sus dirigentes por atentar contra "su derecho el honor" y dañar "el prestigio, la imagen y el buen nombre" de la compañía "desde su puesto de cargos públicos" en diversas manifestaciones vertidas a través de redes sociales y medios de comunicación.

Según una demanda de acto de conciliación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la empresa pide que tanto el partido como la portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos, Irene Montero; el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral; el senador de En Comú Podem, Óscar Guardingo; y el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero, acudan al juzgado el próximo viernes 22 de junio y se retracten públicamente de afirmaciones en las que acusan a Cabify de no tributar en España, incumplir la legislación vigente en materia laboral o realizar conductas constitutivas de competencia desleal. 

La compañía incorpora al escrito diversos mensajes de la cuenta oficial del partido en la red social Twitter así como de sus dirigentes. "El sector del taxi se moviliza hoy contra la competencia desleal de Uber y Cabify, empresas que no tributan en España", es uno de los que refleja la demanda. Según señala, el tuit está acompañado de un vídeo con Mayoral y Guardingo donde estos utilizan "expresiones dañinas" para la imagen de la compañía. Sobre otro tuit de Mayoral, el texto denuncia que acusa a Cabify de "implantar un modelo de negocio extractivo basado en el trabajo desrregularizado, precario y sin derechos". 

También hace referencia a un artículo de Monedero en el diario Público del 31 de mayo de 2017. En él, el cofundador del partido lanza afirmaciones como que "Uber y Cabify buscan en España esclavos con los que hacer quebrar el taxi" o que estas empresas "se las arreglan para sortear los impuestos, las obligaciones sindicales, los seguros, las condiciones laborales". La compañía lamenta que el daño provocado por este tipo de acusaciones "ha sido extraordinario" ya que proviene "de una fuerza política y unos dirigentes "especialmente mediáticos". "La repercusión ha sido aún mayor debido al eco que se hicieron de ella el resto de medios, entre otros, periódicos líderes de nuestro país". Diarios como "Expansión, eldiario.es o vozpópuli.com, recogen las acusaciones vertidas por los codemandados", reza el texto.

Fuentes de Podemos consultadas por este diario recuerdan que "hace justo dos años" se reunieron con Cabify para trasladar a la empresa su "malestar por las 'sospechas' de explotación de sus trabajadores y conocer su versión en torno a su sistema de tributación fiscal". E insisten en que "colectivos de representantes de taxistas y actores como el sindicato CCOO han denunciado públicamente en varias ocasiones prácticas de 'elusión fiscal', 'competencia desleal' y fomento de la 'precariedad laboral' de empresas como Cabify y otras del sector como Uber". Ahora "nos quieren poner mordazas por apoyar la huelga de los taxistas y defender los derechos de la gente trabajadora", rematan. "Si una multinacional cree que con una denuncia va a silenciarnos se ha equivocado de persona, de país y de siglo", traslada Monedero.

Los "intentos de acercamiento" con los demandados a lo largo de este último año han sido "infructuosos"

Asimismo, la demanda de la empresa manifiesta que los "intentos de acercamiento" con los demandados a lo largo de este último año han sido "infructuosos". "El objeto de dichos contactos no ha sido otro que obtener la pertinente rectificación de las acusaciones realizadas y hacer saber a sus autores la falsedad de las mismas", reza el texto. "Tal conducta de los demandados ha sido, por añadidura, temeraria, al no contar con la menor prueba de lo que han venido afirmando públicamente", alega. Ya en 2017 la empresa intentó que Podemos borrara dichos mensajes de su cuenta en Twitter, como recogió Vozpópuli.

En definitiva, Cabify reclama ahora "la rectificación pública por parte de los demandados de sus afirmaciones y el reconocimiento de que no es cierto que MAXI MOBILITY SPAIN, S.L., (I) no tribute en España, (II) incumpla la legislación vigente en materia laboral, ni (III) realice conductas constitutivas de competencia desleal, debiendo darse a dichas rectificaciones y reconocimientos la misma difusión que la utilizada en su día (...)", remata el escrito. En sucesivos comunicados, Cabify ha asegurado que en España opera a través de la firma antes citada, con la que cumple con todos los requisitos fiscales pertinentes, pagando el 100% de los impuestos correspondientes en nuestro país, a través de la facturación del 100% de los trayectos (no solo la comisión por cada servicio). 

"Visto que de forma extrajudicial la parte demandada ha hecho caso omiso de los requerimientos de esta parte, nos vemos en la obligación de acudir al auxilio judicial, si bien en consonancia con la buena fe manifestada por Cabify desde un principio, y a fin de evitar un futuro procedimiento judicial por infracción del derecho al honor (que por supuesto se instará caso de no avenirse los demandados a lo aquí solicitado), hemos considerado oportuno iniciar la presente conciliación, a fin de agotar las posibles vías de solución de este conflicto", dice el texto. 

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