Política

El separatismo cambia a última hora las reglas del Pleno para no depender de la CUP

El separatismo se salta a última hora el reglamento y decidirá por mayoría simple si los diputados suspendidos por Llarena pueden ceder sus derechos. Cs asegura que es ilegal  

Imagen del plano en el Parlament de este miércoles
Imagen del plano en el Parlament de este miércoles EFE

El Parlament reabre sus puertas con una votación que puede provocar un adelanto electoral en Cataluña. Después de una noche de violentos incidentes provocados por separatistas radicales, la Cámara celebra este martes un pleno en el que se decide si los seis diputados -huidos o encarcelados- que fueron suspendidos por el juez Pablo Llarena pueden ceder sus derechos a otros compañeros. Ciudadanos asegura que esa votación es ilegal y ha advertido que se querellará contra los miembros separatistas de la Mesa y el letrado.

Sin embargo, las posibilidades de que JxCat y ERC pierdan la votación se han reducido a la mínima expresión después de un cambio de criterio de los letrados del Parlament a última hora. Todo el procedimiento de la suspensión se había tramitado por el artículo 25 Causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios, que exige mayoría absoluta sobre cualquier decisión del pleno. En este caso, los dos partidos mayoritarios necesitaban el apoyo de la CUP y los Comunes para sacar adelante la iniciativa, que es imprescindible para que el separatismo mantenga su mayoría. Con el cambio de interpretación, una mayoría simple de ERC y JxCat es suficiente.

La derrota con mayoría simple es ahora mucho más difícil, pero tampoco es descartable por el malestar de la CUP con el Govern de Quim Torra tras las cargas policiales y los altercados en el primer aniversario del 1-O. Si el separatismo pierde la votación, precipitaría nuevas elecciones en Cataluña. El terremoto comprometería la negociación presupuestaria del presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, y podría forzar también generales a corto plazo.

No perder la mayoría

El futuro de la legislatura catalana se juega en un debate crucial en el Parlament. Llarena ordenó en julio la suspensión de sus funciones como diputados del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont -huido a Bélgica-; y los encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Rull, Josep Turull y Jordi Sànchez. Toni Comín, también en Bélgica, todavía no está suspendido pero tampoco podrá participar en la votación. Los siete no están cobrando su sueldo.  

Las dos fuerzas mayoritarias del independentismo acordaron esta fórmula después de meses de diálogo y numerosos desencuentros. Su argumento es que Llarena no puede suspender a nadie. Y se agarran a que el juez dejó la puerta abierta a que los diputados fueran sustituidos de forma temporal hasta que se solucionara el proceso judicial. La propuesta que llevan a pleno es que los diputados deleguen sus funciones en otros compañeros. El objetivos es doble. Por un lado, esquivar al Supremo. Por otro, salvaguardar los 66 escaños que suman ERC y JxCat. La mayoría absoluta son 68.

Los siete huidos o en prisión, incluido Comín, no votarán este martes. Es decir, JxCat y Esquerra parten con 59 escaños. La propuesta original, según estipularon los letrados, requería obligatoriamente el apoyo de la mayoría absoluta del Parlament. Es decir, el separatismo necesitaba a los 12 diputados de la CUP y los Comunes (4+8). Ni la CUP ni los Comunes en solitario le bastan. Ciudadanos, PSC y PP votarán en contra. Sin embargo, los letrados cambiaron de parecer en el último momento y ahora piden una mayoría simple. Sólo el voto en contra tanto de la CUP como de los Comunes supondría una derrota.

Es cierto que la formación antisistema y también el partido de Ada Colau respaldaron el dictamen que ahora se eleva al pleno. Pero los acontecimientos de los últimos días y especialmente los sucesos del lunes por la noche han tensado la relación de la Generalitat con la CUP. Las cargas de los Mossos contra manifestantes de los CDR (Comités de Defensa de la República) que trataron de boicotear la manifestación del sindicato policial Jusapol en Barcelona y el asalto al Parlament del lunes, reprimido por una contundente actuación de los Mossos, han comprometido seriamente el apoyo de la CUP a esta medida.

No se puede votar si se cumple una resolución de un juez o no. Eso no se vota en un estado de Derecho", dicen fuentes de Ciudadanos

Los CDR han pedido públicamente la dimisión de Torra. Y la CUP, en un comunicado, ha dicho que la "victoria" del referéndum el año pasado "se ha visto frustrada desde las propias instituciones que la debían materializar". Fuentes del Parlament consultadas por Vozpópuli sugieren que una derrota del separatismo en la votación forzaría nuevas elecciones catalanas.

"Sin mayoría y dependiendo siempre de la CUP o los Comunes sería imposible gobernar y seguramente iríamos a las urnas", dicen estas fuentes. Las consecuencias alcanzarían la política nacional. Sánchez necesita al separatismo para intentar aprobar nuevos Presupuestos. Sin ellos, lo más probable es que el Gobierno socialista también se viera abocado a poner fin a la legislatura y convocar elecciones.

Cs anuncia querellas

Ciudadanos, grupo mayoritario del Parlament, ha anunciado que presentará batalla legal ante lo que considera una "desobediencia" de la Mesa. El partido naranja asegura que no se puede votar sobre la cesión de las funciones de los seis diputados, porque un juez ya ha suspendido esas funciones.

"No se puede votar si se cumple una resolución de un juez o no. Eso no se vota en un estado de Derecho", dicen fuentes de Ciudadanos en Cataluña.

La formación que lidera Inés Arrimadas ha anunciado que se querellará contra los miembros separatistas de la Mesa y contra el letrado Joan Ridao, por haber avalado un dictamen -a su juicio- contrario a la ley. La querella se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.  



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