País Vasco

El oportuno favor judicial al PNV: la sentencia sobre su corrupción se retrasa hasta después del 10-N

El presidente del PNV Andoni Ortuzar.
El presidente del PNV Andoni Ortuzar. EFE

Será eso que llaman la suerte del ganador. Porque el Partido Nacionalista Vasco (PNV) es afortunado. Estaba previsto que la sentencia sobre el caso de Miguel, su mayor caso de corrupción (presunta, por ahora), se hiciera pública entre septiembre y octubre. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Álava ya ha confirmado que el fallo judicial se conocerá tras las elecciones generales del 10-N y presumiblemente antes de Navidad. 

La expectación por la sentencia de esta suerte de Gürtel del PNV era y es enorme en los ámbitos políticos, judiciales y económicos de Euskadi. Pero la presidenta de la citada instancia judicial, Mercedes Guerrero, confirmaba lo que ya era un secreto a voces en los mentideros del País Vasco. La resolución judicial será pública a finales de año y no afectará al 10-N. Según su versión de los hechos, la redacción de la sentencia "está siendo muy complicada". "No ha podido ser en octubre y no va a poder ser; creo que va a ser a finales de otoño, quiero pensar que será antes de Navidad". 

Visto para sentencia en 2018 

La coordenadas temporales que expuso Guerrero son simple y llanamente perfectas para el PNV. La resolución judicial era una amenaza para la campaña electoral peneuvista. Porque una presumible condena por corrupción en los días previos a votar puede erosionar incluso a un partido tan hegemónico. Y el impacto del fallo afectaría sobre todo donde supuestamente se perpetró el escándalo, en Álava, que es la provincia donde los peneuvistas han conquistado el poder frente a la tradicional primacía de los partidos constitucionalistas. 

La decisión de posponer la publicación de la sentencia puede ser casual, pero también es más que oportuna para los intereses peneuvistas

La demora en la redacción del fallo es cuanto menos llamativa por dos hechos. En primer lugar, el caso quedó visto para sentencia en diciembre de 2018. Es decir, los tres magistrados que tienen que decidir -Elena Cabero, Jaime Tapia y Raúl Aztiria- llevan ya diez meses sin terminar el trabajo. En segundo lugar, resulta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reforzó la sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Álava con la designación de otra jueza de apoyo precisamente para hacer frente a este caso

Nadie en el País Vasco se atreve si quiera a sugerir que esta decisión judicial haya sido orquestada por el todopoderoso PNV. La propia presidenta de la Audiencia Provincial de Álava aseguró, taxativa, que "los jueces no nos movemos por el calendario político"

Perfecto para el calendario de Urkullu

La decisión de posponer la publicación de la sentencia puede ser casual, pero también es más que oportuna para los intereses peneuvistas. El retraso del fallo no solo ayuda al PNV porque no afectará de lleno a la campaña del 10-N, sino que además beneficia el calendario del Gobierno presidido por Íñigo Urkullu para las elecciones autonómicas. 

La cita con las urnas en el País Vasco debería celebrarse en otoño de 2020. Desde hace tiempo fuentes de varios partidos dan prácticamente por hecho que el lehendakari tendría la intención, nunca reconocida, de adelantarlas a la primavera. Si la sentencia del caso de Miguel fuera condenatoria y, por tanto, debilitase al PNV, Urkullu tendría tiempo para que amaine el temporal. Y si, contra lo que parece, la resolución fuera absolutoria, la opción del adelanto electoral ganaría enteros.     

El caso de Miguel, a fondo 

El caso de Miguel es tan conocido en Euskadi como desconocido en el resto de España. Ya hay hasta varios libros publicados, como El Padrino: anatomía del caso de Miguel, del periodista Iker Rioja. Lo que juzgó y aún no ha sentenciado la Audiencia Provincial de Álava es una trama corrupta que habría liderado Alfredo de Miguel, número dos del PNV alavés durante años y ahora ya fuera del partido. 

Presuntamente De Miguel habría creado una red corrupta dedicada a cobrar comisiones y a obtener contratos públicos de forma ilegal. El epicentro de la trama sería la empresa Kataia Consulting, creada ad hoc por De Miguel y junto a otros dos dirigentes del PNV igualmente encausados, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. Los tres pusieron la compañía al nombre de sus respectivas esposas.

Entre las tropelías juzgadas hay ejemplos tan poco edificantes como el pago y cobro de comisiones -algunos de ellos reconocidos-, contratos irregulares concedidos por el Gobierno vasco a empresas de los miembros de la trama, el pago del acusado principal de 34.000 euros a su suegra por cuidar de los nietos o la gratuidad en las obras de una vivienda del propio De Miguel. Pura corrupción urbanística

Hay 26 acusados y por la vista oral pasaron 113 testigos. Las penas solicitadas por la Fiscalía oscilan entre los 29 años pedidos para el propio De Miguel y sus dos socios y las condenas casi simbólicas para otros intervinientes en esta especie de Gürtel del PNV. 

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