País Vasco

El inagotable embrollo jurídico de la ley vasca de abusos policiales

El Parlamento vasco aprobará este jueves una reforma de la polémica normativa que Rajoy recurrió en el Constitucional, que Sánchez respaldó y que enfurece a asociaciones policiales y a víctimas de ETA

Jonan Fernández, secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco.
Jonan Fernández, secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco. EFE

La ley de abusos policiales del País Vasco sigue generando controversia. Este jueves el Parlamento vasco aprobará, con los votos de PNV y PSOE, una reforma de esta normativa que tiene como objetivo soslayar los inconvenientes legales surgidos tras la aprobación de la norma originaria en 2016. Después, el PP, varias asociaciones policiales y colectivos de víctimas volverán a llevar este texto a los tribunales. Y vuelta a empezar. 

La Ley 12/2016 de 28 de julio de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999 ha generado una enorme polémica desde su creación. Y parece que la tónica no va a cambiar pese a lo que ocurra este jueves en la Cámara de Vitoria. 

Rajoy recurre y Sánchez quita el recurso

El embrollo es largo. Primero el Gobierno vasco aprobó este proyecto de ley que luego se refrendó en el Parlamento de Vitoria con los votos de PNV y PSOE. Después, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió varios artículos de la ley ante el Tribunal Constitucional. Entre otras cosas, el Ejecutivo argumentaba que la comisión de valoración que crea la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de abusos policiales, no puede entrar a valorar casos de este tipo porque es una labor que compete a los jueces.

Una vez ganada la moción de censura que tumbó a Rajoy y le aupó como presidente de Gobierno, Pedro Sánchez retiró el recurso gubernamental ante el TC. A ello se había comprometido con el PNV, que votó a favor de la moción y, de hecho, desniveló la balanza en el Congreso de los Diputados. Eso sí, el Ejecutivo de Sánchez exigía que la ley debía matizarse, sobre todo en lo referente a esa suerte de 'comisión de la verdad' que decidiría quiénes eran víctimas y que identificaría a los culpables. Con la nueva reforma, dicha comisión de expertos queda en un papel más secundario.   

En paralelo al camino en el Parlamento y a la pelea en el TC, la batalla judicial también llegó a los tribunales vascos, en concreto al Tribunal Superior de Justicia. No en vano, diferentes sindicatos policiales liderados por el SUP, asociaciones de guardias civiles encabezadas por la AUGC y varias asociaciones de víctimas como Covite o Dignidad y Justicia están en contra de la polémica ley. Y prometen seguir tratando de impedir que salga adelante. 

Segunda votación en el Parlamento vasco

En el marco de sus acuerdos tanto en el Ejecutivo vasco como en el Congreso, PNV y PSOE han promovido una reforma de la ley que cambia los preceptos más polémicos. Esta reforma se vota definitivamente este jueves en el Parlamento vasco. Todo hace indicar que saldrá adelante, con los votos de 'peneuvistas' y socialistas, amén de la abstención de Bildu y Podemos y frente a los escaños del PP, única formación que votará en contra. 

No es la primera votación sobre la ley de abusos policiales en las últimas semanas. Porque el pasado 15 de marzo el asunto ya se votó en la Comisión de Derechos Humanos. Un error de Podemos provocó otro sobresalto en la tramitación de esta accidentada y controvertida norma. En concreto, los diputados 'morados' votaron por error en contra del precepto clave que se reforma para sortear el principal problema legal. 

El artículo clave

El artículo en cuestión establece (y establecía en el texto original) que las personas que quieran acogerse como víctimas podrán acreditar que lo son "mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos o subsidiariamente, en su defecto, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo".

A esto se añade, con la reforma, que "la acreditación a que se refiere el presente apartado no podrá desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal". Esto quiere decir, en román paladino, que nadie podrá acreditar que es víctima de los GAL o de torturas por encima de lo que hayan dicho los jueces. El cambio es clave porque el Ejecutivo de Rajoy recurrió ante el TC precisamente porque la norma entraba en competencias exclusivamente judiciales.  

Una vez aprobada la reforma legal este jueves, empezará un plazo de tres meses donde se puede recurrir, antes de que entre en vigor. Y los recursos, como ya se ha dicho, están asegurados. La prueba evidente de que el relato sobre lo ocurrido en el País Vasco en las últimas décadas sigue siendo una fuente inagotable de discusión. 

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