País Vasco

Las cesiones de Sánchez e Iglesias al PNV: Estatuto, más competencias y menos cupo

En el Gobierno vasco consideran que el nuevo Ejecutivo posibilitará impulsar el autogobierno del País Vasco más que nunca desde 1978. Los partidos gobernantes pueden ser futuros socios de Urkullu

Aitor Esteban felicita a Pedro Sánchez en el Congreso.
Aitor Esteban felicita a Pedro Sánchez en el Congreso. EFE

El tercer partido con más motivos para la felicidad tras la investidura de Pedro Sánchez es el PNV. El PSOE y Podemos ocuparán el poder, pero los peneuvistas van a arrancar unas cuantas cesiones al primer Ejecutivo de coalición desde la Segunda República. Si se cumple lo pactado y teniendo en cuenta el calendario político, la formación comandada por Andoni Ortuzar logrará más competencias para Euskadi, una negociación favorable sobre el famoso cupo y, por encima de todo, un nuevo Estatuto de autonomía

Este martes, tras consumarse la investidura, el lehendakari, Íñigo Urkullu, no escondía su alborozo y afirmaba en las redes sociales que con el nuevo Gobierno "se abre una oportunidad para avanzar desde el diálogo y el pacto en el nuevo estatus de autogobierno para el futuro de Euskadi, según lo que acuerde el Parlamento Vasco". 

Las palabras de Urkullu no son casuales ni son baladí. Si el nuevo Gobierno cumple los compromisos suscritos con el PNV, el País Vasco llegará a sus mayores cotas de autonomía desde 1978

El Estatuto, principal objetivo de Urkullu 

Tal y como viene contando este diario hace meses, la reforma del Estatuto de Gernika no saldrá adelante en la actual legislatura vasca, que expira en este 2020 recién iniciado. La aprobación de un nuevo Estatuto es el principal plan de Urkullu para la legislatura venidera. Y nada mejor que el clima de entendimiento en el Congreso, donde PSOE y Podemos necesitan los votos peneuvistas, para abonar el terreno a dicha reforma. 

Por ahora, el traído y llevado "derecho a decidir" enfrenta a los socios. La esperanza del PNV es que, en el marco de la "mesa de partidos" que abordará el "conflicto catalán", los socialistas accedan al "derecho a decidir pactado con el Estado" que proponen los peneuvistas y que aceptan de buen grado en Podemos. Ese y no otro será el caballo de batalla en el seno de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco, que es el lugar donde los partidos negocian un texto tras las aportaciones de los expertos jurídicos.

El pacto alcanzado entre PSOE y PNV para la investidura es muy amplio. Hay elementos más simbólicos, pero entre bastidores unos y otros admiten que el nudo gordiano está en la reforma del Estatuto de Gernika. Urkullu quiere un "acuerdo transversal" con PSOE y Podemos. Y las circunstancias políticas, con los podemistas apoyando las cuentas del Gobierno vasco de peneuvistas y socialistas y con el acuerdo entre los tres partidos en el Congreso, empujan en la dirección de un acuerdo a tres bandas tanto para el Estatuto como para el posible Ejecutivo autonómico que salga de las urnas. 

De competencias y de cupo  

Eso sí, la reforma estatutaria se antoja como el final del camino de cesiones gubernamentales. Antes, están la trasferencia de las competencias pendientes y la negociación siempre ardua del cupo vasco. Aspectos irrenunciables para el PNV y que el Gobierno de PSOE y Podemos tiene previsto facilitar

En el famoso pacto de investidura se deja claro que lo primero será cumplir con el calendario de 36 transferencias pendientes que Sánchez ya acordó con el PNV tiempo atrás. Son competencias recogidas en el Estatuto de Gernika de 1979 pero que todavía no se han materializado. El acuerdo sobre ellas será la primera cesión gubernamental o, visto de otro modo, la primera piedra para construir un entendimiento a largo plazo. 

Y la otra gran cesión que espera el Gobierno vasco en esta nueva etapa política está, como no podía ser menos, en el blindaje del Concierto Económico y, por ende, en el famoso cupo vasco. La negociación sobre esto último, siempre tan ardua y tan problemática para ambas partes, parece más sencilla ahora, con un Ejecutivo necesitado de los votos jeltzales.

En 2017, los gobiernos central y vasco, de PP y PNV, respectivamente, acordaron la ley que establece los criterios para calcular el cupo vasco en el quinquenio 2017-2021. Dicha ley no parece amenazada, ni mucho menos, por el nuevo Gobierno, que la hará cumplir sin reparo alguno. Cuando se aprobó, el Ejecutivo de Urkullu presumía de que habría "paz fiscal" entre el Estado y la comunidad al menos hasta 2021.

La citada fecha ya indica que el nuevo Gobierno de PSOE y Podemos y el futuro Gobierno autonómico, presumiblemente liderado por el PNV, tendrán que sentarse a negociar el cálculo del cupo para el siguiente quinquenio. Y en este asunto, Urkullu solo aceptará una cesión de Sánchez e Iglesias. O el entendimiento actual se esfumará.  

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