Hace unos días, Vox exigió al PP su voto favorable a la propuesta de reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid de los 136 actuales a 69 para dar sus votos a los populares en la conformación de la Mesa del Parlamento regional. Aunque no fue una de las propuestas centrales en las que el partido de Abascal basó su campaña, tampoco es una idea nueva. Un mes antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid adelantase las elecciones, Vox registró una propuesta para, entre otras cosas, reducir el número de diputados, aunque en esa ocasión con un ligero cambio: una disminución de 132 a 90 diputados, y por lo tanto, una ratio de 1:75.000. Sin embargo, la propuesta actual (69) la aumentaría a casi 1:100.000. Aunque en España existe bastante diversidad, la mayoría de las Comunidades tienen ratios superiores a 1:50.000, la que actualmente presenta la Comunidad de Madrid. Solo Castilla-La Mancha y Andalucía tienen ratios muy inferiores a 1:50.000, 1:62.000 y 1:78.000 respectivamente, pero ninguna se acerca al 1:100.000 que supondría la medida de Vox.

Las motivaciones que parecen llevar a Vox a poner este tema encima de la mesa pueden ser nobles: reducir la carga presupuestaria que implica el gasto político para dedicarla a partidas que “benefician” más directamente a los ciudadanos (educación, sanidad, etc.). Sin embargo, esta propuesta se suma a la larga lista de simbolismo propia de los populismos contemporáneos de todo signo. Cuando las posibilidades de gobernar e incluso de que tus medidas sean aprobadas son bajas, los partidos tienen más incentivos para proponer cosas que suenan muy bien, que conectan con su electorado potencial, pero que tienen poco recorrido. Bien porque son competencia de otras administraciones (como en el caso de los centros de menores no acompañados durante la campaña madrileña), bien porque no tienen la mayoría suficiente para ser aprobadas (como en este caso), o porque generan efectos no esperados.

La Asamblea de Madrid es uno de los parlamentos autonómicos más proporcionales de España, es bastante más proporcional que el Congreso y el Senado

El caso que nos atañe necesita una modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, que requiere un apoyo de ⅔ de los escaños que componen la asamblea actual. Mayoría que, como es evidente, ni PP ni Vox alcanzan. Y si bien el lector podría pensar que esto es solo una excusa, puesto que si existe voluntad las mayorías pueden conseguirse, lo problemático es la ausencia de honestidad y transparencia que existe en estos casos para con el electorado. Los populistas suelen apelar a motivaciones nobles, hacen propuestas atractivas y “fáciles” pero nunca hablan de los costes. En este sentido hay diversas cuestiones que deberían analizarse: el efecto en la proporcionalidad, el rol de los diputados en una democracia representativa, el ahorro presupuestario y la comparación con otros parlamentos regionales.

Ante una propuesta de este estilo, lo más lógico -y aunque suene a defecto de formación- es preguntarse por los efectos que esta medida puede tener en la proporcionalidad de la Asamblea madrileña. Recordemos que en la actualidad, la distribución entre porcentaje de voto y escaños es la siguiente: el Partido Popular, con el 44’73% de los votos tiene 65 escaños (a 4 de la mayoría absoluta); Más Madrid y el PSOE, con el 16’97% y el 16’85% respectivamente, empatan a 24 escaños; Vox con el 9’13% tiene 13 escaños y, finalmente, Unidas Podemos, con el 7’21% tiene 10. Si redujéramos el número de escaños a 69, tal y como propone Vox, el PP se quedaría con 34 escaños (a sólo 1 de la mayoría absoluta), Más Madrid y el PSOE con 12 cada uno, Vox con 6 y Unidas Podemos con 5. Y, efectivamente, lejos de lo que podría parecer a primera vista, estos cambios no resultan nada alarmantes. Esto es así porque la Asamblea de Madrid es uno de los parlamentos autonómicos más proporcionales de España, es bastante más proporcional que el Congreso y el Senado, además. Esto es, que el porcentaje de votos se corresponde con un porcentaje similar de escaños. Esta proporcionalidad viene dada por la magnitud de la circunscripción: la ley electoral de la Comunidad de Madrid establece una única circunscripción (como sucede en el resto de España en las elecciones europeas), lo cual implica que muchos más partidos puedan obtener representación. Esto es así con una salvedad, la de los partidos pequeños, que se ven penalizados por la barrera legal del 5% que impide obtener representación a aquellos que no llegan a dicho umbral (como le sucedió a Ciudadanos en las elecciones del pasado 4 de mayo). Sin embargo, no tenemos claro que una medida fuese tan inocua en otros parlamentos.

Los representantes son las únicas personas a través de las cuales los ciudadanos pueden incidir en las decisiones que se toman en los diferentes parlamentos

Una vez salvado este primer escollo, hay todavía tres cuestiones que debemos plantearnos. La primera es que en una democracia representativa como la española, los representantes son las únicas personas a través de las cuales los ciudadanos pueden incidir en las decisiones que se toman en los diferentes parlamentos. Su función no es única y exclusivamente la de asistir a los plenos y votar, tampoco es esta la única y principal función de los parlamentos. En todos estos existen comisiones, donde se realiza la mayor parte del trabajo, probablemente la menos agradecida, pero la que más frutos da. Por lo pronto, la legislatura iniciada en 2019 tenía nada más y nada menos que 20 comisiones permanentes. Esto teniendo en cuenta la importancia de la Comunidad de Madrid, no sólo por albergar la capitalidad de España, por ser una de las Comunidades más pobladas, y por ser la primera economía del Estado, puede resultar abrumador y tedioso para los partidos con pocos diputados. Esto es algo que ya vemos en el Congreso de los Diputados, por ejemplo.

Después de abordar la cuestión de la proporcionalidad y una vez entendido que el trabajo de los diputados es mucho más amplio de lo que se cree, hay una última cosa que debemos analizar: la cuestión presupuestaria. Y es que, como parece extraerse de los argumentos proporcionados por Vox, puede suponer una rebaja sustancial en el presupuesto anual de la Comunidad que podría invertirse en otras partidas más importantes para los ciudadanos. Sin embargo, cuando nos fijamos en los datos esto no está tan claro. Mientras que el presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2019 fue de 20.071,7 millones de euros (20.071.700.000), solo 32.127.600 euros son destinados a los gastos de la Asamblea de Madrid, de los cuales, es verdad, la mayoría son gastos de personal -aunque no únicamente diputados-. Pero que, en realidad, solo suponen el 0’16% del presupuesto total. Y que, con la disminución del número de diputados, únicamente supondría una disminución de la parte proporcional de ese 0’16%. Como se diría coloquialmente: el chocolate del loro.

Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿una vez sopesadas todas estas cuestiones, es realmente útil aprobar esa disminución?