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Jesús Cacho

Opinión

La violencia de los CDR y el poder “contemplativo” de Rajoy

Un manifestante con estelada se enfrenta a un mosso d'esquadra
Un manifestante con estelada se enfrenta a un mosso d'esquadra efe

Sostenía ayer un oyente de “Es la Mañana de Federico”, el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio, que la división de poderes existente en la democracia española actual contempla un escenario tal que así: un poder legislativo, un poder judicial y, finalmente, un poder “contemplativo”, que podría ser calificado también de poder “pasmao”, es decir, de poder ejecutivo que no ejecuta, no funciona, no se ejerce de acuerdo con las obligaciones inherentes al cargo, en este caso la presidencia del Gobierno. Todo un hallazgo semántico. Se refería el oyente al espectáculo que desde hace un par de semanas enseñorea las grandes vías de comunicación catalanas por culpa de unos denominados CDR que bloquean la circulación, levantan las barreras de pago de los peajes y, lo que es peor, empiezan a jugar con fuego colocando artefactos explosivos caseros al pie de algunos negocios poco amigos de la Ítaca independentista, ello mientras Mariano Rajoy se dedica a esa vida contemplativa o pasmada que consiste en mirar hacia otro lado, como si con él no fuera la cosa. Mala pinta tiene el muerto.

Escribió Max Weber en “La política como vocación” que el “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima” (das Monopol legitimen physischen Zwanges), de donde se colige que el derecho al ejercicio de esa violencia por parte de grupos humanos alternativos o simples individuos está condicionado a la autorización expresa del Estado. Para el economista y sociólogo alemán, el Estado es pues la única fuente del “derecho” a la violencia. Que en pleno siglo XXI, grupos de jóvenes independentistas y antisistema, en “saltos” típicos de comando, campen a sus anchas por los espacios públicos de Cataluña restringiendo gravemente la libertad de movimientos de los ciudadanos, sin que Policía y/o Mossos hagan nada por mantener el orden, parece indicar que el Estado ha desaparecido de esa Comunidad, una posibilidad que sabemos cierta desde hace muchos años, al menos desde 2012. Hace tiempo, en efecto, que el Estado se ausentó de Cataluña. Que en Cataluña no hay Estado. Territorio sin Ley. Una situación que desacredita a ese Estado y, de paso, daña gravemente a la democracia española. Ello ante el poder “contemplativo” o “pasmao” del gran Mariano.

Escribía días atrás Miquel Giménez en este diario que “En Cataluña ya estamos en guerra civil”, porque “guerra civil es cuando un miembro de los Mossos es descubierto por sus propios compañeros participando en el asedio a la Delegación del Gobierno”. Añadía nuestro celebrado articulista que “es evidente que a día de hoy existen dos bandos en Cataluña y que unos están dispuestos a emplear todos los métodos para salirse con la suya. El interrogante es saber qué van a hacer los otros para defenderse”. No me atrevería a calificar la situación en términos tan dramáticos, y es posible incluso que estemos obligados a hacer un calculado ejercicio de prudencia para no encrespar más los ánimos, pero es evidente que la actuación descontrolada de estos comandos contiene el germen de algo mucho más peligroso, más dañino, más letal, algo que podría quedar fuera de control en un breve plazo, haciendo ingobernable la situación si no se toman las medidas adecuadas mediante el ejercicio de esa “violencia física legítima” que compete a todo Estado democrático y de Derecho que se precie.

¿Qué van a hacer los otros para defenderse?, se preguntaba Giménez. Los “otros” somos nosotros, esa mayoría de catalanes no independentistas y el resto de españoles dispuestos a defender algo tan natural como la unidad de España, y a fe que las sensaciones no son nada buenas. Hemos visto en directo a radicales levantando durante horas las barreras de peaje de una autopista sin que los Mossos se dignaran intervenir para restablecer el orden, permitiéndoles de facto llevar a cabo su sabotaje, y sin realizar, además, ninguna detención, hasta el punto de que alguien podría llegar a pensar que asistimos a una acción de comando consentida por la autoridad, con la intención de calentar las cosas hasta llegar al punto de ebullición. O de explosión. Como es sabido que los Mossos, en virtud del artículo 155, dependen ahora directamente del titular de Interior, Juan IgnacioZoido, la conclusión no puede ser más alarmante: o el señor Zoido, brioso cantante de “El novio de la muerte” en malagueña procesión, y con él el presidente del Gobierno, están enfrascados en una operación consistente en alimentar el desorden cuyo objetivo final desconocemos, aunque podríamos imaginarlo, o simplemente ambos han renunciado a aplicar la ley convirtiéndose en reos de un delito.

Albert Rivera: “Comandos separatistas violentos”

Albert Rivera ha lanzado la voz de alarma: “Los comandos separatistas violentos (sic) están acosando y amenazando a servidores públicos y a sus familias y generando caos en las calles y carreteras catalanas. Le pedimos al Gobierno que garantice la seguridad y la movilidad en Cataluña”. Más alto se puede decir, pero no más claro. Y el Gobierno calla. Es inaceptable que a día de hoy no haya salido el ministro Zoido a dar cumplidas explicaciones sobre el comportamiento de los Mossos (o tal vez sencillamente para anunciar su disolución), y desde luego lo es también que el presidente Rajoy no se haya dignado explicar qué está ocurriendo con el orden público en Cataluña y cómo va a garantizar que el día en que Alemania decida conceder la extradición de ese bulto sospechoso que es Puigdemont no arderán las calles de Barcelona y otras ciudades catalanas, exigencia de explicaciones que es imperativa en el caso de la vicepresidenta Soraya, la teórica virreina catalana encargada de arreglar ella solita tan gigantesco embrollo, que, como es sabido, sigue escondida en las zahúrdas de Moncloa sin enseñar la patita, mientras permite que el académico Cebrián le haga el trabajo sucio de demolición de la presidencia de Mariano, en la esperanza de heredar silla gestatoria.

Hay quien sostiene que los CDR no están movidos por un plan director, no cuentan con mando único, no hay una mano que mueve la cuna, y que gozan de autonomía a la hora de tomar la iniciativa y planificar sus acciones, por lo que todo depende del metal del que estén hechos los supuestos líderes de cada uno de esos CDR. No es creíble. La existencia de un plan premeditado detrás es demasiado evidente. Conviene recordar a estos efectos la entrevista que Elisenda Paluzie, nueva presidenta de la ANC, concedió días atrás al diario Ara, donde aseguraba que el mantenimiento de la situación de desgobierno y de bloqueo institucional “nos favorece a nosotros y perjudica al Estado”. El objetivo, ciertamente no compartido por todos los sectores del independentismo, es ir a nuevas elecciones autonómicas en la esperanza de aumentar la cosecha de votos a cuenta del malestar provocado por las decisiones de la Justicia encarcelando a los líderes del Movimiento. Es la teoría de la confrontación por la confrontación.

¿Cómo piensa Rajoy hacer frente a este reto? Rajoy ni siente ni padece. El pandemónium catalán está poniendo en evidencia lo ya sabido: que este es un Gobierno que no gobierna, que ha perdido el control de la situación en Cataluña, que es incapaz no ya de adelantar alguna idea tendente a solucionar el conflicto sino ni siquiera de aplicar la ley. Todo se reduce a dejar el trabajo sucio en manos de los jueces. Eso por un lado. Y, por otro, que se trata de un Gobierno que, en caída libre, en el pozo de un enorme desprestigio, dedica las pocas energías que le quedan en acuchillarse con saña entre miembros y banderías, en descarnada lucha por el poder. El fantasma de UCD revisitado. Solo que en aquella UCD, en algunos casos, se mataba por los principios, mientras que en este PP se asesina por la poltrona. Aquí y ahora, en el PP se navajea por los restos de un naufragio que puede llevar al partido de la derecha a la disolución. Porque caben pocas dudas de que el PP y Mariano terminarán pagando en las urnas su dolosa dejación de funciones y su renuncia a cumplir con su deber en orden a la defensa de la unidad de España.



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