Los periodos electorales tienen un efecto curioso en la realidad. La adormecen hasta llegar a sedar al paciente ciudadano que, muchas veces de forma imperceptible, deja de recibir algunos impactos informativos que días antes de la convocatoria a las urnas abrían los periódicos y que, de repente, desaparecen de todo debate. Esto, que sucede en todos los lugares, ha sido especialmente llamativo en Euskadi. Hagamos un repaso de lo sucedido desde el cercano 12 de julio hasta este 25. Trece días de una intensidad en asuntos negativos que no hubieran modificado nada sustancial del resultado electoral pero que al menos hubiesen puesto algo de picante e interés a una campaña insulsa.
Contagios sin fin
Con Ordizia bajo lupa y un par de centenares de votantes castigados sin depositar su papeleta, con Gipuzkoa rebrotada y con los gráficos y la famosa curva de contagios en clara ascendencia, nadie habló de mascarillas en la campaña electoral. Hubiese sido terriblemente chocante convocarnos a todos a apelotonarnos frente a las urnas y, simultáneamente, pedirnos que vistiéramos el tapabocas porque los contagios se multiplicaban. Pero hete aquí que solo tres días después de conocer el escrutinio, las mascarillas obligatorias llegaron al ‘pret à porter’ vasco como días antes lo habían hecho en las comunidades vecinas.
Ocho días después de saberse el PNV ganador de forma oficial, Mercedes Benz Vitoria -la mayor fábrica del País Vasco con más de 5.000 trabajadores directos- anunció un otoño con gran incertidumbre. Una incertidumbre que no parece que vayan a paliar los 152 millones de récord de beneficio del año anterior y que tiene toda la pinta de que recaerá sobre el empleo. Dos jornadas más tarde, la empresa Tubacex desvela que despedirá a uno de cada cinco de sus trabajadores. Una firma con especial implantación en el alavés valle de Ayala y, en menor medida, en Bizkaia. Para rematar la semana negra, y solo once días después de votar, ITP Aero, una compañía dedicada a los componentes aeronáuticos, anuncia el despido de otros 600 trabajadores. El hundimiento de la cartera de pedidos provocado por la crisis del sector ha provocado esta debacle. Por si fuera poco, los empresarios vascos, justo después de las elecciones, cifran en 45.000 los empleos que se perderán en el País Vasco por la pandemia. La consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, ya ha avisado de que no serán las últimas malas noticias.
Y tan malas, porque justo este viernes se conoció que el PIB vasco se ha hundido un 20,1%. El Gobierno de Urkullu había previsto un 13,1% de caída. Las cifras reales superan con mucho a las previsiones políticas. Con este dato terrible, la perspectiva de pérdidas de empleo de los empresarios también se ha quedado corta y la destrucción de puestos de trabajo en los próximos meses es la escalofriante cifra de 98.000. Insoportable e inasumible.
Seis meses de la tragedia
Otro hecho sorprendente y doloroso sucedido tras las elecciones ha sido la detención de los responsables del vertedero de Zaldibar. Han pasado seis meses desde el derrumbe del vertedero de residuos especiales. La tragedia que sepultó a dos trabajadores por un corrimiento de tierra y cuyos cadáveres todavía no han aparecido apenas ha sido un ruido de fondo en el runrún de la campaña. La mala gestión del Gobierno, la peor respuesta de Urkullu y la dolorosa ausencia de los cuerpos de los trabajadores ni siquiera han incomodado a los socios del Ejecutivo vasco. El asunto parecía dormido, sin apenas novedades, escondido en las noticias si es que aparecía. Hasta doce días después de la cita electoral. Entonces aparecieron las prisas.
En un vodevil impropio en un Estado de Derecho, el Gobierno vasco -en funciones- ha detenido a través de la Ertzaintza al dueño, la gerente y el ingeniero jefe de la empresa gestora del vertedero. En la nota en la que se anunciaba su arresto, el departamento de Seguridad del Ejecutivo de Urkullu señalaba que la actuación era por “orden judicial”. Pero resulta que no. Que la orden debió de partir de algún despacho de Lakua porque la jueza emitió una nota de prensa para desmentir las informaciones lanzadas desde el Gobierno vasco que adjudicaron la detención de los tres responsables al mandato judicial. La Justicia señaló que no tenían “nada que ver con ello” y que se trataba de “una operación policial”. Entonces, ¿quién solicitó las detenciones? Sea quien fuere quien tomó esa decisión, y la Justicia ya ha dicho que no tiene nada que ver, lo hizo, vaya casualidad, después del 12J. Qué de cosas pasan en Euskadi después de votar...
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