Poco tiempo y poco espacio deben dedicarse para recodar que, como justificación del creciente acoso fiscal al que estamos sometidos, la izquierda esgrime de modo permanente su supuesta inevitabilidad para financiar los servicios públicos básicos. Según conciben ellos, a mayor gasto público, mejores servicios. Y con este falso paradigma, el actual Gobierno nos ha subido la presión fiscal hasta el entorno del 38% y está dispuesto a subirla 4 ó 5 puntos porcentuales más.
Sucede que el paradigma utilizado por la izquierda y aplicado por el Gobierno ignora una variable fundamental como es la eficiencia en el empleo de los recursos, variable que tienen presente en su quehacer diario todos los actores del sector privado -sean particulares, sean empresas-, pero que los gobiernos de izquierda no están dispuestos a considerar cuando del gasto público se trata. Merced a este olvido, el crecimiento de nuestro gasto público sigue una tendencia de crecimiento exponencial y, con él, crece también exponencialmente la detracción impositiva a la que nos someten. Sin embargo, no tendría que ser así así si destinaran sus esfuerzos a mejorar la eficiencia en el empleo de los recursos procedentes de los impuestos que nos obligan a pagar. Como siempre ha sido mi vocación completar con datos los argumentos que expongo, voy a apoyar mi afirmación con los parámetros cuantitativos de un caso concreto: el servicio público de Educación. Y voy a hacerlo comparando dos realidades concretas, las correspondientes a las Comunidades Autónomas de Madrid y de Valencia.
Del último informe PISA se comprueba que, en el área de Matemáticas, la evaluación de los estudiantes madrileños es superior a la de los valencianos (486 como puntuación frente a 473), sucediendo igual en el área de Ciencias (487 frente a 478)
Empezando en términos absolutos, la Comunidad de Madrid gasta en Educación 5.113 millones de euros, importe que es superado por la Comunidad Valenciana, pues ésta gasta 5.511. Esta desigualdad se mantiene también en términos relativos dado que el importe destinado a Educación representa el 21,22% del presupuesto total del Ejecutivo regional valenciano, porcentaje que en Madrid es el 19,76%. La diferencia es aún más perceptible si se considera la respectiva población toda vez que el gasto público per cápita destinado a Educación es 1.091 euros en Valencia y 759 euros en Madrid. Los datos son elocuentes: La Comunidad Valenciana gasta más, considerablemente más que Madrid en Educación. Aplicando el paradigma de la izquierda deberíamos obtener como conclusión irrefutable que la educación pública está mejor atendida en Valencia que en Madrid. Veamos si otros datos lo confirman o lo refutan.
Observando los resultados del último informe PISA se comprueba que, en el área de Matemáticas, la evaluación de los estudiantes madrileños es superior a la de los valencianos (486 como puntuación frente a 473), sucediendo igual en el área de Ciencias (487 frente a 478). En ambos casos, Madrid está por encima de la media española y Valencia por debajo (las puntuaciones del conjunto de los alumnos españoles son 483 en Matemáticas y 481 en Ciencias). Lo expuesto indica que los alumnos madrileños obtienen una mejor preparación que los valencianos.
Por su parte, si acudimos a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística -INE- contenidos en su Indicador Multidimensional de Calidad de Vida podemos observar que, en el área de Educación, la Comunidad de Madrid obtiene como puntuación un 101,3% de la media nacional, mientras que la Comunidad Valenciana se queda en el 99,4% de dicha media. Como vemos, sucede como en el informe PISA: Madrid supera a Valencia, estando una y otra por encima y por debajo respectivamente de la medida correspondiente al conjunto de toda España.
La Comunidad de Madrid es la segunda mejor con una nota de 13,6 solo superada por el País Vasco, mientras que la Comunidad Valenciana queda notoriamente detrás ocupando el undécimo lugar con una puntuación de 9,1.
Finalmente, podemos acudir también al informe elaborado por Save The Children, en el cual se mide la equidad existente en la atención educativa. Se trata de un estudio que analiza el Derecho a la Educación en sentido amplio atendiendo a variables como la dimensión de las ayudas distribuidas para material escolar, para becas-comedor, para el transporte y para actividades de carácter complementario o extraescolares. Pues bien, en el índice elaborado por Save The Children, la Comunidad de Madrid es la segunda mejor con una nota de 13,6 solo superada por el País Vasco, mientras que la Comunidad Valenciana queda notoriamente detrás ocupando el undécimo lugar con una puntuación de 9,1.
Quiere decirse que según los datos del informe PISA, los del INE y los de Save the Children, el modelo educativo que se aplica por la Comunidad de Madrid tiene más calidad y más equidad que el aplicado por la Comunidad Valenciana. En definitiva, Valencia gasta más, pero Madrid gasta mejor, pues con menos coste es capaz de prestar el servicio público de Educación con más calidad y con mayor equidad. Se demuestra así que no es necesario exprimir fiscalmente a los individuos para suministrarles adecuadamente los servicios públicos básicos. Basta con emplear eficientemente los recursos que son fiscalmente detraídos a los individuos Queda así desmontado empíricamente el mantra utilizado por la izquierda para su pretensión de seguir aumentando aún más la alta carga fiscal que ya sufrimos.
Administrar con eficacia
Además, el ahorro en recursos que supone el modelo madrileño frente al valenciano no es baladí. Recordando las cifras expuestas al inicio, el sobrecoste del segundo frente al primero es 332 euros por habitante (1.091-759), cifra que multiplicada por nuestra población (47,35 millones de individuos) asciende a 15.720 millones de euros. En resumen, el coste de aplicar el modelo educativo valenciano en toda España excedería en los citados 15.720 millones a lo que costaría la aplicación del modelo madrileño y, además, resultaría de peor calidad y equidad.
A partir del dato obtenido, puede deducirse el largo recorrido existente para la potencial reducción del gasto público sin merma en la calidad de los servicios que recibimos. Para recorrerlo se precisan gobernantes responsables, que se comprometan a administrar con eficacia y con eficiencia los recursos que nos detraen coercitivamente. Sin duda alguna, la reducción de impuestos es premisa sine que non para asumir el citado compromiso.
