Opinión

Una cárcel para la democracia

La democracia requiere del ejercicio legítimo de la violencia para la defensa de todos sus poderes, en beneficio únicamente de sus ciudadanos

Traslado de pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador
Traslado de pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador

Nayib Bukele es el joven Presidente de El Salvador que ha salido victorioso en la guerra que declaró a las pandillas desde su llegada al poder en el 2019. En uno de los países con mayor tasa de asesinatos violentos del mundo, ya son más de 100 días sin que se haya cometido ninguno. Para la ocasión ha difundido un vídeo de la megacárcel construida para albergar a 40.000 reclusos por terrorismo. Aparecen dos mil pandilleros despojados de todo, salvo de sus tatuajes, sentados en el suelo, obedientes, indefensos e inofensivos sin sus armas. Una posición de privilegio si atendemos a cómo trataban ellos a sus víctimas, al terror, la desesperanza y la destrucción que causaron a todo un pueblo. 

La vida del ciudadano normal parece volver a florecer en el Salvador junto a un sentimiento de orgullo y dignidad. Quien debía defenderlos les ha hecho confiar en que su vida es valiosa. Si el Estado está de su parte y no ausente o en contra, merece la pena luchar por un país libre del terror. Ahora pueden abrir negocios sin tener que pagar a las maras y estar a su merced. No extraña que Bukele tenga una popularidad del 95%. Ha movilizado al Ejército y ha aumentado sus efectivos. Ha recuperado el control de muchos territorios del país cuya ley era la del crimen de la pandilla, no la del Estado. También ha declarado la guerra cultural al terrorismo haciendo destruir todo símbolo que identificase pertenencia o exaltación a la banda tanto en la ropa, en medios de comunicación, incluso en las lápidas de los pandilleros enterrados con honores. ¿Por qué nadie hizo esto en España con los etarras o con los independentistas? Aquí no sobraba democracia, sino que faltaba voluntad.

Ha movilizado al Ejército y ha aumentado sus efectivos. Ha recuperado el control de muchos territorios del país cuya ley era la del crimen de la pandilla, no la del Estado

Desde la difusión de imágenes del interior de la prisión, la prensa y algunas organizaciones de Derechos Humanos han señalado escandalizados el trato vejatorio a los peores delincuentes de la región. Denuncian una deriva autoritaria por una concentración de poder de Bukele tras 10 meses de estado de excepción. Es acusado de haber acabado con el terror, pero también con la democracia. Pero un país que no era controlado por el Estado, sino por una organización terrorista, no entra en ninguna acepción de democracia, que es el poder del pueblo, donde la ley es el poder de los sin poder frente a quien lo ostenta. 

Unos maras pandilleros descuartizaron y sacaron el corazón a un hombre por haber estropeado un grafiti donde aparecían sus símbolos. La familia de la víctima y los vecinos que han vivido en este terror escuchan discursos de periodistas hiperventilados que ante el fin de la barbarie en su vida cotidiana, sólo son capaces de indignarse porque la democracia corre peligro. Parece que se ha perdido el objetivo moral de la democracia cuando se muestran furibundamente críticos a Bukele ante esta realidad que merece ser considerada. Si el pueblo no tenía ningún poder real, ninguna oportunidad de no ser un siervo del fuerte, no era una democracia.

Los que estamos en el mundo de los adultos somos conscientes de la principal herramienta y más efectiva del poder, la violencia. La democracia requiere de ella para el funcionamiento de todos sus poderes y necesita ostentar en exclusiva su ejercicio, pero en favor únicamente de sus ciudadanos. Un Estado que destine el poder en beneficio de sus dirigentes y de países terceros contra los intereses de los ciudadanos, tampoco es una democracia. Y esto sucede en España hoy.

Los que estamos en el mundo de los adultos somos conscientes de la principal herramienta y más efectiva del poder, la violencia

Los Mara Salvatrucha (MS-13) se crearon en Los Ángeles tras la oleada de refugiados por la guerra civil de El Salvador. Décadas después EEUU los declaró organización terrorista y deportó a miles de pandilleros a su país de origen. Los flujos masivos migratorios y la delincuencia. Desde entonces se han dedicado a ser los guardaespaldas y los carniceros de cárteles del narco en sus operaciones en diversos países. Acusados de trata, de narcotráfico y un sin fin de crímenes durante décadas, que solo cesaban ante una negociación con un Gobierno débil. Obtenían beneficios para los sus integrantes y mayor control del territorio sin injerencias de ningún tipo a cambio de no matar durante una temporada.

Lo sospechoso de esas imágenes que parecen el tráiler de la nueva temporada de Prison Break es que se aprecia a unos presos excesivamente colaborativos en el rodaje. Una interpretación casi marcial, de mirada fría, pero serena. Un documento del Departamento de Justicia de EEUU ha señalado a dos funcionarios del Gobierno de Bukele de negociar con el MS-13. Esta acusación despierta la sospecha sobre la extensión de la victoria de Bukele. Aunque sea innegable que el Estado ahora se encuentra en situación de poder frente a las pandillas porque tuvo la voluntad de enfrentarse a ellas.

La «democracia» en El Salvador se demostró incapaz. Los ciudadanos necesitan un sistema de poder que les proteja y les permita ser libres. La seguridad no es un dilema de la democracia sino una necesidad de ella. Esto requiere un poder controlado, pero no débil. Y por encima de todo unos gobernantes que antepongan el bien de su pueblo, ese instinto moral llamado patriotismo que impide la corrupción de la voluntad a la hora de ejercer el poder.