El poder se alimenta de libertad. Mientras que en las democracias liberales su dieta es restringida y se circunscribe básicamente al consumo de nuestro dinero a través de los impuestos, cuanto mayores son las aspiraciones totalitarias de la clase dirigente, más van incorporando a su régimen la deglución de derechos civiles de los ciudadanos.

Mientras que “cuidar de lo público” se ha convertido en el mantra predilecto al que recurren quienes se pegan atracones a costa del erario mientras rechazan debatir sobre la racionalización del gasto, el coronavirus ha habilitado una suerte de buffet libre para nuestros gobernantes, llamado estado de alarma, en el que el plato principal son nuestras libertades. Sánchez, Iglesias y compañía las cocinan con la aquiescencia de los dirigentes autonómicos, a excepción de Ayuso en Madrid. Es un “Master Chef” de aprendices de tirano, que usan la salud como el ingrediente base con el que camuflar el regusto despótico de sus recetas para contener la pandemia.

Pero todas las libertades y derechos que hemos cedido desde marzo no parecen haber servido para derrotar al coronavirus, sino para cebar aun más a la bestia autoritaria que habita en el Gobierno. Mientras que las tres olas de coronavirus que hemos padecido han tenido sus picos para luego descender, la curva de atentados cometidos por el Ejecutivo contra el Estado de derecho ha ido creciendo exponencialmente y parece no haber alcanzado su nivel máximo. De un estado de alarma prorrogado cada 15 días para frenar la primera ola, a uno de seis meses. Medio año de excepcionalidad que está permitiendo a los de Sánchez gobernar sin tener que someterse a los contrapesos ordinarios, socavando los cimientos del sistema como nunca antes en la historia de nuestra democracia. Medio año de medidas arbitrarias, de ilegalidades manifiestas y, cómo no, de profundizar en la ruina.

Un acuerdo inconstitucional

El último plato que han incorporado a este menú de abusos es el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 10 de marzo, publicado mediante resolución de la Secretaría de Estado de 11 de marzo. Básicamente consiste en una componenda de todos los presidentes autonómicos con el ministerio de Sanidad para restringir más todavía nuestras libertades durante las festividades de San José y Semana Santa. Algo que, desde el punto de vista jurídico, es abiertamente inconstitucional. Intentaré explicarlo sin que se me duerman ustedes.

La ley orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, dispone en su artículo séptimo que, a los efectos del estado de alarma, la Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma. De conformidad con este precepto, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaró el estado de alarma vigente en la actualidad, delegó la competencia en los presidentes autonómicos.

El Consejo Interterritorial no es autoridad competente de nada ni puede imponer sus acuerdos a ninguna comunidad autónoma. Una cosa es que actúe como organismo de coordinación entre las administraciones implicadas y otra muy distinta es que pretenda suplir al presidente de una comunidad o arrogarse sus competencias. Esto es precisamente lo que está haciendo cuando pretende que Madrid cumpla con un acuerdo que rechaza, obligándola a aplicar limitaciones cuya implementación es facultad exclusiva del presidente autonómico -siempre dentro de unos parámetros marcados por el decreto de estado de alarma-. Más aún cuando la normativa reguladora de este Consejo establece que sus acuerdos se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso.

Pues a pesar de ello, con base a esta recomendación en forma de acuerdo, se quiere obligar a Madrid a que establezca un toque de queda desde las 23:00 hasta las 6:00 horas, cuando el decreto de estado de alarma dispone que la autoridad competente delegada podrá determinar que la hora de comienzo de la limitación sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización entre las 5:00 y las 7:00 horas. Vamos, que los madrileños tendrán que recluirse en sus casas desde las 23:00 horas a las 6:00 horas, en lugar de desde las 00:00 horas hasta las 7:00 horas, no por decisión de su presidenta autonómica -que es la habilitada competencialmente para ello- sino por mor de un papel cuyo valor vinculante es nulo, amén de no ser una norma habilitante para acordar la limitación de derechos.

Reuniones y diversos criterios

Algo parecido sucede con el número máximo de personas que pueden permanecer en un espacio de uso privado. El decreto de alarma establece un máximo de seis – salvo que se trate de convivientes- habilitando a la autoridad delegada competente a establecer un número máximo inferior a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad. El acuerdo del Consejo para San José y Semana Santa los reduce a cero, permitiendo únicamente las reuniones de convivientes. Con unos indicadores sanitarios y epidemiológicos buenos tras doblegar la tercera ola, llegan limitaciones más severas.

Se ignoran así deliberadamente los otros criterios a los que también hace referencia el real decreto, que son los económicos y sociales. Era el momento de ponderar los bienes en juego, reactivar la actividad productiva y recuperar espacios de libertad. En su lugar, han optado por profundizar en una pandemia económica y psicológica que arrasará con los bolsillos y con la salud mental de millones de españoles. Y para esto no hay vacuna.

La Comunidad de Madrid ha anunciado que acata el acuerdo pero que lo recurrirá ante los tribunales. A pesar de ello, la banda de glosadores de las gestas gubernamentales se atreven a hablar de procés madrileño y a equiparar a Ayuso con Puigdemont. Ellos, que no ven problema alguno en que Sánchez tenga como socios de gobierno a partidos cuyos líderes han sido condenados por intentar subvertir el orden constitucional independizando una parte del territorio o que se niegan a condenar el terrorismo de ETA. Esos mismos medios que callan cuando el vicepresidente Iglesias tilda a Puigdemont de exiliado político o Podemos vota en el Parlamento Europeo en contra de retirarle la inmunidad. Qué menos que guardar un respetuoso silencio y demostrar que les queda algo de vergüenza torera.

Por si fuera poco, parece que el Gobierno pretende prolongar esta situación más allá de mayo, mediante una nueva prórroga del estado de alarma. Siguiendo con la metáfora culinaria, podría decirse que los derechos que nos han arrebatado hasta ahora han sido un mero aperitivo y que aún no han cocinado en los fogones el plato principal. Este gobierno depredador de libertades es insaciable.