El último tinglado de los Florentino, Del Pino y Entrecanales

La protagonista de 'El cuento de la lechera' pecaba de una ambición excesiva, pero su actitud era la correcta. Confiaba en que el trabajo diario y la buena habilidad para comerciar y gastar le conducirían al éxito. No hay nada más estimulante que pensar que el esfuerzo es el camino más recto hacia el bienestar. Los niños deberían escuchar más veces la palabra 'tesón' y menos todas aquellas relacionadas con su identidad y con el yo, que inflan el ego y no contribuyen a hacer que su vida futura sea mejor.

Una sociedad se tuerce cuando el método de 'la lechera' pierde efectividad. Cuando una parte de cada euro que gana un individuo no se invierte en la mejora del negocio, en el ahorro o en el consumo, sino en el mantenimiento de un sistema ineficiente y de una Corte de 'elegidos'. Así ocurre en España y así lo ha vuelto a poner de manifiesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es la institución que se encarga de detectar las corruptelas y las malas prácticas de aquellos que conforman los tinglados nacionales.

En este caso, ha descubierto irregularidades en decenas de contratos públicos que se licitaron entre 1992 y 2017. Lo de siempre. Eso sí, su gravedad no es menor pese a que se conozcan al dedillo este tipo de 'apaños'. Last, but not least.

¿Cómo le iría a 'la lechera' en la España de hoy? Podría matricularse en una ingeniería y estudiar día a día para obtener el mejor expediente de su promoción. Después, tendría la opción de incorporarse al mercado laboral con un contrato en prácticas y trabajar duro -mientras se forma en los nuevos procedimientos y en idiomas- para que le asciendan en su empresa. Con el tiempo, y tras haberse ganado la confianza de potenciales clientes, la lógica invita a pensar que podría montar una sociedad e invertir bien una buena parte de lo que facture en el crecimiento del negocio, algo que le hará ganar competitividad y le permitirá presentarse a licitaciones.

A partir de ahí, no jugará el partido con las mismas reglas que Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr. Es decir, que las empresas que han sido multadas con 203 millones de euros por alterar licitaciones durante 25 años. Entre todas, conformaban un grupo al que la CNMC ha apodado 'el G7', cuyos representantes se reunían una vez a la semana para analizar la nueva obra pública y decidir en qué contratos podrían echarse una mano.

Florentino y los reyes del mercado

Las 164 páginas de la resolución de la CNMC son el vivo ejemplo de la naturalidad con la que se practican las corruptelas alrededor del dinero público, ante el pasmo de todas las partes. Tal es así que, en 2017, cuando tres de estas empresas abandonaron el grupo, lo hicieron porque habían comenzado a sospechar que el Sanedrín que habían montado vulneraba la ley. Hasta entonces, parece ser que lo consideraban normal; e incluso sano.

¿Y qué hacían? En este caso, no se repartían licitaciones, como hacía el 'cártel del AVE', en el que algunos de los principales contratistas del país -incluidos algunos de los ahora sancionados- acordaban en qué pujas debían participar y con qué oferta para no perjudicar a sus 'aliados' ni presentar una propuesta temeraria. Aquí se coordinaban para elaborar las ofertas técnicas de forma conjunta y, de ese modo, ahorrar costes y mejorar su eficiencia. Y, de paso, no pisarse la manguera.

Las Administraciones observaban que las propuestas les llegaban con estudios y cálculos técnicos exactamente iguales, peroningún funcionario dijo esta boca es mía. Parece ser que ministros de Industria de este período, como Miguel Sebastián -el profesor que todo lo sabe cuando sale por televisión-, nunca se enteraron o no se dieron cuenta. Aquí todo el mundo se hace el loco cuando interesa. La corrupción sería menor sin la complicidad de tantos y tantos hombres pequeños que prefieren convertirse en cómplices de los infractores a señalarlos.

Mientras esto ocurría, 'la lechera' perdía el tiempo y el dinero en la elaboración de sus proyectos para los concursos públicos, con mucho menos éxito que el G7, dado que sus recursos eran mucho más limitados que los de las siete principales constructoras de este país. Conviene tener claro que el volumen de negocios agregado de estas empresas asciende a un total de 138.793.941.515 euros en el mercado afectado. “Su aptitud para afectar a la competencia queda fuera de duda”, expone la CNMC.

Sería agotador citar todas las grandes obras en las que se produjeron estas prácticas anticompetitivas, pero puede decirse que afectaron a puertos, a autovías, a aeropuertos, a hospitales o a líneas de alta velocidad, como la que discurre entre Madrid y Extremadura. Aquí nadie parecía enterarse de nada. Ni sobre este tinglado ni sobre otros, también desmontados por la CNMC.

Prohibición de contratar

La CNMC ha trasladado todos estos datos a la Junta Consultiva de Contratación Pública, que depende del Gobierno, para que determine si las empresas sancionadas deberían tener prohibido contratar a partir de ahora por un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque así lo determina la ley de 2015, que regula las licitaciones.

¿Dará el paso? Hay un punto en el que los gigantes se vuelven tan altos, pesados y musculosos que resulta imposible controlar que cumplen las normas. Así ha ocurrido con las grandes empresas de infraestructuras, que han hecho muchas cosas bien, pero que también se han beneficiado de... en fin..., de ese particular estilo de hacer las cosas que siempre ha existido por aquí.

No es la primera vez que el Ejecutivo recibe documentación de la CNMC en la que se ofrecen indicios suficientes como para vetar a los Florentino Pérez la participación de sus empresas en las licitaciones. Pero el gabinete de Pedro Sánchez, el de lo social, la justicia y la igualdad de "las clases medias trabajadoras", ha hecho la vista gorda ante todo esto. Se ha escudado en que sería imprudente actuar ahora, toda vez que hay procesos judiciales en marcha sobre los cárteles de la contratación pública. Iniciados por los propios afectados, por cierto. Por tanto, el Gobierno también ha tallado un enorme 'escudo social' para sus 'protegidos' de las constructoras.

La noticia no ha sido destacada este jueves por ninguno de los medios de comunicación que piden estos días dinero a sus lectores por tener acceso a la información más 'importante' y 'diferencial'. Ni siquiera las grandes cabeceras económicas la situaban por encima de un hecho político, como la dimisión de Boris Johnson, u otro de interés público, como el precio del fútbol televisado. La complicidad de la prensa con los dueños del tinglado también es fundamental.

Lo más llamativo de todo esto es que las infractoras no tenían claro que lo que hacían fuera ilegal. Eso sí, esa idiocia no la demostraban todas las veces, dado que para optar a los contratos de 100 millones de euros no compartían información con sus competidores. En esos casos, rivalizaban entre ellas, pues aspiraban a zamparse todo el pastel.

En la próxima presentación de Pedro Sánchez en la Casa de América, ahí estarán, en primera fila. Y el presidente les dará la mano. Faltaría más. Este país se construye sobre estos mimbres. Sobre esas cañas de madera, de gran elasticidad y resistencia, en las que se columpian todos los que practican el clientelismo y son responsables de la ruina que se avecina. De la que ninguno se hará cargo, claro está.