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Alfonso Pinilla

Opinión

Examen a la Transición: ni maldita ni santa

Nada de 'crisis constitucional'. El sistema político surgido de la Transición sólo se salvará si lo regeneramos

Felipe González y Adolfo Suárez, en la reunión de los Pactos de la Moncloa.
Felipe González y Adolfo Suárez, en la reunión de los Pactos de la Moncloa. EFE

Vivimos tiempos de profunda mudanza política e institucional. El hecho de que en el Gobierno de España figure una formación que nació con el declarado objetivo de “impugnar el régimen del 78” corrobora la existencia de esta 'crisis constituyente'. Como decía Heráclito, “nada es permanente excepto el cambio”, pues la transformación es una indeleble ley de vida.

Ante tal tesitura se ha abierto en canal el debate sobre la Transición, aquella época en la que logró alumbrarse la democracia después de cuarenta años de dictadura. Ya desde Rodriguez Zapatero y su cruzada por la 'memoria histórica' perdió valor la reconciliación que hizo posible el consenso vertebrador de nuestra Carta Magna. En esos primeros años del nuevo siglo XXI surgió en los medios de comunicación –y también en tribunas académicas– un discurso especialmente crítico con aquella época.

Habíamos pasado en poco tiempo de la 'santa Transición' aclamada en los noventa a la 'pérfida Transición' del nuevo siglo. El alabado consenso se tornaba en vergonzosa rendición y la apuesta por superar la Guerra Civil, en inmoral olvido. Y todo ello en medio de un contexto económico y político que en nada ayudaba a salvar lo construido tras la muerte de Franco, pues tanto la crisis económica del 2008, con su cuota de enfado y desencanto social, como los casos de corrupción que afectaban a derecha e izquierda del arco político habían deslegitimado considerablemente la democracia del 78.

Emergen ahora con fuerza dos posturas que siempre se concurren en tiempos convulsos: los nostálgicos defensores del pasado y los rupturistas soñadores de utopías

Así las cosas, y cuando España está inmersa en la mayor crisis de su Historia reciente, provocada por un virus que ha cuarteado los cimientos económicos, sociales y políticos de nuestro país, emergen con fuerza dos posturas que siempre se dan en tiempos convulsos: los nostálgicos defensores del pasado y los rupturistas soñadores de utopías. Mirar atrás, como la mujer de Lot, o huir hacia adelante para inaugurar el mundo, como un Adán cualquiera.

Ante tal encrucijada, considero que tan erróneo es endiosar el pasado –por muy positivo que éste pudiera parecer– como demonizarlo (por muchos errores que en él se cometieran). Ni santa, ni maldita Transición. En aquella época tuvo lugar algo que muy raras veces se da en la Historia: el pacto entre enemigos, el apretón de manos entre quienes se habían matado –cuatro décadas atrás– en las trincheras de una guerra incivil. La confianza mutua que se profesaron la oposición moderada y los reformistas del franquismo –cristalizada en cruciales acontecimientos como la legalización del PCE– articularía la democracia homologable al occidente europeo que estrenamos en 1978. La concordia fue posible porque cada firmante del pacto constitucional logró cruzar el Rubicón de su memoria, de su experiencia generacional y de sus rencores personales para dar a España el sosiego que el sectarismo y las pasiones enfrentadas le habían usurpado durante cuarenta años. A partir de ahí, pudo construirse el camino de la libertad y la prosperidad.

Tres serios desajustes

El principal problema es que no siempre hemos sabido vivir en ese régimen de libertad que fue posible tras la dictadura, probablemente porque los españoles somos un pueblo donde la democracia, como dijo Adolfo Suárez antes del 23-F, ha constituido un paréntesis demasiado breve a lo largo de su Historia. Por eso, defender el espíritu de la Transición es complementario con asumir los errores que han posibilitado la degeneración del sistema y su crisis de legitimidad actual. Y esos errores tienen que ver, fundamentalmente, con tres desajustes del modelo: su falta de autenticidad, la peligrosa politización de la Justicia y una descentralización administrativa, mal entendida y peor practicada, que ha puesto en peligro la unidad y viabilidad del país.

Vayamos al primero de los problemas, la falta de autenticidad, que ya preocupaba a Suárez cuando esbozó la línea maestra de su proyecto reformista: “Ascender a rango político de normal lo que en la calle es, simplemente, normal”. No son pocas las voces que advierten, desde hace tiempo, que la democracia se ha degradado en una suerte de partitocracia en la que las estructuras cerradas de los partidos políticos levantan murallas impermeables a las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía; unas estructuras que, por cierto, se retroalimentan, confirmando aquella 'enfermedad española' que Ortega denunciaba en los años 20 del pasado siglo: 'la ausencia de los mejores'. Tal panorama es el caldo de cultivo perfecto para hábiles “fontaneros” de la política como Sánchez, cuyo relativismo –que es sistemático desprecio por la verdad– le ha servido para aterrizar en la Moncloa. Esta falta de autenticidad que afecta a nuestra maltrecha democracia se acrecienta con una ley electoral que prima a las minorías nacionalistas, sobredimensionando su representación en el Congreso de los Diputados, lo cual permite a estas fuerzas centrífugas dinamitar el sistema desde dentro. Es el sueño de cualquier caballo de Troya.

La polémica destitución del coronel Pérez de los Cobos y el caso Tándem, que afecta directamente a Pablo Iglesias, son los dos asuntos en los que la independencia de la Justicia se pone a prueba

El segundo problema comenzó cuando, a mediados de los ochenta, decidió enterrarse a Montesquieu para que en el gobierno de los jueces tuviera su voz el parlamento, es decir, los partidos políticos. Ello abrió la vía a una confusa separación de poderes, hizo saltar por los aires los necesarios contrapesos que garantizan la salud de una democracia y quebró la confianza de los ciudadanos en la Justicia. El mal se ha extendido, lo cual no quiere decir que los buenos y honestos jueces no existan. Ellos son, en definitiva, el último baluarte contra un Ejecutivo que se empeña en extender sus tentáculos más allá de sus legítimas atribuciones. La polémica destitución del coronel Pérez de los Cobos y el caso Tándem, que afecta directamente al vicepresidente del Gobierno, son los dos últimos asuntos donde la independencia de la Justicia se pondrá a prueba. Veremos.

Y, por último, el tercer desajuste tiene que ver con una organización territorial del Estado que pretendió, con buena intención en su momento, superar el centralismo franquista, acercar el poder al ciudadano y facilitar el encaje de los nacionalismos periféricos en España, evitando su ruptura. Unidad y diversidad, he ahí el lema que acabaría dando lugar al 'café para todos' de las Autonomías y que acabó convirtiéndose en 'barra libre' que consume grandes recursos de las arcas públicas, facilita la proliferación de redes clientelares bien nutridas desde los ejecutivos regionales y posibilita la estrategia nacionalista de aprovechar la autonomía para lograr la autodeterminación.

Peleas por el material sanitario

Por eso debe abrirse un debate sobre esa 'España de las Autonomías' que vacía al Estado de competencias, debilitándolo gravemente. Ello no significa prescindir del modelo, sino mejorarlo y depurarlo, salvando lo que funciona y evitando todo aquello que dificulta respuestas eficaces ante las grandes crisis. La inconsistencia de un ministerio de Sanidad que parece una carcasa sin apenas atribuciones ni contenido, se tradujo durante la pandemia en la compra desesperada de un material sanitario insuficiente, cuando no inútil. Cuentan las crónicas de este tiempo grave y absurdo cómo en los momentos más duros de la pandemia coincidieron en la pugna por material sanitario –cada vez más caro y escaso– el Gobierno central y muchos gobiernos autonómicos. No hubo estrategia ni sentido de Estado porque hay cada vez menos Estado, esa es la triste y preocupante realidad.

Ante este panorama de general postración, crispación creciente y 'vuelo gallináceo' resultará difícil aprovechar la crisis de régimen en que estamos envueltos para apostar por un auténtico debate regenerador. Seguiremos enredados entre la defensa ilusa de nuestro pasado fundacional –ah, la santa Transición– y un ataque inmisericorde a ese pasado; un ataque de trazo grueso que desprecia la complejidad de una Historia que ni sabe, ni quiere comprender. Ante la 'crisis constituyente' actual, ni la reacción nostálgica ni la utópica ruptura son los mejores caminos. Es preferible abordar una reforma seria, realista y ponderada de la democracia que tenemos, porque el sistema surgido de la Transición sólo se salvará si lo regeneramos.

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