Basar la gobernanza económica en criterios más ideológicos que prácticos, o incluso puramente ideológicos, acarrea contrasentidos como el que sigue: millonarios conocidos como Amancio Ortega, Juan Roig o Ana Botín se beneficiarán del tope de precios de los alimentos tanto como cualquier español que cobre la pensión mínima (721 euros al mes). La historia se repite por la cerrazón del presidente del Gobierno, que apostó en marzo por un descuento lineal del precio de los carburantes, en lugar de explorar otras vías como la fiscal.
Infinidad de economistas defienden el uso del IRPF como herramienta para canalizar con mayor eficiencia la ayuda hacia los colectivos más castigados. Organismos como el Banco de España han defendido desde el inicio de la guerra de Ucrania soluciones 'ad hoc' para los hogares más vapuleados por la crisis, en lugar del 'pan para todos'. El principal partido de la oposición, el PP de Alberto Núñez Feijóo, también lleva meses planteando una deflactación del IRPF para aminorar el impacto de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. También hay quien aboga por promover un impuesto negativo de sobre la Renta, que repercuta directamente en los tramos menos pudientes de la población.
La necesidad de mantener el débil andamiaje de la coalición de Gobierno ha obligado a Pedro Sánchez a huir como de la peste de las bajadas de impuestos, vilipendiadas por Unidas Podemos, pero aplicadas ya con éxito por algunos presidentes autonómicos como Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía. Por el contrario, Sánchez sigue apostando por las ayudas a discreción, aún a costa de adentrarse en terrenos tan pantanosos como el de la intervención de los precios.
Millonarios conocidos como Amancio Ortega, Juan Roig o Ana Botín se beneficiarán del tope de precios de los alimentos tanto como cualquier español que cobre la pensión mínima
De eso se trata, precisamente, la propuesta de Yolanda Díaz de topar el coste de determinados productos básicos de la cesta de la compra. "Esto empieza a parecer una programación soviética", aseguró ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. La reflexión del líder de los empresarios está tan cargada de ironía como de razón. Él mismo apuntó la clave: si se pretende regular "absolutamente todo", lo que se acaba teniendo es "una economía intervenida, un Estado intervenido y falta de libertad".
Topar el precio de un puñado de alimentos es una solución efectista, con réditos electorales asegurados, pero peligrosa por las señales que emite a los agentes que operan en una economía de libre mercado, como la española. No es fácil encontrar economistas que defiendan una medida excepcional con la que se pretende combatir un mal cada vez más arraigado (la inflación desbocada). Lo contábamos este miércoles en Vozpópuli: la limitación de los precios amenaza, entre otras cosas, con desincentivar la producción en sectores que ya soportan una gran estrechez de márgenes.
Una medida que persigue castigar a los gigantes de la distribución puede acabar afectando a los eslabones más débiles de la cadena alimentaria, los que quedan más cerca del campo que del lineal
Así pues, una receta con la que Díaz persigue castigar a los gigantes de la distribución puede acabar afectando a los eslabones más débiles de la cadena alimentaria, los que quedan más cerca del campo que del lineal. Ese temor explica por qué no sólo los supermercados han criticado la medida: también lo han hecho, y con dureza, organizaciones agrarias como Coag o UPA, que no son, precisamente, cercanas a la derecha parlamentaria española.
El tope de precios será una realidad antes de lo que piensa la mayoría de los afectados. El mero hecho de que Carrefour se haya abierto a dar el primer paso en esa dirección -probablemente, por sus propios cálculos estratégicos comerciales- meterá presión al resto de operadores, desde Mercadona a El Corte Inglés, pasando por Lidl o Dia.
Yolanda Díaz tendrá pronto un acuerdo bajo el brazo. La vicepresidenta segunda ganará su medalla en solitario, tras ningunear a los ministros socialistas que deberían tener voz y voto en esta negociación (Luis Planas y Reyes Maroto). Los consumidores, desde los pensionistas a Ana Botín, arañarán unos euros a la factura de la compra. Y Garamendi reunirá nuevos argumentos para ironizar sobre la deriva de la 'Unión Soviética Española'.
