Corren tiempos en los que la sociedad civil parece despertar una vez más con una mirada atenta y con una voz exigente, dirigida la primera y levantada la segunda hacia los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero no sólo eso: parece vigilar en grado especialmente escrupuloso las actuaciones de toda una galería de organizaciones y asociaciones que vertebran y reproducen el debate público, e incluso que influyen y lo condicionan.
En estas circunstancias, en las que el escrutinio sobre las instituciones fundamentales del Estado es tan activo, se echa con frecuencia en falta el referente de la abogacía, como actor que desempeña un papel de vital importancia en nuestro sistema democrático, en la salvaguarda de nuestros derechos y la protección de nuestras libertades fundamentales. Ésa fue una de las motivaciones capitales que me llevó a reclamar y conseguir el apoyo de mis compañeros para convertirme en Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el más grande de Europa. Y no pasa un día en que no sea consciente de que mi deber y mi responsabilidad son tan grandes como el tamaño del colectivo al que represento con todas mis fuerzas.
Siempre he pensado que para cualquier persona al frente de una organización es un elemento indispensable la visión: crear estructuras que le rodeen y que faciliten que las cosas avancen, aunque no sea el líder quien las empuje. Y siempre he pensado, a lo largo de décadas de ejercicio profesional dentro y fuera de España, que es primordial encontrar diversidad de talento en nuestro entorno, buscarlo en los otros, incorporarlo a nuestro proyecto, emparejar intereses desde principios comunes y valores compartidos.
¿Debe actualizarse la Constitución en aras de una mejor convivencia y de un país más habitable?
Este pasado 20 de junio he tenido la enorme satisfacción de ejercer como anfitrión de la reunión de las Juntas de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y el Illustre Col·legi de l’Advocacía de Barcelona. Es voluntad de ambas instituciones proyectar iniciativas de cooperación y colaboración que, más allá de lo simplemente corporativo, concentren esfuerzos y multipliquen su impacto y su influencia como referentes de la abogacía europea.
Precisamente por esta razón hemos creado bilateralmente grupos de trabajo Madrid/Barcelona para gestionar los desafíos de nuestra profesión en áreas como el turno de oficio, la deontología, la formación, la tecnología o el proceso normativo. He encontrado en la Decana del ICAB, María Eugenia Gay, una interlocutora inteligente y sensible para avanzar conjuntamente y encarar los retos en la práctica de un oficio que día a día trabajamos para dignificar, y para obtener por elevación un retorno social.
La relación de Cataluña con el resto de España es un asunto que a todos, como ciudadanos, nos concierne. En una situación como la actual, tan necesitada de impulsos cívicos e institucionales que vayan en la línea de restar tensión y crispación, la abogacía puede ayudar desde su fuerza, no sólo de número, a alumbrar y conquistar espacios de entendimiento y a arbitrar vías de salida a procesos de conflicto.
Por sistema he defendido a lo largo de mi carrera que los problemas complejos deben dividirse en partes más pequeñas, que pueden ser atacadas más fácilmente. Como letrado, tengo el pleno compromiso de elevar la voz entre mis iguales para redoblar nuestra alianza con la defensa de los valores democráticos en los que se fundamenta el Estado de Derecho. ¿Deben, desde el consenso y la experiencia, reformarse las leyes que tenemos para hacerlas mejores? ¿Debe actualizarse la propia Constitución en aras de una mejor convivencia y de un país más habitable?
Soy un firme partidario de que los liderazgos, carismáticos o no, deben ser esencialmente transformacionales. Corren tiempos en los que la sociedad exige resultados y demanda que quienes ejercen el poder lo hagan conjugando valentía y prudencia. Afrontemos el futuro, como abogados y abogadas, sin olvidar que somos una fuerza racional en movimiento, y un elemento indispensable para la concordia.
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