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Félix Bornstein

Opinión

El Rey mendigo

Tres diligencias permanecen abiertas sobre la persona de Juan Carlos I, muy diferentes entre ellas y con un recorrido muy dispar

El rey Juan Carlos I en una fotografía de archivo.
El rey Juan Carlos I en una fotografía de archivo.

Los fiscales del Tribunal Supremo (TS) mantienen abiertas tres diligencias sobre la persona de Juan Carlos I. Todas por la hipotética comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales. A mi juicio, el buen entendimiento sobre la situación “preprocesal” que afecta al rey emérito exige un análisis diferenciado de los tres asuntos.

1.- Las supuestas donaciones a Corinna Larsen

Los fiscales del Supremo tratan de elucidar el origen de los fondos (65 millones de euros) que Juan Carlos de Borbón donó (supuestamente) a su amiga Corinna Larsen. Muchos exhiben su convicción de que Juan Carlos I había recibido unas comisiones 'irregulares' por dicho importe satisfechas por las autoridades de Arabia Saudí. ¿Por qué motivo? Las comisiones no responderían a la liberalidad de un amigo poderoso. Serían el precio –la recompensa- de un servicio prestado a favor de los intereses de Riad. Se trataría de un servicio de mediación realizado “en la cocina” del consorcio de empresas español encargado de construir y explotar el tren de alta velocidad que busca La Meca. Según esta versión, la gestión personal de Juan Carlos I habría abaratado el coste final de las obras en beneficio de la casa de Ibn Saúd. Las comisiones, finalmente, habrían ido a parar al bolso de piel de cocodrilo de la lagarta alemana.

Sin embargo, en mi opinión las pesquisas de los fiscales tienen poco recorrido y más pronto que tarde se decretará su archivo. La donación se produjo antes de la abdicación regia en 2014, por lo que las eventuales responsabilidades de Juan Carlos estarían cubiertas por la figura de la inviolabilidad. La Constitución (artículo 56.3 CE) dice: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Indudablemente, el término “responsabilidad” alude a los actos “políticos” del monarca, que no son suyos porque, para su validez, necesitan el refrendo del Gobierno. Aquí no hay nada que objetar, pues nuestra forma de Estado es la de una monarquía parlamentaria.

En cambio, en una futura reforma constitucional, el Rey debería ser despojado de su derecho a la inviolabilidad, que sólo pertenece al supuesto carácter sagrado de la Monarquía. Pero ya no estamos en los tiempos del “Ancien Régime”. En mi opinión, el artículo 56.3 deslinda los actos políticos del monarca (respecto a los cuales le atribuye su irresponsabilidad) de los actosprivados del titular de la Corona (beneficiados por la inviolabilidad de su autor). Si le asignamos al monarca la nota de inviolabilidad (o sacralidad) nos metemos en un callejón sin salida y llegamos a un absurdo lógico. Algunos actos del Rey, llegado el caso, gozarían de impunidad.

Supongamos(aunque sea mucho suponer) que Felipe VI ha concluido su jornada vespertina y se sienta a la mesa del comedor dispuesto a cenar. Un camarero le sirve una sopa humeante que, a primera vista, aparenta ser muy sabrosa. Sin embargo, Felipe mete la cuchara en el cuenco y da un respingo inesperado. La sopa tiene demasiada sal y los garbanzos no son de Pedrosillo. Al Rey le da un ataque de cólera, abre sin contemplaciones la puerta de la cocina y, con un fusil de asalto de su padre, le hace un agujero entre ceja y ceja al cocinero real. ¿Puede Felipe irse tranquilo al cuarto de la televisión y, con un habano entre los labios, disfrutar de los goles de Cristiano simplemente porque “la persona del Rey es inviolable”?

En cualquier caso, la diligencia de los fiscales está condenada al fracaso por el juego de la prescripción. La supuesta donación es muy antigua. En estos momentos se encontraría prescrita la acción administrativa para determinar la deuda fiscal (cuatro años). También la acción penal (cinco años).

2.- Las donaciones mexicanas

El 9 de diciembre de 2020, un abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez- Junco Mars, comunicó a la opinión que su cliente había presentado ese mismo día “ante las Autoridades Tributarias Competentes” una declaración “sin requerimiento previo” de la que resultó una deuda tributaria, “ya pagada”, por importe de 678.393, 72 euros, intereses y recargos incluidos. La comunicación letrada es lacónica e insuficiente: no indica el tributo afectado, ni la hacienda legitimada para el cobro, como tampoco la base imponible, la cuota resultante y el periodo en que se devengó el hecho sujeto a su posterior “regularización” (un concepto que no se menciona explícitamente en la nota de Sánchez-Junco). Quedémonos por ahora con un inciso del máximo interés: “Sin requerimiento previo”. Dicha expresión se menciona en el artículo 305.4 del Código Penal (CP), que tipifica el delito contra la Hacienda Pública.

Según fuentes autorizadas, las donaciones se habrían manifestado a través del uso durante tres años (2016-2018) de una tarjeta opaca vinculada a una cuenta perteneciente al multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo de Juan Carlos I. A dicha tarjeta se habrían cargado gastos particulares de diferente naturaleza: hoteles, viajes, restaurantes, transportes en Uber, compras en El Corte Inglés, clases de piano…

Como las donaciones serían posteriores a la abdicación del mal llamado Rey emérito, se habría extinguido su inviolabilidad, lo que explica la regularización fiscal

La identidad de los usuarios permanecía oculta detrás de un testaferro, un empleado militar ya retirado al servicio del anterior rey (el teniente coronel Nicolás Murga Mendoza). La Fiscalía del TS abrió las diligencias 12/2019, siendo investigado, en principio, solo Juan Carlos I. Posteriormente, los beneficiarios, aunque se desconocen los importes individualizados, habrían sido igualmente Sofía de Grecia, su hija la infanta Elena y los dos hijos de esta última. Por ello, las diligencias fiscales se ampliaron a dichos individuos. No constan los motivos de la generosidad de Sanginés-Krause, como tampoco el origen de los fondos ni el valor total de la liberalidad del americano. Como las donaciones serían posteriores a la abdicación del mal llamado Rey emérito, se habría extinguido su inviolabilidad, lo que explica la regularización fiscal aludida (sin nombrarla explícitamente) por el letrado Sánchez Junco. Ahora bien, no por eso la Fiscalía va a dar carpetazo inmediato a sus pesquisas. Por varios motivos, no siendo el menor de ellos las dudas sobre la “espontaneidad” de la regularización tributaria.

Cuando Juan Carlos I regularizó el 9 de diciembre, ignorábamos que la Fiscalía del TS ya le había notificado formalmente la apertura de sus diligencias. Dicha notificación se había realizado en noviembre. Esta circunstancia plantea una duda legítima sobre la validez de la regularización. El artículo 305.4 del Código Penal (CP) define la llamada “excusa absolutoria” del siguiente modo: “Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya producido por el obligado tributario el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de la deuda tributaria objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o […] interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realice actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

No cabe, por tanto, descartar que Juan Carlos I acabe en el banquillo de los acusados y sea condenado como autor de uno o varios delitos fiscales. Sin embargo, aunque su regularización no se estimara voluntaria o espontánea, el juez o tribunal tendría la facultad de reducir la pena en uno o dos grados siempre que el reo confesara íntegramente la realidad de los hechos.

La comisión de un delito fiscal se castiga con la pena de prisión de uno a cinco años, además de una multa del tanto a séxtuplo de la cuota defraudada, salvo que el contribuyente hubiera regularizado su situación tributaria de acuerdo con el apartado 4 ya mencionado. La pena mínima de prisión será de dos años y la multa mínima será del doble, cuando la cuota defraudada exceda de 600.000 euros o cuando se hubiera utilizado un paraíso fiscalo un testaferro para cometer el delito. Además, el autor del ilícito deberá hacer frente a la responsabilidad civil (la deuda tributaria pendiente y sus intereses de demora).

3.- ¿Un tesoro secreto en la isla de Jersey?

En los dos casos anteriores, las diligencias de los fiscales españoles han sido inducidas por un acicate “exterior”. Sus fuentes originarias fueron las confidencias de Corinna Larsen y las investigaciones previas de Yves Bertossa, fiscal del cantón de Ginebra. Sin embargo, las pesquisas de la Fiscalía del TS sobre los supuestos fondos de Juan Carlos I en la isla de Jersey, que para el Ministerio de Hacienda tiene la condición de paraíso fiscal, despegaron gracias a un estímulo interno. Los fiscales abrieron en este caso sus diligencias por una “alerta” emitida por el SEPBLAC, la unidad de Inteligencia financiera de España, adscrita al Ministerio de Economía. Algunos estiman que el cofre enterrado en las playas de la isla del Canal contiene en su interior unos doblones de oro que marean: diez millones de euros. Es un suponer.

Al margen de las posibles consecuencias criminales con las que deba pechar el Rey padre, en este momento me voy a detener, de forma exclusiva, en los hipotéticos efectos de naturaleza administrativa (en el orden tributario) que son capaces de alterar el equilibrio mental de Juan Carlos I. Desde esta perspectiva combinaré, por estar íntimamente vinculadas, las obligaciones formales y materiales que soportan los ciudadanos residentes en territorio español que sean titulares de bienes o derechos en el exterior. Partiré de la base de que dichas personas deben informar anualmente a la Agencia Tributaria (modelo 720) sobre el valor de esos bienes “trasterrados”. El plazo de declaración abarca el primer trimestre del año, respecto al ejercicio precedente.

A través de una reforma efectuada en octubre de 2012, la Ley General Tributaria (Disposición Adicional Decimoctava) estable la obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Constituye infracción muy grave “no presentar en plazo y presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la declaración informativa”. La infracción lleva aparejada la imposición de sanciones exorbitantes que, en algunos casos, pueden ser millonarias.

Las consecuencias económicas de esta regulación dual son salvajes para el infractor (por eso ha sido cuestionada por la Comisión Europea aunque siguen vigentes y son de obligado cumplimiento)

La reforma de 2012 también ha tenido efectos materiales en la imposición personal del contribuyente infractor. Así, el apartado 2 del artículo 39 de la Ley del IRPF dispone: “En todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base imponible general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptibles de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiere cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información” transcrita en el párrafo anterior.

Las consecuencias económicas de esta regulación dual son salvajes para el infractor (por eso ha sido cuestionada por la Comisión Europea aunque siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para todos los afectados). En el IRPF, el contribuyente descuidado dará un triple salto mortal: 1) la integración de la ganancia en la base imponible general significa la aplicación del tipo marginal máximo de la escala de gravamen; 2) la imputación de la ganancia al periodo impositivo más antiguo comporta, por el transcurso del tiempo, la liquidación más elevada por el devengo de intereses de demora; 3) de forma paralela, al contribuyente se le abrirá un expediente sancionador que concluirá con la imposición de una multa pecuniaria del 50% al 100% de la cuota no ingresada. Debe tenerse en cuenta que, a efectos de graduar la sanción, será determinante la cuantía de la deuda ocultada a la Agencia Tributaria.

Si sumamos a la cifra resultante las sanciones pecuniarias asociadas a la falta de declaración del modelo 720, la deuda total a ingresar puede duplicar el valor de los bienes en el extranjero. En el caso de Juan Carlos I, un posible tirón de orejas por la Agencia Tributaria acarrearía una pérdida económica cercana a los veinte millones de euros.

Pero no. No veo yo a Juan Carlos mendigando un plato de sopa en un albergue de las Hermanas de la Caridad.

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