A diferencia de la socialdemocracia de los países del norte y centro de Europa, el socialismo de los países del sur no ha terminado de entender que cuanto más se obstaculiza el despido más se penaliza la contratación y la eficiencia económica. La distancia entre los planteamientos socialistas racionales del mercado laboral y los de los socialistas de nuestro país, que ya era especialmente amplia, ha alcanzado cotas máximas desde la llegada al gobierno de una insólita coalición de socialistas y comunistas, a los que para más inri se les encomendó la gestión del ministerio de trabajo.
La reciente prohibición de despedir a las empresas que reciban algún tipo de ayuda estatal, al igual que prohibiciones análogas promulgadas durante la pandemia, es un ejemplo especialmente ilustrativo de la ideología laboral dañina, por contraproducente, de la coalición que nos gobierna. Contraproducente porque estas medidas terminan ocasionando más destrucción de puestos de trabajo y mayor desempleo de los que habría en su ausencia. Debería ser obvio que si las empresas que reciben ayudas deciden despedir es porque tanto lo uno como lo otro les ayudan a sobrevivir. Prohibirles despedir sólo servirá para aumentar la probabilidad de que muchas empresas desaparezcan, desperdiciándose así las ayudas desembolsadas y originándose pérdidas de empleo superiores a los despidos que se hubieran podido producir. Igualmente evidente debería ser que estas medidas desalentarán la creación de empresas y la expansión de empleo ante el temor de no poder ajustar sus plantillas si las cosas van peor de lo previsto. Para comprender mejor el sinsentido y la magnitud del daño que causan este tipo de medidas, y de forma más general, las graves consecuencias de los elevados costes de despido existentes en nuestro país, es menester profundizar algo más en el funcionamiento del mercado de trabajo.
En términos generales, en los países de la OCDE cada año se destruyen y se crean alrededor de un 15% del total de puestos de trabajo existentes al comienzo del año
El movimiento del número de parados en un determinado ejercicio resulta de la diferencia entre la variación de la población activa (la diferencia entre los contingentes que entran y salen de la misma) y la variación del empleo creado (la diferencia entre los puestos de trabajo creados y los puestos destruidos). Para ilustrar mejor el asunto que nos ocupa podemos prescindir de las variaciones de la población activa y concentrarnos en la variación del empleo, que en todo caso es la principal causa de los vaivenes del paro. Lo primero que hay que señalar al respecto es que los flujos de creación y destrucción de empleo a lo largo de un determinado periodo, por ejemplo un año, son mucho mayores de lo que la opinión pública (y la mayoría de políticos y más de un economista) piensa. Consideremos, por ejemplo, el año 2019, en el que según el INE el empleo creció un 2,7% y se crearon aproximadamente unos 400.000 puestos de trabajo.
Estos datos se refieren a la creación neta de empleo, esto es, a la diferencia entre el total de puestos de trabajo creados y los puestos destruidos. En realidad se crearon muchos más puestos de trabajo, alrededor de unos dos millones y medio y se destruyeron un poco más de dos millones. Esta destrucción se produjo a través de despidos y de la desaparición de empresas. En términos generales, en los países de la OCDE cada año se destruyen y se crean alrededor de un 15% del total de puestos de trabajo existentes al comienzo del año y se destruyen y se crean alrededor de un 10% del total de empresas, aumentando o disminuyendo el empleo según sean mayores o menores unas cifras u otras.
Este es el proceso de destrucción creadora que vislumbró Schumpeter y que se ha documentado empíricamente en fechas relativamente recientes, un proceso que constituye la maquinaria básica del crecimiento económico de un país. Todos los puestos de trabajo están expuestos en mayor o menor medida a continuas innovaciones técnicas o gerenciales y a cambios de las preferencias de los consumidores, alteraciones que modifican su productividad, su capacidad de producir los bienes y servicios que la sociedad demanda. Las empresas tienen que innovar continuamente para mantener o mejorar su beneficio e intentar así crecer o al menos sobrevivir. Las que mejor lo hacen ganan cuota en sus mercados correspondientes, otras que no lo hacen tan bien mantienen o reducen su tamaño y otras desaparecen.
Los puestos de trabajo que se destruyen son el correlato de los puestos de trabajo más productivos que se crean, ya sea en la misma empresa o en otras empresas del mismo o de otros sectores de actividad. Los puestos de trabajo destruidos son la contrapartida del crecimiento del empleo y de la productividad del país. Así pues, cuanto más se dificulta el despido, más se restringe la creación y la recomposición del empleo y demás recursos productivos hacia sus usos más eficientes, con lo que se limita el proceso de destrucción creadora y consecuentemente el aumento de la productividad y del nivel de vida del país. Por eso, no es una coincidencia que los países donde más liberalizado y menos costoso es el despido, los países escandinavos y los del centro de Europa por ceñirnos a la UE o los países anglosajones, son los que registran un mayor crecimiento de su renta per cápita y un menor nivel de paro.
En fin, esta medida es el último eslabón, por el momento, de una ya larga cadena de atropellos al empleo cometidos con las subidas acumuladas de salarios mínimos y cotizaciones sociales, así como con las múltiples rigideces instrumentadas por la contrarreforma laboral. Todo ello conforma una de las causas fundamentales de que el aumento de precios sea mayor y el crecimiento de la renta per cápita menor que los movimientos correspondientes en el promedio de países de la Unión Europea.
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