Hasta ahora se ha mantenido que la mejor forma de evitar una revolución es un Gobierno con una política social. Como si repartir unas subvenciones y ayudas—coste de Administración mediante— calmase y distrajese de los asuntos del poder y el Gobierno a un pueblo al que menosprecian y perciben lanar. Sólo una concepción clasista y socialista de los ciudadanos puede creer que somos una masa ignorante, despreocupada del sistema y sus consecuencias, dispuestos a pagar y aplaudir a una élite parásita, tiránica y corrupta, entretenida en rediseñar la conciencia social, incluso su memoria. Creen que todo lo abandonamos a cambio de que aprueben planes de estímulo (a la pobreza) y una paga para el último subsahariano barra-de-hierro-en-mano que asalte la frontera.
Pero, ¿cómo se evita una revolución cuando el pueblo, y aquí se incluye al que paga, no quiere una ayuda, sino dejar de ser atacado por leyes e instituciones que le expropian para legislar en su contra? Una subordinación existencial a un cambio climático, leyes de género, una inmigración suicida y una legislación en favor del delincuente que okupa la vivienda. ¿Qué paguita creen que tapa eso? Ninguna. Por eso se difunde el odio y el miedo a ser llamado peligroso populista, antidemócrata, si te manifiestas contra ello, si ejerces de ciudadano. Es curioso que la democracia moderna, que sólo algunos disfrutan viajando a EE.UU. en Falcon, está a salvo mientras el poder se mantenga alejado de un pueblo dedicado a pagar y callar. Antidemócrata el que no aplauda. Cuando el peligro y el problema es un ciudadano corriente que siente que ha de defenderse del sistema que mantiene, no parece que sea uno representativo del pueblo.
El sistema del ´78 en España no dota a los ciudadanos de las herramientas necesarias para protegerse de un Gobierno despótico, que lleva la vida de nuevo rico mientras legisla y actúa contra nuestros intereses como nación. Nada ha podido detener a Pedro Sánchez, que ha desvelado todas y cada una de las fisuras del sistema cavando hasta crear grietas estructurales. Muchos creen que el problema es él, no el PSOE, no un sistema que nos deja expuestos a los intereses y anhelos de un Presidente del Gobierno.
La falta de separación de poderes, la partitocracia y la multiplicación de Administraciones a través de las Autonomías mientras se divide hasta su desaparición lo común, España
En su propio origen la Constitución recogía y amparaba graves problemas actuales, que sólo necesitaban tiempo para revelar la insostenibilidad del sistema. La falta de separación de poderes, la partitocracia y la multiplicación de Administraciones a través de las Autonomías mientras se divide hasta su desaparición lo común, España. Quizá la última fortaleza que mantenía el sistema del ´78 era que molestaba a la ETA. Tanto que estuvo asesinando durante sus 40 años. Tanto que mató a 853 personas por ser españolas, para doblegar al Estado democrático. Militares y guardias civiles fueron asesinados en silencio, porque les convencieron que morir callados era lo necesario para el bien de la democracia.
Murieron para que hoy sus asesinos decidan la memoria de las víctimas. Ahora el PSOE ha aprobado en el Congreso la nueva Ley de Memoria. “Una memoria democrática más inclusiva y plural”, afirmaba el Organismo Estatal de El País. Poco les pagan. No hay mayor demostración que el terrorismo en España ha sido una vía efectiva para alcanzar objetivos, aunque no a la velocidad que deseaban.
A través de una mera Ley se declara de forma “explícita” la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas desde 1936, la nulidad de sus resoluciones y condenas, extendiendo la aplicación hasta 1983. Se pueda derogar las Leyes de Amnistía, se ceden unos inmuebles y se abre la puerta a la bilduesfera a nuestro presupuesto con el negocio de la memoria, que incluye a los argentinos de la justicia universal de Garzón.
Recibió el encargo, bien remunerado, de exhumar a 77 personas enterradas en el Valle de los Caídos. A pesar de que que tiene cargo público, también es impulsor de la asociación Aranzadi
Ha sido posible llegar hasta aquí posiblemente gracias a un hombre, Paco Etxeberria, experto en huesos, bilduetarra, que tiene despacho en Presidencia del Gobierno de España. El cerebro del gran chiringuito de la Memoria y del relato que defiende Otegi. Recibió el encargo, bien remunerado, de exhumar a 77 personas enterradas en el Valle de los Caídos. A pesar de que que tiene cargo público, también es impulsor de la asociación Aranzadi, una sociedad privada y sesgada que se lleva casi todas las subvenciones en País Vasco y Navarra relacionadas con la memoria: perpretan exposiciones pro etarras y elaboran informes blanqueadores del terrorismo. Parece que ETA está donde se conceden las subvenciones y donde se reciben, mientras decide el contenido de la Ley. No hay mayor poder que ése. Pagas tú.
Si el régimen del ´78 tiene en su seno a ETA legislando contra los muertos que causó, dictando la Memoria a sus víctimas mientras pagan su gran chiringuito de la Memoria, urge acabar con este régimen antiespañol y antidemocrático. Un régimen que obliga a obedecer una Ley dictada por Bildu no puede ser un sistema democrático. El poder no reside en el pueblo cuando lo ejercen sus enemigos. Un sistema en el que la legalidad la dicta la ETA no puede ser un sistema legítimo que deba mantenerse.
