Nos guste o no, nuestro desarrollo económico depende en gran medida de lo atractivo que nuestro sistema fiscal resulte. Un sistema fiscal razonablemente atractivo, que obviamente cubra suficientemente nuestros servicios públicos, ejercería una sana competencia frente a nuestros países vecinos, hablará de lo bien que gestionan nuestros gobernantes, retendrá inversores (a veces también llamados "ricos") y atraerá capital que buscará invertir mejor en España que en otros países. Lo contrario nos llevaría a una huida de capitales, talento, ingresos… de la que los mayores beneficiados serían nuestros países vecinos.
Que nuestro sistema fiscal gane en competitividad requiere que los impuestos no sean excesivos, pero otros ingredientes son también necesarios. Aunque a veces olvidados, muy importantes resultan tanto la estabilidad de las normas tributarias y los criterios administrativos y, sin duda, una mayor cooperación entre la Administración y los contribuyentes.
Creemos imprescindible y urgente que se afronte una amplia revisión de nuestro sistema fiscal que reduzca las cargas (de ricos y de pobres) y que ahonde en la relación de la Administración Tributaria y la estabilidad de las normas legales.
No resulta compatible con una mínima exigencia de seguridad jurídica que para enero de 2022, es decir ya pasado lo peor de la Covid y ajenos al estallido de la guerra en Ucrania, se hayan aprobado más de treinta modificaciones legales del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, modificaciones que nos afectan a todos los ciudadanos españoles, y eso solo en doce meses. Esta "hiperactividad normativa" que, es justo decir, se mantiene constante independientemente del color del Gobierno, carece de lógica, hace imposible estar "al día" con el Fisco y lo que resulta peor para nuestro país, proyecta una imagen de inseguridad y falta de fiabilidad que directamente nos descarta en muchas de las mesas en las que se deciden las inversiones.
Estamos de acuerdo en que las normas tributarias son elementos esenciales de nuestro sistema constitucional, pero, por ello mismo, no pueden estar sujetas a continuos y repetidos vaivenes y sus modificaciones -las imprescindibles- deben hacerse de forma pausada y con una antelación tal que permita su digestión pausada por los destinatarios o "sufridores".
La Administración no puede ver a los contribuyentes como una "banda de defraudadores" o como una "vaca a la que ordeñar"
Junto a la estabilidad, resulta igualmente necesario que se establezcan los mecanismos que permitan una relación más colaborativa y cercana entre los contribuyentes y las empresas. La Administración no puede ver a los contribuyentes como una "banda de defraudadores" o como una "vaca a la que ordeñar". La Administración debe entender que defraudadores haberlos haylos, pero son los menos y el fraude fiscal no es infinito. De igual forma, la Administración Tributaria no puede basar su relación con los contribuyentes en el mayor incentivo al funcionario que más recaude y mucho menos que esos bonus sólo se publiciten cuando lo exige un órgano judicial.
Es imprescindible un cambio de paradigma y el contribuyente debe poder dirigirse a la Administración y plantearle sus lógicas dudas y la Administración debe dar respuesta a las mismas de forma ágil, rápida, objetiva y garantizando que pasado un tiempo no se dirá "Diego donde se dijo digo".
La situación hoy por hoy está lejos de ser así. Con frecuencia, se critica la actitud fiscal de países como Holanda o Irlanda porque son demasiado "amigos de sus empresas", pero ya no hay que irse tan lejos y basta mirar a nuestra vecina Portugal para confirmar que una administración tributaria más "amigable" atrae contribuyentes, reduce el fraude y mejora las arcas públicas. Por el contrario, una sensación de hostilidad favorece el desafecto, el fraude y, por ende, la "huida" de capitales.
Por último, es necesario homogeneizar, pero a la baja, la carga fiscal. Que los "ricos" y los "grupos consolidados" sean una minoría no puede ser excusa para "arrearles" sin límite, porque debemos estar seguro que incluso ellos tienen un límite.
Estaría bien que todos fuéramos ricos o que todas las empresas españolas fueran grandes corporaciones, pero mientras no tengamos esa suerte (al saber le llaman suerte), no debemos caer en el recurso fácil de demonizarlos o de pedirles que ellos hagan todos los esfuerzos.
Se han aprobado más de 30 modificaciones legales del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. Proyecta una imagen de inseguridad y falta de fiabilidad que directamente nos descarta en muchas de las mesas en las que se deciden las inversiones
Sólo en el último año, los grupos multinacionales han visto como se les establecía una tributación mínima del 15% (cuando muchos de ellos todavía no se han recuperado de las pérdidas sufridas en las pasadas crisis), se les obligaba a pagar varias veces por lo mismo (sin límite) por los beneficios provenientes de otras sociedades, consagrando una doble, triple, cuádruple… imposición y que posiblemente acabará "tumbando" la Unión Europea; y por si todo lo anterior no resultase suficientemente desalentador, con motivo de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que recogen un récord de gasto público, se nos anuncia una vuelta de tuerca adicional que obligará a los grupos consolidados a pagar aún más Impuesto sobre Sociedades impidiendo que recuperen las pérdidas que sufrieron en años anteriores.
Está muy bien que se reduzca el tipo impositivo a las empresas de menos de un millón de ingresos, pero no parece equitativo que ese esfuerzo se haga exclusivamente a costa de las grandes fortunas o los grupos consolidados, pues de lo contrario muy probablemente nos quedemos sin "ricos" y sin "grandes grupos".
Hablar de "ricos" y de "pobres" puede que no sea una cosa del pasado (o sí…, que diría alguien), pero lo que sí es cosa del pasado es un sistema fiscal que penaliza a los ricos y a los grupos consolidados y unos Presupuestos que se muestran esplendidos en el gasto con unos, a costa del esfuerzo de una minoría.
Es bueno que haya "ricos", cuantos más, mejor; ojalá todos lo fuéramos y sería deseable que todas nuestras empresas sean "grupos consolidados", pero tanto lo uno como lo otro también depende de nuestros gobernantes y de momento no parece que destaquemos.
Raúl Salas es socio del Departamento Fiscal de RocaJunyent Madrid