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Guadalupe Sánchez

Opinión

La sentencia de los ERE desvela cómo se perpetuó el PSOE-A en el poder

La sentencia de los ERE describe, en forma palmaria, el diseño y creación por parte del PSOE andaluz de una trama financiera para mantenerse en el poder

El expresidente Manuel Chaves saluda a su llegada a la Audiencia de Sevilla.
El expresidente Manuel Chaves saluda a su llegada a la Audiencia de Sevilla. EFE

La sentencia de los ERE sí que ha supuesto un auténtico tsunami democrático, por mucho que el PSOE y sus pretendientes a gobernar en coalición nuestro país se empeñen en que miremos a otro lado. No han dudado ni en intentar establecer agravios comparativos con otros casos ni en minimizar la gravedad de los delitos y la trascendencia social que su comisión tuvo para el pueblo andaluz, auténtica víctima de los tejemanejes del socialismo para perpetuarse en el poder. 

Precisamente lo que relatan los hechos probados de la sentencia es la trama financiera creada por el PSOE-A desde la consejería de Empleo para aferrarse al gobierno. Se trata de una sentencia larga, farragosa y compleja, que yo no me podía permitir comentarles sin leerla primero y cuyo contenido voy a intentar explicarles más allá del dato de los años de condena, en un lenguaje apto para personas legas en Derecho. Para ello, me he permitido resumir el contenido de la sentencia en torno a las conocidas como seis “W” del periodismo.

Quién, qué y dónde

Todo el caso gira en torno a las ayudas que la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía creó con la finalidad, al menos sobre el papel, de garantizar un nivel mínimo de ingresos a los trabajadores andaluces afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), hasta que alcanzasen la jubilación.

Cómo y cuándo

Durante toda la década de los noventa, la ausencia de una norma específica sobre la forma en la que debían tramitarse y aprobarse estas ayudas, llevó a la Junta a acudir al sistema previsto para las subvenciones extraordinarias. La tramitación de estas subvenciones se fiscalizaba por la intervención de la consejería (una suerte de auditores internos).

Como consecuencia de esta fiscalización, se reveló que muchos de los expedientes presentaban graves deficiencias que hacían sospechar sobre el objetivo verdaderamente perseguido con la subvención: en lugar de ayudar a los trabajadores cuyos contratos se habían extinguido como consecuencia del ERE, se estaría ayudando a la empresa, algo que no sólo resultaba contrario a la propia finalidad de la subvención, sino a la normativa europea, que prohíbe las ayudas otorgadas por el Estado a empresas en la medida en que falsean la competencia.

Para la consejería de la Junta, este sistema de fiscalización y control sobre el destino de las ayudas dificultaba una resolución rápida de una situación que “alteraba la paz social de la Comunidad Autónoma”, por lo que decidió idear un sistema alternativo más “ágil”, que fue evolucionando en el tiempo hacia una mayor opacidad y ausencia alguna de control sobre los fondos, y que a la postre causó una merma millonaria en las arcas públicas de esa comunidad autónoma que no redundó ni mucho menos en un aumento de los ingresos de los trabajadores a los que supuestamente se debía ayudar.

A partir del año 2000 se aprobaron por parte de los condenados una serie de modificaciones en los presupuestos de la Junta que, bajo el pretexto de lograr una mayor rapidez en la concesión y pago de las ayudas, pretendían eludir los controles previos. Lo que se hizo, explicado de una manera entendible para el común de los mortales, fue sustituir al destinatario de los fondos: mientras que hasta el año 2000 los fondos se destinaban a empresas privadas con el objeto de crear empleo, a partir de ese año quien aparecía como destinatario era un organismo público, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego denominado IDEA).

La diferencia no es baladí, porque mientras que las transferencias a empresas privadas exigen que se confeccione un expediente en el que se acredite en qué se ha gastado concretamente ese dinero, las transferencias de financiación a entes dependientes de la Junta, como el IFA, no. Pero como para utilizar la transferencia de financiación es necesario acreditar primero que hay una pérdida que necesita ser financiada, introdujeron gastos ficticios en los presupuestos anuales de esta entidad a sabiendas de que no se iban a producir.

Así, por ejemplo, la sentencia relata cómo en la contabilidad del IFA aparece como concedida una ayuda de 257 millones de pesetas a una empresa a la que anteriormente, con el sistema de subvenciones extraordinarias, no se le había concedido por observar la intervención graves deficiencias en el expediente.

Esta empresa no era cualquiera: hablamos de la compañía Hijos de Andrés Molina SA, que fue adquirida por el Instituto de Fomento de Andalucía para posteriormente venderla a Campofrío (que también la vendió). Empresa que llegó a contar con más de 1.000 trabajadores y de la que hoy, a pesar de la ayuda recibida (sin que conste que ésta llegase a los trabajadores) apenas quedan hoy unos edificios ruinosos.

Pero la consejería fue un paso más allá, y utilizaron expedientes antiguos relativos a ayudas ya concedidas para otorgar nuevas ayudas, aún cuando se tratase de una empresa distinta, incluso cuando el crédito destinado a la transferencia de financiación ya se hubiese agotado. Los abonos de estas “ayudas” se realizaron sin ningún tipo de control. De hecho, ni tan siquiera tenían reflejo contable.

Para qué

Con este sistema, se enmascararon como transferencias destinadas a financiar las pérdidas de un ente público lo que en realidad era la conformación de una auténtica red clientelar a costa del erario público, al margen de cualquier tipo de procedimiento y eludiendo la fiscalización de ese dinero por parte de los distintos niveles de la Intervención, que denunció en reiteradas ocasiones la imposibilidad de conocer si las personas beneficiarias de las ayudas subvencionadas con los fondos públicos pertenecían a las plantillas de las empresas subvencionadas.

Por lo tanto, sí que hubo un enriquecimiento, pero no por medios directos, sino enrevesados y sibilinos, del que se beneficiaron no tanto los condenados directamente como del partido en el poder, el PSOE. Ese sistema de ayudas totalmente opaco, que redundó durante quince años en beneficio de personas del entorno del partido, colaboró sin duda alguna a que el partido socialista se perpetuarse en el poder. Algo que, qué duda cabe, no hizo daño a los bolsillos de los condenados.

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