En un artículo que escribí a finales del pasado mes de marzo, llamado “Abierta la veda judicial contra el Gobierno por el 8-M”, ya les advertía que las diligencias acordadas por el juzgado de instrucción nº 51 de Madrid iban a traer cola. No tanto por su recorrido penal (que está por ver), sino por su importancia a la hora de esclarecer los hechos que nos han llevado hasta este desastre nacional que tantas vidas humanas nos ha costado y tanta miseria nos va a traer.

El mismo día que el Ejecutivo nos inunda con publicidad institucional para convencernos de que de esta “salimos más fuertes”, el Poder Judicial nos recuerda dónde radica nuestra verdadera fortaleza como sociedad: en que todos seamos iguales ante la ley, tanto para exigir de ella como para responder ante ella.

Tal y como ya les adelanté en aquel artículo, a requerimiento de la juez de instrucción la Guardia Civil ha elaborado un informe que apunta a las posibles responsabilidades penales de Fernando Simón, el epidemiólogo de cabecera de Sánchez. Mientras que la vicepresidenta Carmen Calvo animaba a los ciudadanos a asistir a la manifestación del 8-M porque nos iba “la vida en ello” y Simón declaraba que, si su hijo le preguntaba sobre la posibilidad de acudir a la misma, le diría que hiciese lo que quisiera, el Gobierno suspendía congresos religiosos y de otra índole para prevenir contagios por coronavirus.

Ni siquiera la maquinaria de propaganda gubernamental ha podido evitar que el delegado del Gobierno de Madrid haya sido imputado por un delito de prevaricación y que Simón esté en el punto de mira judicial

Vamos, que el experto de referencia del Ejecutivo sirvió para que este presentase como científicas decisiones cuyo fundamento era meramente político. Aunque a estas alturas de la pandemia esta afirmación ya no resulta sorprendente y sólo es negada por quienes han hecho del sanchismo su credo, los que ya lo apuntábamos a mediados del mes de marzo fuimos tildados de miserables, entre otras muchas lindezas. Pero ni siquiera la maquinaria de propaganda gubernamental ha podido evitar que el delegado del Gobierno de Madrid haya sido imputado por un delito de prevaricación y que Simón esté en el punto de mira judicial.

Efectivamente, al informe de la Guardia Civil hay que unir la querella por homicidio imprudente que la abogada Verónica Suarez, del despacho SF Litigación, ha interpuesto contra Simón, con la que se persigue un pronunciamiento judicial de responsabilidad civil subsidiaria del Estado con fundamento en la responsabilidad criminal de uno de sus funcionarios. Los antecedentes jurisprudenciales en los que se sostiene son bien interesantes: por un lado, la sentencia del caso Madrid Arena y, por otro, la sentencia del 'caso Colza'.

Las maniobras del Gobierno para salvar a Simón obstaculizando la labor de los Tribunales no se han hecho esperar: Marlaska ha destituido al coronel Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid. Según denuncia el instituto armado, la destitución se debe a que el informe remitido al Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid apuntando a Simón no ha sido del gusto del ministerio del Interior, a quien Pérez de los Cobos se negó a facilitar información sobre el contenido de las diligencias, de carácter reservado. No me digan que no es irónico que quien esté intentado interferir en la actuación independiente de nuestros tribunales sea, precisamente, un exmagistrado. Espero que la toga le pese mucho si es que vuelve a ponérsela, Sr. Marlaska.

En cualquier caso, no está de más recordarle al señor ministro y antiguo miembro del Poder Judicial de nuestro país que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que los funcionarios de la policía judicial a quienes se les hubiera encomendado una investigación, no podrán ser removidos o apartados si no es por decisión o con la autorización del juez competente (art. 550).

No está de más recordarles a los socialistas que han incumplido con su compromiso de mantener las distancias políticas con aquellos que se niegan a condenar la sangre derramada por muchos compañeros 

Todos estos tejemanejes gubernamentales para evitar que el Poder Judicial les quiebre el relato y ventile las vergüenzas del 8-M son intolerables. Pero tras más de dos meses gobernando sin apenas contrapesos y de convertir la emergencia sanitaria en un pretexto con el que narcotizar la división de poderes y limitar arbitrariamente nuestras libertades, a mí ya no me sorprende nada. Y menos después de ver al PSOE pactar con Bildu. Porque ahora que tanto se habla del distanciamiento social para la prevención de contagios por coronavirus, no está de más recordarles a los socialistas que han incumplido con su compromiso de mantener las distancias políticas con aquéllos que se niegan a condenar la sangre derramada por muchos de sus compañeros de partido a manos del terrorismo etarra.

Dijo Friedrich Hebbel que “sólo cuando la casa arde se ve toda la miseria que había dentro. Entonces, hasta el rey se entera de que ha convivido con las ratas”. En nuestras manos está darnos por enterados.