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Andrea Mármol

Opinión

Torrent: contra el TC y el Estado viviremos mejor

Carles Puigdemont y Roger Torrent, en su reunión en Bruselas
Carles Puigdemont y Roger Torrent, en su reunión en Bruselas EFE

La jaleada ‘judicalización de la política’, siempre en boca de quienes tienen reservas a denunciar la gravedad y las consecuencias de situarse al margen de la ley cuando se es representante público, ha vuelto a protagonizar las crónicas de la temporada dos del ‘procés’. En España, curiosamente, que la Justicia actúe para poner coto a las arbitrariedades que pueden derivarse de la actuación de políticos irresponsables, lejos de tomarse como muestra del ejemplar funcionamiento del Estado de Derecho, da alas a la mirada indulgente con el incumplidor. Así, desde el inicio del desafío independentista, ha parecido como si el saltarse las leyes fuese un efecto colateral del siempre bondadoso e inocente 'hacer política'.

Son precedentes importantes, sobre todo durante los últimos días en que las noticias las han poblado la impericia del Gobierno para frustrar los planes del prófugo y su decisión -¡política!- de desoír las recomendaciones del Consejo de Estado. La convicción de que existía la obligación moral de hacer todo lo posible para impedir la enésima burla de Carles Puigdemont a la democracia española ha visto cuestionada su justificación en la opinión pública. La consecuencia conocida es la coincidencia temporal entre las críticas a la ‘judicalización’ y las disertaciones a cuentas de las extralimitaciones de la razón de Estado.

Para ello ha sido indispensable la fría hemeroteca y el traer a colación los reiterados desplantes de Puigdemont y compañía a los letrados de la cámara catalana. Con ello sobre la mesa, ha bastado para que algunos establezcan la simetría perfecta entre el móvil de las fuerzas separatistas, empeñadas, hoy como siempre, en buscar las grietas del Estado de Derecho que le permitan perpetrar su desafío al orden constitucional y la labor de quienes tratan de evitar la reiteración de ilegalidades dirigidas a vulnerar la unión y la igualdad de los españoles. En esa equiparación encuentran aliento los primeros.

Esa es la razón que explica que el nuevo presidente del Parlament Roger Torrent, de ERC, iniciase ayer su comparecencia con una beligerancia contra las instituciones del Estado que tuvo poco de tono conciliador: “El Estado ha mostrado una de sus caras más oscuras”. Una fuerza nítidamente separatista como ERC puede permitirse todo el margen de comodidad al realizar esas críticas, en las que encuentra la complicidad de sectores de Podemos, así como de la antigua Convergència. Ayer, ese discurso capaz de articular una mayoría distinta, al menos en la opinión pública catalana, se abrió paso.

Conviene no perder de vista que es el resultado electoral y no otra cosa lo que ha colocado a Torrent y a ERC en esta posición que algunos tardarán poco en alabar como adalid de la moderación"

“Qué malvadísimo y arbitrario es el TC y qué remedio nos queda que obedecer”, podría haber sido un buen resumen de las palabras de Torrent. Se intuye la vuelta a la vieja matraca victimista contra la democracia española que esta vez persigue el objetivo de obligar a los tribunales a constatar lo que ellos no pueden: que Puigdemont no será presidente de la Generalitat. En su comparecencia, no comunicada previamente a los socios de Junts Per Catalunya, se intuía una petición velada de que el expresidente huido abandone sus planes. Que las culpa es de España pero hasta aquí hemos llegado, una afirmación que subyace en el acto de ayer de Torrent y que en Podemos ya “aplaudieron”. Y esa sí es una primera escisión reveladora entre las filas independentistas.

Sin embargo, conviene no perder de vista que es el resultado electoral y no otra cosa lo que ha colocado a Torrent y a ERC en esta posición que algunos tardarán poco en alabar como adalid de la moderación. Es pertinente recordar que el actual presidente de la cámara fue el encargado de solicitar, en aquella infame sesión plenaria del 27 de octubre, una votación secreta para privar de sus derechos a todos los catalanes. No hay nada de convicción en sus denuncias a las carencias democráticas del Estado de Derecho que él mismo ha intentado derrocar desde las instituciones con gestas como aquella.

Sus críticas a la democracia española hay que interpretarlas, además de como algo inherente a todo proyecto que busque liquidarla, dentro de la batalla interna que los republicanos mantienen con Puigdemont. El amago de rectificación de Torrent no tiene que ver con el nuevo rumbo del independentismo, sino con una posición que han tenido que adoptar a la fuerza porque su actual adversario más cercano, Puigdemont, es quien ha hecho la apuesta más grande. Todo hace pensar que nada le hubiese gustado más a Torrent que llegar al día de ayer con esos papeles cambiados.

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