Hace ya unos cuantos años, cuando la inmigración ilegal desde el norte de África por vía marítima estaba centrada en el estrecho de Gibraltar, la Sociedad Española de Salvamento y Seguridad Marítima, Sasemar, decidió, tras no pocas discusiones y debates, que la recogida en la mar de esos inmigrantes no era de su competencia y que debía ser la Guardia Civil del Mar quien se hiciera cargo del problema. Un problema de orden público, de inmigración ilegal, no de salvamento marítimo. Los inmigrantes que utilizan la vía marítima no son náufragos a rescatar, sino personas que pretenden entrar en Europa sin cumplir las normas correspondientes.
En aquellos años, pongamos 2004-2008, las “empresas”, organizaciones con experiencia en actividades ilegales, dedicadas a embarcar a los migrantes que podían pagar el servicio, les proveían de embarcaciones precarias, botes, chalupas y esquifes (“pateras” las llamaron, y el nombre prosperó), que llegaban a las costas españolas sin problemas. Desembarcaban y los que podían se diseminaban por la zona antes de que la Guardia Civil los detuviera por entrar ilegalmente en el país.
Pasado el tiempo, esas empresas dedicadas a la inmigración ilegal de personas descubrieron que actuaban con más comodidad desde Libia que desde Marruecos o Argelia, donde la policía podía intervenir en su contra en función de las relaciones políticas con España y la Unión Europea. Libia es un país sin ley y sin Gobierno efectivo. Y descubrieron algo más importante. Si dotaban a las miles de personas procedentes de diferentes países africanos, que ansían llegar a Europa para intentar tener un futuro, de embarcaciones tan precarias que tienen el naufragio asegurado, por supuesto sin patrón o técnico en navegación alguno, el Derecho marítimo internacional las considerará náufragos y todos los buques que las avisten tendrán la obligación ineludible de salvarlas. Es más, los servicios SAR (Búsqueda y Salvamento) de los países del sur de Europa se movilizarán para impedir que perezcan en la mar.
Las mafias provocan la zozobra de las embarcaciones para que sus ocupantes sean considerados náufragos en aplicación del Derecho marítimo
Ya no serán por tanto un problema de inmigración ilegal, sino un problema de salvamento que cualquier demagogo podrá convertir en un problema humanitario. Así, por ejemplo, esa diputada de un partido de oposición al actual Gobierno del PSOE -Carmen Sibina, del partido de Podemos y Ada Colau- que amenaza desde Youtube con votar sistemáticamente contra el Gobierno del PSOE si el presidente Sánchez no permite que el remolcador Open Arms pueda salir a ejercer sus “tareas de observación y vigilancia en el Mediterráneo”. Esas empresas, pendientes del porvenir del negocio, no tuvieron empacho alguno en excitar las emociones de una parte de la opinión pública de los países europeos con el lanzamiento a la mar de algunas balsas de goma de manufactura desconocida, con decenas de personas a bordo, sin nadie entendido en navegación, con un motorcito programado para navegar 20, 30 o 40 millas mar adentro. Muchas de esas personas murieron ahogadas. Otras, con más suerte, fueron halladas por algún barco que las rescató o avisó a los servicios SAR de los países próximos para que las salvaran. Las fotos y vídeos de esos crímenes, debidamente difundidos y explotados, conmovieron a la opinión pública, como era de esperar. Y ahí entra el equipo de salvadores de Open Arms y otras organizaciones.
La lección de Derecho marítimo publicada hace unos días en NAUCHERglobal con la firma del capitán de la marina mercante y jurista de enorme prestigio, José Luis Gabaldón, distinguía entre la inmigración ilegal por vía marítima y el salvamento de náufragos; y daba cuenta de la norma de ius cogens, imperativo que no admite ningún matiz, de salvar las vidas en peligro en la mar cualquiera sea el origen de su situación. Que yo sepa, nadie -ni los gobiernos europeos que han cerrado sus puertos a la llegada de inmigrantes ilegales recogidos como náufragos, ni los partidos políticos que apoyan esa decisión- propone cambiar ese principio.
Cerrar los puertos no es ‘progresista’
El Gobierno de Pedro Sánchez decidió recientemente utilizar los mecanismos de control de la Administración marítima para impedir la salida del OPEN ARMS desde el puerto de Barcelona hacia las aguas próximas a la costa libia para recoger a las personas que las empresas lanzan a la mar, previo pago de varios miles de euros por el servicio. No quiso cerrar los puertos para no ser comparado con el Gobierno italiano o francés. De modo que, a riesgo de obligar a prevaricar a la Administración marítima, se le ocurrió no despachar de salida a los barcos.
No debería ser necesario insistir en la evidencia de que el Open Arms no realiza operaciones de búsqueda y salvamento de náufragos. Su pobre equipamiento náutico y la nula formación de los tripulantes en operaciones SAR le impiden realizar esa labor. Tampoco debería ser necesario poner negro sobre blanco que el viejo remolcador, que carece de certificado de clase, se limita a dirigirse al punto donde flota una curiosa balsa de goma a la deriva con un número indeterminado de personas a bordo, obviamente en peligro. Y, por supuesto, el Open Arms, como cualquier buque, tiene la obligación de auxiliar a esas personas si ello, dice la norma, no entraña peligro para sus tripulantes. Con los migrantes a bordo empieza la segunda parte de la misión, desembarcarlos en un puerto europeo. Quedan descartados los puertos africanos próximos, no sólo Libia, porque los náufragos se amotinarían. Ellos han hecho un sacrificio inmenso, han afrontado penalidades de todo tipo y han pagado a unos extorsionadores el dinero que les quedaba, con la esperanza de empezar una nueva vida en Europa. Así que, a Europa. Francia, Italia y Malta cierran sus puertos a la operación. Nos queda España, donde el pasado 4 de julio una expedición del Open Arms con 60 migrantes a bordo fue recibida en el puerto de Barcelona con alfombras y notoria irresponsabilidad. Y poco antes, el Aquarius, otro barco viejo y destartalado, entonces bandera de Gibraltar, que, como el Open Arms, si fuera un mercante digamos normal no podría navegar por falta de certificados y numerosas deficiencias, fue recibido, 600 migrantes a bordo, con alharaca y la clase política que milita en el buenismo y la inconsciencia fotografiándose a destajo. ¡Qué espectáculos!
Jueces y fiscales ‘progres’ no cuestionan el papel de las ‘empresas’ criminales, ni las deficiencias de un barco de ‘rescate’ que es una auténtica chatarra flotante
La detención del Open Arms por la Administración marítima ha gozado de una respuesta de jueces y fiscales progresistas que, apoyados en el recurso de alzada que el profesor Rodrigo de Larrucea presentó en la Capitanía de Barcelona el pasado 9 de enero, sostienen que el Open Arms salva vidas y que ante esa actividad decaen todos los argumentos de no conformidad. Y, claro está, niegan las razones de seguridad esgrimidas por la autoridad marítima. No entran en valorar el problema de la inmigración ilegal, ni las empresas criminales que lanzan al mar a las personas que ansían llegar a Europa para construirse un futuro -no son refugiados, ni huyen de guerra alguna, salvo excepciones; son migrantes económicos-, ni por supuesto, las numerosas deficiencias del barco, auténtica chatarra flotante que no alcanza a cumplir los mínimos de seguridad y prevención de la contaminación que prescriben las leyes. Tampoco se preguntan por la organización Proactiva Open Arms, armadora del remolcador, que ha recibido estos días la bonita cifra de medio millón de euros como donación/subvención del generoso Ayuntamiento de Barcelona, tan tacaño cuando se trata de financiar mejor la sanidad o la enseñanza municipal. Nada. Se limitan a martillear el flanco emocional de la sociedad: pobres migrantes, desesperados y desamparados, merecedores, claro que sí, de que los recojamos, los dejemos en un puerto español y luego los soltemos a su suerte, sin papeles, sin recursos, a lo que salga, sea trabajar de “manteros”, limosneros, traficantes o cualquier otra ocupación marginal.
Que Europa, no sólo Italia, condene el tráfico ilegal de inmigrantes y clame contra las mafias que los esquilman y los embarcan en esas curiosas neumáticas, sin ninguna posibilidad de llegar a buen puerto, no significa nada para los seguidores de la ofendida diputada Sibina. Según sus palabras, son los gobiernos, miserables y sinvergüenzas, los responsables del sufrimiento de los migrantes. Ni una palabra de los verdaderos culpables: esas empresas criminales a las que objetivamente ayudan las organizaciones tipo Open Arms. Y yo pregunto: ¿por qué la diputada y los jueces y los fiscales progresistas no piden directamente que abramos todas las fronteras al paso de la inmigración? Fuera vallas de Ceuta y Melilla, nada de controles en puertos y aeropuertos, abiertas todas las puertas. Con eso se acabaría el drama de quienes ansían instalarse en Europa asumiendo la condición de náufragos, un papel muy peligroso que muchos de ellos no han podido superar. Lo demás, incluida la cruzada por el vetusto y achacoso Open Arms, son sólo ganas de cultivar la hipocresía y alimentar la confusión. Recoger migrantes que pretenden llegar a Europa a través del mar no es dedicarse al salvamento de náufragos.
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