Cómo reparar nuestro edificio constitucional

La historia más reciente de España, la del siglo XXI, ha venido poniendo de manifiesto que cuando gobierna el socialismo el crecimiento de la economía decae, el desempleo, el gasto y la deuda pública se disparan y en consecuencia, los parámetros que determinan la comparación con el nivel de vida de la UE y los países ricos se deterioran sin cesar. Es el destino típico de los países que ponen la carreta delante de los bueyes.

En los países descarrilados más responsables -caso de Suecia– se vuelven a poner los bueyes delante de las carretas mientras se reparan los baches –obstáculos a la función empresarial– e incluso se asfaltan –competencia en los mercados públicos y privados– los caminos a la prosperidad para regresar a la senda del progreso económico y social. En otros como Argentina, y no digamos Venezuela, la política socialista se enroca en la pobreza convertida en su razón democrática de ser.

España, gracias a su memorable enclavamiento en el sistema monetario del euro y la irresponsable generosidad de su banco central financiando sin coste los despilfarros de países como el nuestro –un Estado fallido fuera del Euro- consigue mantener a duras penas un estatus cada vez más alejado de nuestro objetivo existencial -la convergencia con Europa- para compartir experiencias, que admiradas por el populismo gobernante, debieran avergonzar -lo que todavía no sucede- a una inmensa mayoría de españoles.

La pésima política económica socialista de la que asombrosamente presume el gobierno, cuyos resultados comparados con los países de referencia en materia de crecimiento, empleo y finanzas públicas no pueden ser peores, no es la única, ni posiblemente la peor noticia a medio plazo. El deterioro de nuestras instituciones, es decir las reglas de juego que vertebran nuestro sistema político, y condicionan –son el software del funcionamiento de los países– la calidad de nuestra democracia, es cada vez más urgente de reparar.

Con carácter enumerativo aunque no exhaustivo, un próximo gobierno, amén de reconducir la economía, el empleo y las cuentas públicas para regresar a Europa tras el insistente alejamiento –ni un solo año sin aumentar la distancia con la UE– protagonizado por Zapatero y Sánchez, estará obligado, si tenemos la suerte de que sea mínimamente responsable, a hacer lo contario que describiera Chesterton: “El negocio de los progresistas es seguir cometiendo errores; el de los conservadores, impedir que se corrijan”.

La calamitosa ruina económica que legó Zapatero fue salvada por Rajoy, que siendo un conservador al estilo Chesterton, arregló la economía, pero al contrario de Suecia, no realizó las necesarias reformas institucionales

El Suecia, las desastrosas consecuencias de las políticas socialistas de las décadas anteriores que generaron un crisis sinigual en los años noventa del pasado siglo fueron reparadas por un gobierno liberal. En España la calamitosa ruina económica que legó Zapatero fue salvada por Rajoy, que siendo un conservador al estilo Chesterton, arregló la economía, pero al contrario de Suecia, no realizó las reformas institucionales que evitaran nuevas crisis y fortalecieran el país.

He aquí un breve listado –no exhaustivo– de acciones institucionales que un gobierno liberal-conservador debiera afrontar para evitar que España siga fuera de la órbita –Sánchez nos ha hecho regresar al nivel de los años setenta del pasado siglo– del nivel de vida de la UE y recupere la dignidad institucional perdida:

• Justicia: Independencia del Poder Judicial –respetando la Constitución y las normas de la UE–, prohibición absoluta de las “puertas giratorias” y rapidez en las sentencias.
• Leyes: “Pocas y que se cumplan” –según recomendara Don Quijote a Sancho Panza– mediante el procedimiento utilizado en el Reino Unido y EEUU: “Two out & one in”, dos normas eliminadas para crear una nueva.

• Prohibición absoluta de las “leyes ómnibus”, en tanto que “cajones de sastre” en los que todo cabe.
• Limitadísimo uso de los “decretos ley”, una práctica abusiva del Estado de Derecho.
• El cumplimiento de la ley debe ser inexcusable y ejemplar

por los gobiernos, nacional y autonómicos

• Consejos asesores: Respeto escrupuloso de las recomendaciones del Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, etc por parte del Gobierno y el Parlamento.

• Educación: Inmediata restitución de sus sempiternos principios y valores morales, amén del establecimiento del cheque escolar –como en Suecia– para que sean los padres, y no los políticos, quienes determinen la educación de sus hijos.
• Pensiones: Reforma que garantice sus sostenibilidad y la firme exclusión de las nuevas generaciones en su financiación, siguiendo el modelo sueco.
• Transparencia: Suspensión cautelar de funciones de quienes rehúsen el cumplimiento de la ley.
• Administraciones públicas: Simetría de obligaciones con los ciudadanos, responsabilidad pecuniaria de los funcionarios y supresión –como en Suecia– de sus prebendas laborales.
• Reguladores de los mercados: Garantizar la excelencia de sus miembros y su independencia política.
• Dimensión del Gobierno: Severa limitación del número de ministerios, de sus altos cargos y de nombramientos y costes asociados de asesores políticos.
• Presupuesto base cero: Obligación de practicarlo con regularidad en todas las administraciones públicas.
• Subvenciones: Supresión de su aplicación a sindicatos, organizaciones empresariales, ONG´s, etc y generosa aplicación de deducciones fiscales al mecenazgo.

Mientras que estas reformas son explícitas, claras y seguramente compartidas por una amplia mayoría de la población, dejarlo todo como está no parece que sea muy defendible argumentalmente; solo sería una vergonzosa dejadez conservadora “chestertoniana”. En todo caso sería muy interesante debatir sobre todo lo enunciado, en vez de andar usando argumentos descalificadores carentes de contenido lógico ni empírico, como la recurrente apelación a la consigna de “extrema derecha” que decretara, en el verano de 1935, José Stalin con motivo de la VII reunión de la Internacional Comunista en la que se proclamó por primera vez el Frente Popular que hoy gobierna España.