Religión, concertados y públicos

A la actual ministra de Educación le preguntaron el pasado día 27 en el diario El Mundo lo siguiente: "La Religión ya no cuenta para la media ni para pedir becas. ¿Se dará en horario lectivo o será extraescolar, como pide Podemos?" La respuesta fue la siguiente: “Se debe impartir dentro del horario escolar.” “¿Y qué van a hacer los alumnos que no cursen Religión? continuó el periodista. Respuesta de la responsable ministerial: “No habrá una asignatura espejo. Corresponderá a los centros planificar actividades sin contenido curricular para que en ese tiempo no se pueda avanzar en otra materia”. Es decir, perder el tiempo.

Lo de que debe impartirse la Religión en horario escolar es una afirmación que no se corresponde con lo que debe ser un sistema educativo público en un Estado aconfesional. ¿Por qué se debe? Sería más exacto decir porque me da la gana. No se entiende que actividades que psicopedagogos consideran importantes para la formación integral de los alumnos, tales como ajedrez, música, teatro, hablar en público... figuren como actividades extraescolares y la religión ocupe un espacio en el horario escolar.

Si, por alguna razón, el profesor deja de cumplir alguna de la reglas a las que debe someterse el creyente, el obispado le da el cese y le paga la Administración pública

Imagino que todo el mundo sabe que los profesores que imparten esa materia acientífica –no hay quien demuestre científicamente lo que se enseña en esa “asignatura"- no están sometidos a ningún control de calidad. Son propuestos por el obispado de cada provincia y pagados por la misma administración que paga al resto de los profesores. Un profesor puede impartir Matemáticas o Filosofía sin necesidad de creer en la existencia de Dios, mientras que un profesor de Religión tiene que creer en esa existencia que solo avala la autoridad eclesiástica. Si, por alguna razón, el profesor deja de cumplir alguna de la reglas a las que debe someterse el creyente, el obispado le da el cese y le paga la Administración pública.

De todo ello se deduce que aquellos alumnos que no practican religión alguna estarán obligados a no aprender porque su horario escolar se encontrará congelado por las clases de religión. El sistema educativo español será el único sistema del mundo en el que se prohibirá que los alumnos aprendan durante unas horas semanales. Si aprenden algo, perjudican a los que están aprendiendo los misterios. Y si en un centro no tienen ni un solo alumno matriculado en religión, ¿qué hará ese centro con las horas libres? Y, luego, vienen las quejas sobre la baja clasificación que obtienen nuestros estudiantes en el informe PISA.

Elegir materias optativas

El “deber impartir” de la ministra explica y justifica la existencia de sacerdotes católicos en función de profesores en todas la facultades de Educación o de Magisterio en las que se forman los futuros maestros de primaria. Esos sacerdotes-profesores de Religión han entrado en la Universidad española por una puerta distinta por la que entra el resto de miembros de la plantilla universitaria. Forman parte de los respectivos departamentos y reciben su nómina de la administración competente. Los alumnos que, pudiendo elegir materias optativas que tengan alguna relación significativa con el grado que están estudiando, eligen religión lo hacen pensando en el futuro. Sin haber cursado la materia religiosa tienen muy difícil dar clases en un colegio concertado o privado de orientación católica.

Y así entramos en la segunda anomalía en la que se mueve el sistema educativo español. Normalmente, quien estudia magisterio está marcando su futuro laboral que no es otro que el de prestar sus servicios en uno de los muchos centros que pueblan nuestra geografía. Si quieren trabajar como funcionarios, no tienen otro camino que opositar para obtener plaza en las vacantes que las distintas administraciones autonómicas sacan a concurso regularmente. Saben muchos graduados que habiendo obtenido un brillante expediente a lo largo de su ciclo formativo, y habiendo obtenido una gran nota final en los exámenes de oposición, lo normal es que obtengan un aprobado sin plaza. Su destino es la lista de espera para obtener una interinidad cuando los necesite el sistema. Y también saben que otros graduados, que aprobaron por los pelos su graduación y que suspendieron en las oposiciones, comienzan a trabajar en centros concertados pagados por el erario público, pero contratados en función de los criterios, el capricho o la ideología religiosa de la dirección.

Ahora que los socialistas van a celebrar su Congreso Federal, sería una buena ocasión para que aprueben una resolución que obligue a las centros concertados a cubrir sus vacantes con profesores que hayan aprobado las oposiciones que convoque la administración. Imagino que todos aquellos que andan tan preocupados por el deterioro de la calidad educativa como consecuencia de la propuesta de que se eliminen las pruebas de recuperación, aplaudirán la idea de que las plazas de profesor sean ocupadas por graduados que hayan demostrado sus capacidades y méritos mediante la superación de las pruebas selectivas, independientemente de que sus respectivos destinos vayan a ser en centros públicos o en centros concertados. Seguir manteniendo el sistema diferenciado es ofrecer una enseñanza privada a precios irrisorios.