Una vez más, en monótona y frustrante repetición de un escenario que empieza a ser melancólicamente irritante, Pedro Sánchez intenta configurar una mayoría parlamentaria que le facilite la investidura cosiendo mimbres de urdimbre inverosímil. Empeñado en formar un Gobierno con comunistas dogmáticos para desarrollar un programa contrario a la racionalidad económica y a los fundamentos políticos de la democracia occidental, el éxito de esta empresa absurda depende a mayor abundamiento del consentimiento de fuerzas separatistas. Como es lógico, aquellos cuyo propósito indeclinable es la desaparición de España como Nación se afanan en aprovechar la ocasión que tan irresponsablemente se les brinda para avanzar en su disolvente objetivo. En este contexto disparatado, ha surgido un nombre evocador de otra pretensión fallida: Pedralbes. De hecho, el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, ha declarado que “Pedralbes” podría ser un “buen punto de partida” a la hora de estudiar su apoyo al candidato socialista.
En Diciembre de 2018, Pedro Sánchez y Quim Torra acordaron una Declaración bautizada con la denominación de este elegante barrio barcelonés en la que se manifestaron dispuestos al diálogo para resolver el “conflicto sobre el futuro de Cataluña” que ambos reconocían debía ser abordado para darle una “solución democrática”. En aquel breve texto, donde la palabra “Constitución” fue reemplazada por la indolora y blanda expresión “seguridad jurídica”, se comprometían a crear un doble nivel de interlocución, una mesa de partidos y otra de carácter institucional. En este doble foro las partes en presencia debían aportar propuestas que desembocaran en una fórmula aceptada por todos que, mediante las reformas legislativas oportunas, desatascase el enquistado conflicto. Por supuesto, el esquema planteado era tan claudicante -la inclusión de la figura de un relator fue la guinda de este pastel incomible- y encerraba tantos peligros para la unidad nacional que ni siquiera se puso en marcha ante la oleada de indignación que suscitó en las formaciones constitucionalistas y en la opinión pública en general.
Curiosamente, los tres actores principales de la función, el PSOE, UP y ERC, han perdido votos y escaños en el 10-N, lo que no refuerza precisamente su autoridad para llevar adelante el pretendido acuerdo
Ahora volvemos, un año después, a la casilla de arranque, sin que ninguno de los obstáculos que entonces imposibilitaron este viscoso enjuague haya desaparecido, sino que, por el contrario, se han agravado considerablemente. Curiosamente, los tres actores principales de la función, el PSOE, UP y ERC, han perdido votos y escaños en las recientes elecciones del 10-N, lo que no refuerza precisamente su autoridad para llevar adelante el pretendido acuerdo. Nadie sensato puede estar en contra del diálogo como método de hacer política, es más, la confrontación argumentada de ideas es una base imprescindible de la democracia. Sin embargo, hay negociaciones que, con independencia de su plasmación práctica, nacen viciadas por su propio contenido. Se puede discutir esta o aquella competencia, este o aquel tributo, esta o aquella infraestructura, pero hay cosas, pocas, pero esenciales, de las que no procede ni tan sólo hablar porque el mero hecho de ponerlas en cuestión resulta inaceptable.
Al borde de la inconstitucionalidad
Una mesa de partidos que busque caminos para que en Cataluña se celebre un referéndum de autodeterminación, que esta y no otra es la pretensión de los separatistas, no puede ni debe ser admitida por ninguna instancia que se quiera mantener dentro del orden constitucional y legal vigente. Hay cuestiones que no se prestan a la duda ni a la especulación, se asumen, se defienden y se respetan, sin más historias. El Estatuto de Autonomía de Cataluña actualmente vigente ya hubo de ser objeto de pulimiento por parte del Congreso y del Tribunal Constitucional y se encuentra en el límite de la inconstitucionalidad, por lo que cualquier extensión de su ámbito de autogobierno transformaría España en una desmembrada confederación en clara violación de nuestra Ley de leyes y de su existencia misma como entidad jurídico-política reconocible. Por tanto, si Sánchez resucita Pedralbes no podrá contar con la participación de partidos que representan el 45% de los escaños del Parlamento nacional y diez millones y medio de votantes, lo que convierte la operación en inútil.
La verdadera y aconsejable solución pasa por un pacto de partidos constitucionalistas que afronte la ofensiva separatista mediante la aplicación rigurosa e implacable de la legalidad y trace y ejecute un plan a largo plazo de desintoxicación de la sociedad catalana del veneno supremacista y totalitario que el nacionalismo fanático ha venido inoculándole desde hace cuatro décadas en las escuelas, en los medios domesticados, en la televisión y la radio públicas y en el riego de subvenciones. Todo lo que no sea el reconocimiento de la auténtica naturaleza del problema y el coraje para aplicar los remedios necesarios será perder el tiempo y poner en riesgo nuestra paz, nuestra prosperidad y nuestra libertad como españoles.
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