Reformas urgentes de las que no se hablará en los debates

Tras la huida en moto de la funesta realidad económica que está dejando atrás el socialismo del siglo XXI, anda ahora el presidente del gobierno avisando a sus seguidores de la amenaza de una vuelta atrás de sus conquistas si gobierna la derecha. Vistos los incuestionables datos recientemente recogidos en esta columna acerca de los “logros socialistas”: campeones del desempleo, del estancamiento económico, del endeudamiento y de la estatalización de la economía, lo peor que podría sucederle a España sería conservar tan pernicioso legado.

   Para Cherteston “el mundo moderno se ha dividido a sí mismo en conservadores y progresistas. El negocio de los progresistas está en seguir cometiendo errores. El negocio de los conservadores en impedir que los errores se corrijan”.

   Aunque esta inveterada costumbre ha estado arraigada en España y recientemente, tras los errores de Zapatero, el gobierno de Rajoy -salvo alguna pequeña reforma- los consolidó, asumiendo así la citada tesis; tras el pésimo legado de Sánchez, sería desastroso no salir de dicho círculo vicioso. No se trata, ahora, de remover solo las deplorables políticas de estos últimos años, sino también los vicios que han venido enquistándose  en nuestro sistema político y económico a lo largo del tiempo.

   En el ámbito institucional, sería una buena base de partida que un próximo gobierno del PP comenzara a aplicar, sin titubeos y de inmediato, su Plan de Calidad Institucional hecho público en enero; que aún incompleto, representa una oportunidad de regeneración de nuestro Estado de Derecho que establecería unas buenas bases de partida hacia un futuro esperanzador.

   En el materia económica, no se tienen noticias de reformas en profundidad en pos de la libertad de mercado, la reducción del excesivo peso del Estado y la negativa influencia de su exagerada proliferación legislativa en el quehacer económico, que frenan nuestro potencial de crecimiento y creación de empleo.  Más allá de las obligadas promesas de ciertas rebajas de impuestos y gastos públicos y quizás alguna pequeña revisión de la legislación laboral, que enviarían señales positivas a los inversores  y seguramente generarán confianza y un cierto crecimiento económico, lo que España necesita son reformas en profundidad que desatasquen los innumerables impedimentos al desarrollo de la función empresarial, liberando así las energías potenciales de una sociedad civil que cada vez que se ha enfrentado al libre mercado  ha respondido muy positivamente. El Plan de Liberalización –mal llamado, por razones políticas, de Estabilización– de 1959, la integración en el Mercado Común europeo en 1986 y la incorporación en el Sistema Monetario del Euro en 1999, fueron ambiciosos desafíos que se resolvieron con indudable éxito.

   Tras los desastres consumados por los gobiernos socialistas del siglo XXI, que nos han  hecho retroceder –no avanzar, como mentirosamente pretende el gobierno- más que nunca en la historia contemporánea, con una cierta recuperación intermedia con Rajoy; España necesita afrontar reformas de calado para recuperar un crecimiento económico y del empleo acorde con nuestras potencialidades.

   He aquí un listado de ellas, de las que apenas se habla, y que sin embargo posibilitarían -de aplicarse- el cambio transformador copernicano que impulsaría nuestra economía hacia metas de prosperidad económica y social inclusiva –más puestos de trabajo y mejor remunerados- frente a la realidad excluyente socialista basada en el estrangulamiento de la función empresarial y la expansión de la dependencia del Estado:

• Educación: Recuperación, a través de la exigencia, la disciplina, el esfuerzo, el mérito y la autoridad del profesor -previo reclutamiento entre los mejores alumnos, no entre  los peores como ahora– de su función de ascensor social.
• Mercado de trabajo: Implantación de la “mochila austriaca” con  cargo a recursos económicos de la UE, según la propuesta del Banco de España; prohibición de la cartelización –convenios colectivos sectoriales- de las relaciones laborales; desmonopolización sindical; suspensión temporal del salario mínimo hasta alcanzar el nivel medio de desempleo de la UE;  retirada de subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales junto con la implantación de deducciones fiscales a las cuotas de sus afiliados.
• Estado de Bienestar: Aplicación de las exitosas reformas suecas, que incluyen el cheque sanitario y el escolar, pensiones sin déficit e igualación de derechos laborales de los funcionarios públicos y asalariados privados, con excepciones como policía, jueces, defensa, etc.
• Proliferación legislativa: Aplicación del criterio anglosajón “one-in, two-out”, para desatascar la enfermiza y abusiva proliferación normativa de todas las administraciones públicas, que estarían obligadas a suprimir dos regulaciones previas para poder aprobar una nueva.
• Unidad de mercado: Supresión de todo tipo de obstáculos, incluidos los lingüísticos,  a la libre circulación de bienes y servicios en territorio nacional.
• Fiscalidad: Favorable al ahorro y el empleo, en vez de al consumo como hasta ahora; y sometimiento de las actuaciones de la Agencia Tributaria al Estado de Derecho.
• Presupuesto base cero: De aplicación obligatoria en todas las administraciones públicas, al menos en cada legislatura.
• Subvenciones públicas: Supresión paulatina y completa sustitución en un plazo de cinco años por deducciones fiscales al mecenazgo y las obras sociales de interés general. Los partidos políticos –para dar ejemplo- solo deben recibirlas para sus campañas electorales, en ningún caso para su funcionamiento orgánico, como hasta ahora.
• Innovación: Todas las políticas públicas deberán fomentarla, sobre todo la tecnológica, e incluso se puede plantear -solo durante un cierto y tasado periodo de tiempo- la existencia de una agencia, que a diferencia de las actuales sobre la regulación de la competencia, se dedique a perseguir -con la debida autoridad administrativa– los innumerables obstáculos a la libre entrada y salida de los mercados.

    Estas reformas, siendo racionalmente obvias y necesariamente beneficiosas para el bien común, es improbable que formen parte de los programas electorales y menos aún de los debates y mítines durante la próxima campaña.

   ¿Qué tal, si en los debates de televisión el guion estuviera conformado por los temas descritos? Una sociedad civil, madura y comprometida debiera exigir a sus políticos el tratamiento de estos temas serios, y examinarlos de ellos, frente a sus frases hechas e infantiloides al uso, evaluando así su comportamiento para votar en consecuencia.