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Agustín Valladolid

Opinión

Diez cosas que debiera hacer Sánchez en 2021 (y probablemente no hará)

Una profunda crisis de Gobierno, poner fin al frentismo intergeneracional o el definitivo cierre del Estado autonómico son algunas de las iniciativas que el presidente debería abordar en el presente ejercicio. Ah, y dejar de mentir

Pedro Sánchez, en La Moncloa.
Pedro Sánchez, en La Moncloa. EFE

Aceptando que este país no es la total calamidad que algunos dibujan sistemáticamente en blanco y negro, a lo que desde luego no se parece en nada es a ese otro que nos pinta cada dos por tres, en falso tecnicolor, la fábrica de eslóganes bobos que tiene instalada Iván Redondo en la Moncloa. “Este virus lo paramos unidos” (a la vista está); “Unos nuevos pactos de la Moncloa” (y nosotros sin enterarnos); “Salimos más fuertes” (como es evidente); “La nueva normalidad” (casi mejor nos quedamos con la vieja); “No dejaremos a nadie atrás” (pregunten ustedes por ahí); “España puede” (¿irse al carajo?)…

La política no es esto. La política merecedora de tal nombre no consiste, no debiera consistir, en utilizar de forma predominante las herramientas del poder para mantenerse en él o para ganar elecciones -especialidad de la mercadotecnia redondista-, sino para arreglar problemas en lugar de agravarlos o crearlos donde no los había. Ciertamente, en su descargo habrá de computarse la extraordinaria habilidad para promover conflictos extemporáneos y/o artificiales demostrada por sus socios de gobierno. La mala noticia para Pedro Sánchez es que, como jefe del Ejecutivo, él es el principal responsable de la tolerancia con la que se acepta sin más una práctica que abre imprudentemente viejas heridas, deshabilita el pacto generacional, solivianta a los escasos ministros competentes y cabrea a la Unión Europea.

Sería imperdonable no utilizar una parte de los fondos europeos para abordar una reforma que reconduzca la creciente ineficacia de las administraciones públicas

Sánchez sabrá hasta cuándo está dispuesto a sobrellevar como si tal cosa el contrastado talento de sus socios para ponerse de perfil frente a las malas noticias y, cuando vienen bien dadas, adelantarse a la jugada de la facción socialista del Gobierno para sacarle todo el jugo, en provecho propio, a la ubre de la propaganda gubernamental. Pero lo que no debiera mantener ni un solo minuto más es esa negligente pasividad ante unas maneras de hacer política que chocan día tras día con la realidad circundante y que acabarán por entorpecer la ya de por sí lenta recuperación de la economía, además de proyectar hacia el exterior una irritante imagen de desgobierno naif.

Pedro Sánchez no lo hará porque en su calendario no cabe ninguna acción que ponga en peligro la estabilidad del gobierno bipolar, al menos hasta el toque de corneta que anuncia el proceloso territorio que precede a las elecciones. Pero por si se da un golpe y recobra la sensatez, por si de repente cayera en la cuenta de que es prioritario restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, de los inversores en el futuro del país y las mínimas dosis de crédito y prestigio exigibles para pintar algo en el mundo, aquí van una decena de ideas:

1.- Crisis de Gobierno.- Aprovechando la salida de Salvador Illa (ejemplo, por cierto, de cómo un movimiento aparentemente inteligente puede acabar volviéndose en tu contra por una nefasta ejecución), Sánchez podría abordar una remodelación que incrementara la nómina gubernamental de buenos gestores y agradeciera los servicios prestados a quienes han alcanzado las más altas cotas de incompetencia o han demostrado una nula capacidad para el diálogo y la búsqueda de acuerdos: Celaá, Marlaska, Maroto, Rodríguez Uribes, Duque o González Laya (el último acuerdo sobre Gibraltar justificaría en cualquier otro país el cese inmediato de la titular de Exteriores) son perfectamente prescindibles. Junto a ello, Sánchez debiera liberar a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, de su martirio semanal como portavoz, enviar a poner orden en el partido a un José Luis Ábalos con plomo venezolano en las alas y colocar en Sanidad a un cualificado profesional del sector. En cuanto al ‘gobierno b’, que el patriarca Iglesias haga lo que quiera con su corte de los milagros.

2.- Mando único para la reconstrucción.- La confianza en que España, más allá de la propaganda, sea capaz de gastar con eficiencia los fondos de la Unión Europea, es mínima. Y cuanto más cerca del presidente estén los encargados del reparto, más se desplomará esa confianza. La elección de Nadia Calviño para coordinar desde un mando único el complejo proceso de reconstrucción, lejos de tentaciones partidistas y maniobras de mercachifles, mitigaría las dudas existentes sobre nuestra capacidad de gestión y probablemente ayudaría a engrasar la máquina de la burocracia europea.

El progresismo consiste en garantizar las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades de las que nosotros tuvimos

3.- Pactos de Estado.- En consonancia con los usos europeos más civilizados, y para concentrar todas las energías en la resolución de las crisis sanitaria y económica, el presidente del Gobierno debiera propiciar la pacificación del frente institucional abriendo la puerta a un gran pacto de Estado con la Oposición que incluya la renovación y reanimación de las instituciones, la resucitación de una política internacional que ha devenido párvula o la creación de un comité de sabios que proponga una ley de Educación desideologizada para su aprobación antes del fin de la legislatura, entre otros asuntos.

4.- Defensa de la Monarquía parlamentaria.- En esta misma línea, debería zanjarse de común acuerdo con la Oposición el debate sobre el modelo de Estado, legítimo pero absolutamente imprudente, además de trucado, en esta crítica situación. Paralelamente, sería muy conveniente reactivar la agenda de Felipe VI como primer embajador del país para reanimar una política exterior en estado comatoso.

5.- Reforma de la Administración.- La pandemia está poniendo de relieve con toda crudeza los enormes déficits de gestión de las administraciones públicas. El retroceso en la gestión de lo público hace tiempo que se convirtió en un problema de primer orden. Sólo el 27% de los altos funcionarios españoles considera que disfruta de la suficiente autonomía profesional (el 61% en los países de nuestro entorno), según los datos aportados por el profesor Salvador Parrado para el libro La calidad de las instituciones en España (Círculo de Empresarios). La ineficiencia de las administraciones es proporcional a su desmesurado tamaño. Sería imperdonable no utilizar una parte de los fondos europeos para abordar una ambiciosa reforma que mejore su eficacia y procure su despolitización.

La mudanza de un tono fronterizo con la refriega barriobajera hacia otro constructivo, es paso indispensable para el reencuentro de los ciudadanos con la política

6.- Reeditar el pacto intergeneracional.- El progresismo consiste en garantizar las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones tengan mejores oportunidades de las que nosotros tuvimos. Ningún gobierno que se autoproclame progresista puede, no ya tolerar, sino promover, como hacen algunos miembros de este, la confrontación entre generaciones. Urge la puesta en marcha de acciones que rectifiquen frontalmente las fracasadas políticas desarrolladas hasta la fecha en relación a los jóvenes (incluido el plan de choque actual) y que presten especial atención a la recuperación del empleo juvenil. La incapacidad demostrada por los sucesivos gobiernos y los agentes sociales, cuya prioridad ha sido defender a los que tienen algo que defender, queda confirmada por la trágica estadística que refleja que España sigue siendo el país de la OCDE con mayor paro entre los menores de 30 años. Y si bajamos el rango de edad a los 25, las cifras son aún más espeluznantes: un 43,9 % de paro, muy por encima del segundo (Italia: 32,1%) y a años luz del cuarto (Portugal: 26,3%).

7.- Recuperar la normalidad parlamentaria (sin esperar al fin del estado de alarma).- La pandemia no puede seguir siendo la perpetua excusa que justifique un Parlamento a medio gas. Con el crédito de la política rozando el alcantarillado, la recuperación de la actividad de las Cortes y la mudanza de un tono fronterizo con la refriega barriobajera hacia otro constructivo, son pasos indispensables para el reencuentro de los ciudadanos con la política y la evitación en un futuro de índices de abstención desconocidos en democracia.

8.- Cierre del Estado autonómico.- Indispensable, aunque no hay manera de transitar por este camino lleno de dificultades si no es con un amplio respaldo parlamentario. Menos aún si para los partidos nacionalistas que sostienen al Gobierno el mantenimiento de márgenes de reclamación suficientes para seguir justificando su propia existencia es el único recambio aceptable a la reivindicación de independencia de sus territorios. Y es precisamente este recurrente bucle, en el que se desarrolla el sistemático y no siempre pulcro cambio de cromos colindante en ocasiones con el chantaje, otro de los factores que ha contribuido de forma sostenida al descrédito de la política y de las instituciones. Dar los pasos necesarios para abordar el definitivo reparto competencial entre Estado y autonomías -incluyendo la restitución, al menos parcial, de algunas materias, principalmente las relacionadas con la Educación- debiera ser uno de los objetivos principales de cualquier gobierno que se marque como prioridad la regeneración de la convivencia interterritorial y de la democracia misma.

A excepción de los políticos británicos que desde una montaña de embustes promovieron el Brexit, no se conocen precedentes en la Europa democrática de tamaño menosprecio a la ciudadanía

9.- Garantizar la transparencia.- La transparencia no es un eslogan, es una obligación. No hay democracia consolidada que no rinda cuentas ante los ciudadanos con celeridad y transparencia. Como señala el profesor Víctor Lapuente en el libro antes citado, la demanda de información pública en España sufre dilaciones injustificadas, cuando no ocultaciones intolerables, lo que incrementa la distancia entre aquellos y las instituciones. “El problema es especialmente grave con la contratación pública”, subraya Lapuente. “Además -prosigue-, la propia elaboración de informes de control tan relevantes, como los llevados a cabo por el Tribunal de Cuentas, sufren notables retrasos que dificultan la rendición de cuentas tanto de las Administraciones Públicas como de los propios partidos políticos”.

10.- Desterrar la mentira de la práctica política.- Quizá el desiderátum de más difícil cumplimiento a la vista del reiterado uso que de tal práctica hacen el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros. A excepción de los políticos británicos que desde una montaña de embustes promovieron el Brexit, no se conocen precedentes en la Europa democrática de tamaño menosprecio, sin apenas consecuencias, a la ciudadanía.

Que tengan ustedes un buen año.

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