No se debe confundir la recuperación económica, el paso de una fase de caída o estancamiento de la actividad económica a otra de crecimiento económico, con la salida de la crisis. La recuperación económica se considera asentada tras dos o tres trimestres de variación positiva del PIB, una situación que la economía española alcanzará, según todas las previsiones, en el segundo semestre de este año. La salida de la crisis, sin embargo, no se producirá hasta que no se recupere el nivel de renta anterior a la misma, interpretación esta que coincide con la percepción popular. Según otra interpretación más exigente y rigurosa, la salida de la crisis no se produciría hasta que no se alcanzara el nivel del PIB que se habría conseguido en ausencia de la misma.
Evidentemente, sin crecimiento económico no se puede salir de la crisis, pero cuando la caída acumulada de la actividad ha sido profunda, el crecimiento necesario para salir de la misma ha de tener un vigor algo más que proporcional a dicha caída. Grosso modo, el tiempo necesario para superar la crisis vendrá dado por lo que tarde el crecimiento acumulado del PIB en superar por un cierto margen la caída acumulada durante la misma. Cuando un país, como le ha ocurrido a España en esta crisis, sufre una caída del PIB más intensa que la de los países de su entorno, es habitual que su recuperación económica inicial sea más viva que la de ésos otros países, lo que no implica que esté saliendo de la crisis más rápidamente que ellos.
España no recuperará su nivel pre-crisis hasta 2023, año en el que el ritmo de crecimiento se situaría en el 1,7% según las previsiones de nuestro banco central
Según las últimas previsiones del Banco de España, que coinciden en lo esencial con las que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional en su reunión de primavera (el FMI prevé algo más de crecimiento este año y algo menos el siguiente), el PIB español registraría ritmos de crecimiento del 6% y el 5,3% en 2021, y 2022 respectivamente. Si la realidad no mejora mucho estas previsiones, España no recuperará su nivel pre-crisis hasta 2023, año en el que el ritmo de crecimiento se situaría en el 1,7% según las previsiones de nuestro banco central.
Por contra, la UE lo alcanzaría en 2022 y Estados Unidos este mismo año. De hecho, según el consenso de previsiones, el PIB de Estados Unidos a finales de 2022 será un 6% mayor que el de 2019, superando incluso el nivel esperado para dicho año antes de la crisis. Este sería un ejemplo de salida de la crisis según la interpretación más exigente mencionada anteriormente.
Las previsiones anteriores parecen razonables a la luz de los acontecimientos sanitarios y económicos que conocemos a fecha de hoy. Cuentan con que España invertirá parte de los fondos europeos este año y en mayor medida el año próximo, de manera que aportarán uno y dos enteros porcentuales al crecimiento del PIB en 2021 y 2022 respectivamente. Si se cumplen estas previsiones, es obligado añadir, el resultado final sería desalentador para nuestro país, porque nos alejaremos aún más de la renta per cápita media de la UE y porque no recuperaremos los niveles de paro y empleo pre-crisis hasta el año 2025.
En lo que concierne a las reformas estructurales profundas, reformas en los ámbitos del mercado de trabajo, de las pensiones y de la fiscalidad, las especificaciones o bien son ambiguas o bien van en la mala dirección
Hay, empero, un supuesto tácito en estas previsiones que conviene desvelar. La disposición de fondos europeos va ligada a la realización de inversiones y reformas adecuadas, inversiones y reformas cuya instrumentación podría impulsar el avance del PIB por encima de lo previsto. Especialmente en el caso de las reformas, cuya contribución al crecimiento doblaría la de las inversiones, siempre y cuando fueran reformas profundas y atinadas. El Plan español de recuperación, transformación y resiliencia presentado por el Gobierno contiene muchas medidas de inversión bien orientadas.
Sin embargo, en lo que concierne a las reformas estructurales profundas, reformas en los ámbitos del mercado de trabajo, de las pensiones y de la fiscalidad, las especificaciones o bien son ambiguas o bien van en la mala dirección. Así, por ejemplo, supeditar la reforma del mercado de trabajo al acuerdo de los agentes sociales es el método más eficaz para perpetuar las disfunciones del mercado de trabajo o, peor aún, efectuar una contrarreforma muy negativa si finalmente se imponen las tesis sindicales y las ideas que merodean por el Ministerio de Trabajo.
Otro tanto ocurre con la subordinación de la reforma de pensiones al acuerdo del Pacto de Toledo, cuya contribución reciente más notoria ha sido volver a indiciar las pensiones al IPC. La situación es igualmente preocupante en el terreno de la reforma fiscal, en el que el documento citado, además de remitirla a la elaboración de un informe por un comité que se compondrá en su momento, apunta iniciativas que serían nocivas para el crecimiento del PIB y del empleo.
Así se explica, por la insuficiencia de reformas de calado y la amenaza de contrarreformas, que a pesar de toda la amplia batería de inversiones y medidas asociadas con los fondos europeos, los artífices de las previsiones señaladas nos anuncian un largo periodo para salir de la crisis, y la consiguiente caída en el escalafón de renta per cápita de la UE. También podría ser, no sería incompatible con lo anterior, que los analistas de las instituciones citadas avistaran un proceso electoral temprano, digamos en 2022, lo que imposibilitaría cualquier reforma de calado en el horizonte temporal de las previsiones.
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