Reconstrucción tras la destrucción

“El impulso de destruir también es un impulso creativo.” Mijaíl Bakunin

El 13 de mayo se reunió por vez primera la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, formada en el seno del Congreso de los Diputados. Según vamos conociendo las medidas económicas que el Gobierno va adoptando, su creación puede ser sin duda un acierto, pues la destrucción del tejido social y económico parece garantizada.

Por ceñirnos a las más recientes, el pasado día 16 de mayo el vicepresidente Iglesias se refería a la entrevista que la ministra de Trabajo, la señora Díaz, había concedido a El País. La concisión que exige Twitter obliga a centrarse en lanzar un titular, y este fue sencillo: es hora de cumplir con el art. 31 de la Constitución. La misma Constitución Española que instaura el 'régimen del 78', tan denostado hace no tanto por Podemos como cebo de incautos en los últimos tiempos.

Récord absoluto de gasto público

La ministra se refería al artículo de forma torticera, pues de sus declaraciones (recogidas en el tuit de Iglesias) se entiende que sólo le interesaba el primer epígrafe, y en ningún caso al segundo, tan importante como el anterior. Este establece la asignación equitativa de los recursos públicos, y como principios rectores del sistema fiscal los de eficiencia y economía. El primero de ellos supone lograr los objetivos con el menor número de recursos posible. En el último ejercicio cerrado, el de 2018, se recaudaron 208.685 millones de euros (equivalentes al 17.5% PIB), lo que supuso un récord histórico. De ellos, las rentas de los trabajadores aportaron 83.000 millones mediante el IRPF; las empresas, 25.000 millones; el IVA, impuesto que grava el consumo, 68.000 millones. Por otro lado, los impuestos al trabajo, distintos del IRPF, que financian las pensiones en particular y la Seguridad Social en general vía cotizaciones sociales, aportaron 115.000 millones. Al mismo tiempo, el gasto público de ese año marcó también un récord absoluto y superó los 500.000 millones de euros, el 42% del PIB.

Si el trabajador se considera mal pagado, sólo debe buscar otra empresa para negociar su nuevo salario. Si nadie se lo paga, no lo vale

España lleva 22 de los últimos 25 años con déficit en sus cuentas; eso impide tener ahorros para cuando vienen mal dadas, como ocurre hoy, y es insostenible desde todo punto de vista.

El IRPF es la joya de la corona sobre la que el Gobierno hace sus cábalas. Ahí es donde puede castigar 'a los ricos', que no son sino quienes más ingresan por su trabajo porque así lo consideran las empresas que se los pagan. Todos cobramos por el valor añadido que generamos, de forma que si un trabajador ingresa 120.000 euros es porque su empresa considera que lo vale, pues le genera al menos un euro más de lo que cuesta mantenerlo. Lo acuerdan libremente, y si el trabajador se considera mal pagado, sólo debe buscar otra empresa con la que negociar su nuevo salario. Si nadie se lo paga, no lo vale.

El impuesto es progresivo porque quien más cobra, más paga. Un asalariado “tipo” que cobre 65.000 euros pagaría un 19% sobre los primeros 12.450, un 24% sobre los siguientes 7.750, un 30% sobre los siguientes 15.000 y así sucesivamente, de acuerdo con la escala que anualmente publica Hacienda. En total, 20.151 euros, con un tipo medio 31%; casi uno de cada tres días estará trabajando para Hacienda, “el bien común”. A esta cantidad tendrá que añadirle, al menos, todo el IVA que paga, más los IBIs, los impuestos a los carburantes, los especiales, etc. Esa progresividad fiscal se traduce en que quienes más ganan con su salario son quienes más aportan a la “hucha” común. Así, resumiendo, el 21% de las declaraciones de más de 30.000€ de sueldo aporta el 75% de los ingresos del IRPF.

La inversión es la base de la creación de riqueza y de empleo. Si se deja de crear empresas, se deja de contratar a trabajadores, que dejan de pagar impuestos y pasan a vivir de la caridad del Gobierno

Cuando el Gobierno habla de aumentar la progresividad, está hablando de que paguen aún más las personas que más pagan. Y, si eso es un error desde todos los puntos de vista, más lo es en una situación como la actual, en la que se debería reducir el gasto público espurio, el dedicado a nada más que ganar votos, para destinarlo a ayudar a quienes más lo necesitan, tal y como explicaba aquí. Castigar “el patrimonio” es ineficaz (1.000 millones de recaudación) y desincentiva el ahorro, de forma que resulta mejor alquilar, gastar y no ahorrar. Eso lleva a una de las grandes paradojas: si subes mucho los impuestos, recaudas menos, porque la gente deja de tener incentivos para trabajar y para ahorrar e invertir. La inversión es la base de la creación de riqueza y de empleo. Si se deja de crear empresas, se deja de contratar a trabajadores, que dejan de pagar impuestos y pasan a vivir de la caridad del gobierno. Y a votarle, claro, porque ven quién les da, pero no quién les ha impedido trabajar. Que es el mismo, el Gobierno.

Así pues, una reforma fiscal que sólo invoque el apartado 1 del art. 31 CE es torticera. Para recaudar más, o el Gobierno aumenta el marginal por encima del 45% actual (falta añadir a este el tramo autonómico), o baja los salarios sobre los que se aplica, incrementando el número de “ricos” de forma artificial. Eso supondría confiscar la renta de los trabajadores. Y obviar el 31.2 CE, cuya aplicación actual ya se aleja hoy del principio de eficiencia.

El pacto con Bildu

Si de esto han trascurrido unos días, la última medida de calado data de la noche del miércoles. Con el pacto con Ciudadanos aún caliente, la portavoz del grupo socialista en el Congreso y número tres del PSOE, Adriana Lastra, firmaba con Unidas Podemos y con EH Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral vigente. No voy a entrar siquiera a valorar la inmoralidad que supone pactar con una formación que, en el momento de suscribir el acuerdo, seguía sin condenar el ataque a la vivienda de la líder de la formación socialista en el País Vasco. Si derogar la reforma laboral es grave en sí mismo, pues supuso darle la vuelta al gravísimo problema de desempleo creado tras la crisis de deuda de 2008, el segundo punto del acuerdo supone darle la puntilla definitiva a cualquier esperanza de recuperación en un plazo razonable de tiempo, al permitir mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del Covid-19.” Dado que todo el gasto en que se vaya a incurrir tendrá el sello “CoVID19-certified”, este punto supone cargarse el ya maltrecho pacto de estabilidad.

Somos varios quienes hemos propuesto alternativas a la política económica errática y ruinosa a la que nos lleva este Gobierno, que está gestionando la economía con el mismo rigor que la crisis sanitaria. Da igual cuáles sean las razones que hayan llevado a firmar el acuerdo. Da igual que se rasguen las vestiduras barones socialistas, presidentes autonómicos, ministros o ministras del Gobierno. Aquí nadie ha dimitido a la hora de escribir estas líneas, que es la forma de expresar el desacuerdo real con las medidas que el presidente Sánchez está imponiendo a la sociedad española. Si no hay una rectificación completa de la política económica del Gobierno, se superarán claramente los siete millones de parados que estimaba, hasta hoy, que cerraríamos el año. Nos enfrentamos a la mayor suspensión de pagos empresarial de la historia de España. Y, con ella, a la mayor de ningún estado en más de un siglo.