Una institución gubernamental, sea la que sea, debe representar a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideologías o sueños varios. Se entiende que ni la Generalitat es de ERC ni de Pere Aragonés como tampoco lo fue de Jordi Pujol, ni de nadie en concreto, pero sí de todos, puesto que es un organismo que debe velar por el bien común independientemente de quién ocupe el despacho presidencial. Ignoro si todo el mundo es consciente de lo que supone el servicio público, aunque no todos hacen gala de ello y francamente es un honor concedido por la ciudadanía el poderse dedicar a mejorar la vida de los ciudadanos.

Los independentistas pueden luchar por lo que quieren, con uñas y dientes, con todos los recursos que tengan a bien obtener pero no pueden hacerlo con el dinero de todos, porque eso es sencillamente aprovecharse de los demás, es cruzar una línea roja ética, moral y política que jamás nadie debería traspasarse. Evidentemente nos movemos entre lo que es legal o no, como con el debate de los indultos, pero a esta concesión legal y política se suma el coste económico que ha supuesto el procés y eso lo deben pagar los que se identifiquen o defiendan ese legítimo y respetable parecer, pero en absoluto todos los ciudadanos de Cataluña.

Sea del color que sean, es principio irrebatible que toda institución debe ser respetada y, por ende, es obvio que la gestión de los recursos públicos hacerse de manera ordenada, correcta y en el marco de la legalidad. Por primera vez en la historia, es la Generalitat quién cubre económicamente a los condenados por el proceso que se inició el 1 de octubre de 2017, y para ello ha creado un fondo de diez millones de euros a fin de afrontar el pago de la fianza que reclama el Tribunal de Cuentas. Sin entrar en la letra pequeña y en el detalle del asunto, lo que a cualquier ciudadano de a pie se le ocurre es preguntarse con Pla, "bien, vale pero todo esto, ¿quién lo paga?". ¿Quién paga esta fiesta?

Podría parecer que los independentistas meten la mano en la caja y no creo que en estos momentos les venga bien que les cuelguen ese cartel

A la vista de las extrañas maniobras que se están llevando a cabo, parece que el Govern pretende que la fiesta la paguemos todos. Eso no es justo. Podría parecer que los independentistas meten la mano en la caja y no creo que en estos momentos les venga bien que les cuelguen ese cartel. Más cuando tanto se jactan de que en sus 90 años de historia, ERC jamás a estado vinculado a caso sonado de corrupción como sí que lo estamos viviendo tras más de 20 años en el poder de Jordi Pujol, que confundió la Generalitat con su casa, que hizo de Cataluña su hogar.

Por muy legal que sea la creación de ese fondo, asunto aún por dilucidar, es importante que dejen claro quién paga la fiesta. No es argumento aceptable que afirmen ahora que ese dinero no sale directamente del contribuyente porque el simple hecho de que una institución se persone como salvador de una parte de la gente a la que representa echando mano de recursos de todos, no parece que sea una iniciativa aceptable. ¿Quién debe pagar la fiesta de los que quieren la independencia? Los que quieran separarse de España, sin duda. El run run de que los independentistas están metiendo la mano en la caja, están malversando fondos públicos no es argumento que les beneficie. Más bien, todo lo contrario. Cuídense.