Fernando Díaz Villanuevavozpopuli autores
Fernando Díaz Villanueva

Opinión

La purga de Marlaska

Viven instalados en la mentira, la manipulación y el autoritarismo pedestre como única estrategia de supervivencia política

Marlaska asegura que policías y guardias civiles cobrarán desde abril la subida de 2019 por el acuerdo de equiparación
Marlaska asegura que policías y guardias civiles cobrarán desde abril la subida de 2019 por el acuerdo de equiparación

Esta semana se filtró a la prensa un atestado de 83 páginas dirigido a Carmen Rodríguez Medel, jueza titular del juzgado número 51 de Madrid, que pone contra las cuerdas al Gobierno Sánchez y, en el camino, achicharra al director de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón y al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El informe no tiene desperdicio y viene a confirmar lo que muchos ya imaginábamos. Tan pronto como la primera semana marzo el Gobierno ya conocía la gravedad de la situación. Como consecuencia de eso mismo, denegó a una asociación de pastores evangélicos la celebración de un congreso en la Caja Mágica de Madrid en el que los organizadores preveían una asistencia de unas ocho mil personas. Tras un par de reuniones entre los pastores y el Gobierno, este último zanjó el asunto impidiendo el congreso porque, y esto es literal, el brote de covid-19 era ya una pandemia y no podían arriesgarse a autorizar lo que podía convertirse en un foco de contagio.

Hasta aquí todo correcto. Era una irresponsabilidad celebrar ningún tipo de congreso en esas fechas. Para el día de la última reunión, el 7 de marzo, en España ya se habían confirmado 525 casos y 10 muertos. Los dos indicadores se habían multiplicado por siete en una semana, por lo que era obvio que nos encontrábamos al comienzo de la curva exponencial de contagios. El problema es que, al tiempo que prohibían a los evangélicos celebrar su congreso, autorizaban otros actos multitudinarios como los partidos de Liga de ese fin de semana, el mitin de Vox en Vistalegre y la celebración por todo lo alto de las manifestaciones del 8-M en las principales ciudades del país. Unas manifestaciones que no sólo fueron autorizadas, sino activamente promovidas por el Gobierno a través de todos sus canales oficiales.

Franco, imputado

A partir de aquí, y al margen de las oportunas denuncias que de esto mismo se hicieron en la prensa, la Guardia Civil se puso a investigar a instancias de un juzgado actuando en condición de policía judicial. Había indicios de delito y se limitaron a hacer su trabajo. La investigación dio comienzo en el mes de abril, el día 8 la Guardia Civil remitió un oficio a la delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por José Manuel Franco, a quien solicitaban todas las comunicaciones sanitarias realizadas con anterioridad al 14 de marzo, día en el que se decretó el estado de alarma. El equipo de Franco se mostró sospechosamente reacio a colaborar con la investigación, lo que dio pie a la jueza a seguir indagando. Hoy José Manuel Franco, un socialista histórico muy cercano a Pedro Sánchez, se encuentra imputado en lo que se conoce ya como caso 8-M.

En este punto el escándalo -un escándalo por lo demás perfectamente anunciado porque no hace falta ser muy perspicaz ni estar especialmente bien informado para saber que el Gobierno actuó de manera partidista durante la semana previa al 8-M-, no podía más que ganar volumen e ir escalando en la cadena de mando hasta llegar a las puertas de Moncloa. Antes de que llegase hasta ahí el reguero de pólvora ardiendo el Gobierno decidió practicar un cortafuegos desatando una purga antológica en la Guardia Civil, algo que el propio ministro ha tenido la desfachatez de rebautizar como “nuevo impulso”. Si ese nuevo impulso es sacar de la circulación a un guardia civil con una hoja de servicios impecable como Pérez de los Cobos se trata de un nuevo impulso sí, pero hacia atrás o quizá hacia dentro, hacia dentro del propio Gobierno que, copado ya en todos los frentes, se repliega sobre sí mismo colocando a sus ministros en círculo encadenados en torno al líder como los desposados de las Navas de Tolosa que custodiaban la tienda del califa almohade.

Este tipo de sacrificio ritual Marlaska lo realiza especialmente convencido porque no es la primera vez que hace saltar las costuras de la Benemérita para dar satisfacción a su jefe. Nada más jurar como ministro cesó a Manuel Sánchez Corbí, jefe de la UCO, y hace menos de un año, con motivo del escrache a unas diputadas de Ciudadanos en el desfile del orgullo gay, ordenó elaborar precipitadamente un informe para desacreditar la denuncia y a las propias diputadas. Un informe cuajado de irregularidades y que ningún policía quiso avalar con su firma. En octubre del año pasado se lució para mal durante la ola de protestas violentas en Barcelona. Su imprevisión fue clamorosa, las unidades de antidisturbios quedaron expuestas en sus comisarías y se permitió durante días que los revoltosos campasen a sus anchas dejando la ciudad hecha un solar.

Lo siguiente ha sido impedir que la Guardia Civil colabore con un juzgado en las pesquisas sobre la actuación del Gobierno la semana previa al estallido de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia

Pero todo esto no sería más que un aperitivo del plato principal, que es el que el ministro nos ha servido con motivo de la crisis del coronavirus. Primero se enfangó en un empeño tan liberticida y desquiciado como vigilar las redes sociales para, en palabras de la propia Guardia Civil, “minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. Lo siguiente ha sido impedir que la Guardia Civil colabore con un juzgado en las pesquisas sobre la actuación del Gobierno la semana previa al estallido de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente, una crisis que ha dejado casi 30.000 muertos oficiales, cerca de 300.000 contagios y ha abocado a la economía nacional a una crisis de la que no sabemos cómo vamos a salir.

En su voluntad suicida de proteger a Pedro Sánchez ha terminado por calcinarse él mismo y, de paso, calcinar la poca credibilidad que le quedaba. En rigor Fernando Grande-Marlaska no debería seguir ni un minuto más como ministro de Interior, tampoco debería hacerlo Salvador Illa como ministro de Sanidad, ni Fernando Simón como coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Eso en rigor, pero el rigor no es algo que este Gobierno practique en ninguna de sus formas. Viven instalados en la mentira, la manipulación y el autoritarismo pedestre como única estrategia de supervivencia política. Un cortoplacismo en grado extremo que no servirá de gran cosa porque la verdad siempre termina por abrirse camino. Es sólo cuestión de tiempo, de no mucho tiempo, hasta que esta apresurada carrera hacia ningún sitio toque a su fin.

Últimas noticias

Recibe cada mañana nuestra selección informativa

Acepto la política de privacidad


Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba