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Agustín Valladolid

Opinión

Lengua, chantaje y terrorismo

¿Existe alguna relación entre la política lingüística del nacionalismo catalán y los atentados de Las Ramblas y Cambrils? La respuesta es sí

Imagen de archivo de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona
Imagen de archivo de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona

En los llamados “años de plomo”, había una frase que repetían los policías y guardias civiles destinados en misiones antiterroristas que decía más o menos: “Los comandos de ETA por la mañana matan en España y por la noche duermen en Francia”. Tal cual. Está por contar con detalle el largo proceso que acabó con el llamado “santuario francés”. Y la intrahistoria de los hombres y mujeres que lograron con su dedicación modificar radicalmente la nefasta política practicada por las autoridades galas -cero colaboración- hasta bien entrados los años 80.

Fue en el arranque de la década de los 90 cuando las relaciones con Francia en materia de lucha antiterrorista dieron un vuelco radical. Decenas de policías y guardias civiles colaboraban al otro lado de la frontera con sus colegas franceses. En los operativos más importantes desarrollados en el sur de Francia llegaron a participar varios centenares de agentes españoles. El 29 de marzo de 1992 se detenía a la dirección de ETA en Bidart. Pocos meses después, las Olimpiadas de Barcelona se celebraban con brillantez, y la Exposición Universal de Sevilla se desarrollaba sin un solo incidente de consideración.

A pesar del golpe, ETA lo siguió intentando. Hizo todo lo posible por destruir la imagen de España sembrando de muertos las instalaciones deportivas de la Ciudad Condal y los pabellones de la Isla de La Cartuja. Pero no pudo. Cuando el 12 de octubre los Reyes clausuraron la Expo 92 en la capital andaluza, dejando atrás meses de alta tensión, de noches enteras de insomnio, nuestro país volvió a mirarse de frente en el espejo. El primer éxito de gestión con proyección internacional tras siglos de decadencia y los desastres de finales del XIX y primeros del siglo XX, rematados para nuestra inconsolable desgracia con una atroz guerra civil.

Está acreditado que Jordi Pujol favoreció la reagrupación familiar de los emigrantes magrebíes y frenó la de los latinos, que traían el español de serie

Pero el 92 supuso mucho más que un éxito reputacional de primer orden: fue la consagración de una forma de hacer política, de un modelo de reconciliación que consiguió reunir a una rotunda mayoría de españoles alrededor de un proyecto común: la Transición. Fue también la mejor tarjeta de visita de nuestras capacidades y la brida que retardó los plazos rupturistas del nacionalismo, aunque entonces no nos diéramos cuenta de la transcendencia del momento. Hay pocas dudas de que Barcelona 92 fue una mala noticia para los planes del pujolismo y el nacionalismo excluyente, que se habían preparado para rentabilizar el sabotaje de los Juegos Olímpicos planeado por los violentos.

Y es que la metáfora del árbol y las nueces no solo se aplicaba en el País Vasco. También en Cataluña se produjo un reparto de papeles similar. La diferencia es que los cachorros del nacionalismo catalán nunca lograron la misma autonomía de acción que sus colegas vascos y, a diferencia de ETA, Terra Lliure se acabó cuando la burguesía nacionalista catalana quiso que se acabara. Ni un minuto después. Obviamente, a cambio de nuevas concesiones del Estado y de la promesa de radicalización en determinadas áreas de gestión en manos de la Generalitat. Entre ellas, la de la política lingüística. La obsesión por arrinconar el castellano, por destruirlo como herramienta de integración, viene de lejos. Es más, siempre fue uno de los ejes fundamentales de la ruta soberanista hacia la independencia. El problema es que este proceso, además de los efectos más visibles de confrontación social, ha tenido consecuencias colaterales aún más dramáticas.  

La utilización torcida de la lengua produce monstruos 

Está acreditado que Jordi Pujol dio instrucciones para que se favoreciera la reagrupación familiar de los emigrantes magrebíes, en su mayoría francófonos, a cambio de que estudiaran preferentemente el catalán en lugar del castellano. En paralelo, la orden fue ralentizar las solicitudes que en el mismo sentido hicieran los ciudadanos procedentes de Iberoamérica, que traían el español de serie y no necesitaban aprender otra lengua para hacer vida normal (“A los hispanohablantes les cuesta entender la catalanidad”, dijo el president en cierta ocasión). Una de las consecuencias de aquella política ha sido que más de la mitad de las mezquitas salafistas de España han acabado instalándose en Cataluña, convertida desde hace años en una de las principales preocupaciones de los servicios de inteligencia que persiguen en territorio europeo al terrorismo islamista radical.

Los atentados de agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils, que ahora se juzgan en la Audiencia Nacional, no fueron una casualidad. Como no lo fue que uno de los organizadores y autores materiales de los atentados de las Torres Gemelas, Mohamed Atta, fuera detectado en Salou solo un par de meses antes de aquel infausto 11 de septiembre de 2001. Por mucho que se quiera esconder, hay un hilo que conecta la política lingüística practicada por el nacionalismo, en Cataluña y el País Vasco, con la cara más violenta de la intolerancia, algo que no parecen haber tenido en cuenta quienes acaban de arrebatar a los ciudadanos de Cataluña una íntima porción de su libertad y el derecho a reclamar ante los tribunales que sus hijos sean educados según el espíritu y la letra de la Constitución.

La mitad de las mezquitas salafistas de España están en Cataluña, una de las grandes preocupaciones de los servicios que investigan el terrorismo islamista radical

La utilización retorcida de la lengua produce monstruos. Unos destructivos, otros más sutiles pero permanentes; ambos hijos de una pulsión autoritaria camuflada de un victimismo tan patético como eficaz. La aceptación por parte del Gobierno de un nuevo chantaje por el que el aprendizaje del español queda irreversiblemente equiparado en la escuela catalana al de cualquier lengua extranjera, supone un intolerable acto de violencia, se dirá que de baja intensidad, pero de violencia, por cuanto se sustrae a muchos catalanes, con nocturnidad y sin posibilidad de réplica, un derecho constitucional de primer orden, haciéndole de paso el juego con esa actitud claudicante a una extrema derecha a la que estas agresiones a la igualdad nutren en lugar de debilitar.

En 1992, la emoción no solo estaba en los estadios; también las calles ofrecían un espectáculo portentoso. La senyera, la bandera de Barcelona y la española convivían en los balcones sin mayor problema y la capital catalana exhibía con legítimo orgullo esa masiva demostración de concordia y pluralidad, cualidades de las que aquella Cataluña siempre fue alumna aventajada. Hoy apenas hay rastro visible de esos prodigios. La política lingüística y los medios de comunicación públicos, asaltados por el nacionalismo, han hecho a conciencia su desolador trabajo. Con la complicidad de los sucesivos gobiernos del Estado. También de este.

La Ley Celaá, en lo que al castellano se refiere, es un amargo canto a la desmemoria. No protege derechos, los destruye, y bendice el uso de la lengua como instrumento de discriminación y no de pacífica convivencia. Todo muy de izquierdas.

La postdata: triste Gobierno

Julio Carabaña*, sobre el “pisoteo” del español en la Ley Celaá: “Para la opinión pública, la actitud del Gobierno es simplemente una ofensa intelectual: ¿acaso nos toma por tontos? Para los militantes del Partido Socialista es además una ofensa moral: cuesta pensar que los haya capaces de defender, sin sonrojo o con él, que su partido antepone a todo el bien de los alumnos, pero que esa altura de miras es aprovechada sectariamente por los separatistas. Es triste que el Gobierno de España se ponga en ridículo recurriendo a argumentos tan lamentables, y muy grave que revele con ello que le avergüenza confesar sus motivos reales” (El Mundo, 23/11/2020).

(*) Julio Carabaña es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Educación. En 1983 fue nombrado asesor de José María Maravall, ministro de Educación en el primer Gobierno de Felipe González.

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