Lee uno el listado de nuevos delitos que el Gobierno se propone castigar con pena de Cadena Perpetua Televisiva (de nombre oficial “Prisión Permanente Revisable”) y no le queda otro remedio que pensar que algunos de los nuevos supuestos han sido redactados cortando y pegando portadas de informativos recientes. En caliente, se llama eso, y es justo lo que cualquier jurista cabal le certificará que no debe hacerse jamás.
Pero es que, cuando el propio Gobierno, a través de su ministro de Justicia, se escuda en las encuestas e, incluso, por boca de su portavoz, apela a la existencia de peticiones en páginas de internet, léase Change.org, como razón suficiente para justificar un cambio penal tan relevante, abre una caja de pandora de contenidos futuros muy inquietantes. La voz indignada del pueblo, impactado legítima y humanamente por delitos terribles y recientes, es un camino muy peligroso desde el punto de vista penal. Y, desde luego, es contrario al funcionamiento de una justicia basada en el Derecho. Nada menos que en 1764 Cesare Beccaria en su imprescindible De los delitos y de las penas ya reconoce entre otros muchos conceptos básicos de una justicia democrática, de los que parece que nos estemos olvidando, que lo que realmente disuade al delincuente es la seguridad de recibir el castigo, no la gravedad de este.
Cuando el propio Gobierno se escuda en las encuestas o apela a la existencia de peticiones en páginas de internet para agravar las penas, está abriendo la puerta de una inquietante caja de pandora
Ponerse detrás de las familias que han sufrido mazazos tan terribles para ver lo que se pesca electoralmente, no es solo que resulte vomitivamente evidente, sino que legitimaría que mañana, a la luz de otros titulares e indignaciones, se recojan firmas para que, por ejemplo, a los menores delincuentes se les prive de su condición de niños y se les destruya legalmente en vida si cometen un delito que conlleve grandes titulares. Es posible incluso que la misma página de peticiones en internet, a la que Méndez de Vigo se aferra hoy, pueda recoger mañana firmas para determinar lo que se debería hacer con los políticos que roban y con los que todavía no se sabe si han robado o no, pero se sospecha (que pedir es libre) y puede que eso lo firmasen también cientos de miles de personas, también muy indignadas. Pero mucho.
Escuchar, atender y cuidar de las víctimas no puede significar convertirlas en jueces. Menos aún se puede hacer un espectáculo de su dolor. Es comprensible mostrar emoción y también lo es que exista la tentación de reaccionar en medio de la lógica ira. Pero un responsable público ha de ser capaz de resistirla y mantener la calma. Las violaciones las han de juzgar los jueces con la Ley en la mano, no los padres de las violadas, ni las madres de los violadores, ambos con sus corazones rotos.
Una cosa es escuchar, atender y cuidar de las víctimas, y otra convertirlas en jueces. Como tampoco es admisible transformar su dolor en un espectáculo cotidiano
Según los datos del propio Ministerio de Interior la tasa de criminalidad en España sigue cayendo, afortunadamente. Los informes de la ONU confirman que estamos mejor que Francia, Bélgica, y que nuestra admirada Alemania. Solo Austria y los Países Bajos nos mejoran en Europa. Así que no hay otro motivo que la indignación popular y la inquietud electoral para poner en marcha este desafuero penal tan inútil como antiguo. Porque recordemos que el formato justiciero de muchedumbre enfurecida no tiene nada de nuevo. Poncio Pilato, ciudadano romano culto y conocedor de la Ley, como se requería para ser Prefecto de una provincia del Imperio, ya tuvo que verse con los vociferantes que le exigían incumplir la norma y atenerse a la voluntad de la plaza, ruidosamente expresada. Hizo lo que le gritaron y les recuerdo que no pasó a la historia con demasiada gloria.
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