Santiago Cantera, prior de la abadía del Valle de los Caídos, donde se encuentran enterradas miles de víctimas de la Guerra Civil junto a sus verdugos, además del dictador Franco y José Antonio Primo de Rivera, debe de pensar que los representantes elegidos por los españoles son peccata minuta. Convocado a comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado este lunes, para que explique su reticencia a permitir la exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, en cumplimiento de una sentencia judicial apoyada en la Ley de Memoria Histórica, ha escrito al presidente de dicha comisión diciendo que no se presentará en la Cámara Alta y que, si los senadores quieren verle, que les espera en el Valle de los Caídos. Vamos, que recibe en su domicilio.
El prior benedictino tiene en contra a la Abogacía del Estado y a Patrimonio Nacional, propietario de Cuelgamuros, que le ha recordado que el cementerio allí existente es público. Pero se apoya, según cuenta en su carta, en una “medida cautelarísima” de la Audiencia Nacional, que detuvo las pretendidas exhumaciones por si no se garantizaba la conservación de los demás restos allí existentes.
El prior Cantera debería tentarse un poco más los hábitos y quizá abstenerse de ponerlos como excusa y pretendido privilegio"
La justicia, como en otros muchos ámbitos, seguirá su curso. Pero lo que llama la atención no es ya la contumacia del prior en impedir que unas personas puedan recuperar los restos de sus familiares, sino el poderío con el que contesta a los representantes del pueblo, en esta especie de juego de en tu casa o en la mía, en el que él va de reina madre que pasa de acudir a la sede de la soberanía popular escudándose nada menos que en su “condición de religioso” y en sus “deberes al frente del monasterio”, como si los senadores no tuvieran mejor cosa que hacer que apuntarse a un tour Valle de los Caídos-El Escorial.
Al no ser un cargo público no tiene obligación estricta de acudir al llamamiento de la Comisión del Senado. Pero, si el cementerio es público, como le recuerdan Patrimonio y la Abogacía del Estado, debería tentarse un poco más los hábitos, y quizá abstenerse de ponerlos como excusa y pretendido privilegio.
Él y sus monjes, superando la Regla y el ora et labora recomendado por su fundador, gestionan los beneficios del restaurante, la cafetería y la hospedería del monasterio, y reciben al año 340.000 euros del Estado.
Que la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, diga que el Gobierno es partidario de renovar el convenio con la Basílica, que data de 1958, dado “el nuevo marco constitucional” y “la nueva realidad social” de España, no es más que la constatación de que de aquellos polvos vienen estos lodos. Y de que, en cuarenta años de democracia, ningún partido gobernante ha querido meterse en según qué barros.
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