Los Presupuestos para 2021 han sido criticados tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos. En cuanto a los ingresos, aparte de cuestionar la verosimilitud de las estimaciones, la opinión generalizada es que cualquier subida debería demorarse hasta 2022, una vez que la recuperación, que previsiblemente comenzará el próximo año, esté más consolidada. En cuanto a los gastos, la mayor parte de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, han criticado el excesivo aumento del gasto público permanente y el ensanchamiento del déficit estructural que acarrea dicho aumento porque con ello se erosiona gravemente el vigor y la duración de la recuperación económica.
Pensiones y funcionarios
Es conveniente explicar brevemente el significado de estas críticas porque, desgraciadamente, muchos economistas lo desconocen o lo olvidan, sobre todo los que se han metamorfoseado en políticos progresistas. Como se ha dicho, se considera dañina para la economía la exagerada adquisición de mayores compromisos de pagos recurrentes porque aumentarán alarmantemente nuestro ya de por sí elevado déficit público estructural. En concreto, se señala críticamente el aumento de los sueldos del personal público (0,9%), de las pensiones contributivas (0,9%) y no contributivas (1,8%), de las subvenciones y ayudas públicas indiciadas al IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples) en un 5%, así como de los gastos de dependencia, que crecen un 34,4%.
Sustituir los aumentos de gasto permanente por aumentos de gasto coyunturales, que desaparecerían en 2022, fomentaría la recuperación y ayudaría a la sostenibilidad de la deuda pública
Es importante tener en cuenta que cuando se adquiere un compromiso de gasto recurrente el gasto público latente no aumenta únicamente por el montante de dicho compromiso en el ejercicio presupuestario corriente, sino por el valor presente del mismo. Esto es, por la suma indefinida de cada importe anual descontada a los tipos de interés pertinentes.
A título de ejemplo, supongamos que la subida del sueldo de los empleados públicos entrañara un aumento de gasto público de 250 millones de euros en los Presupuestos de 2021 (y, evidentemente, en los de todos los años siguientes). Con las tasas de descuento actuales, esto implica un aumento del gasto público latente superior a los 25.000 millones de euros.
Sería mucho mejor para las finanzas públicas y para la recuperación económica repartir una paga especial de, digamos, dos o tres mil millones de euros el año próximo a los colectivos que hayan hecho un esfuerzo especial durante la pandemia que una subida salarial del 0,9%. Generalizando este razonamiento, sustituir los aumentos de gasto permanente por aumentos de gasto coyunturales, que desaparecerían en 2022, fomentaría la recuperación y ayudaría a la sostenibilidad de la deuda pública.
Mil loros tomando chocolate
El argumentario oficial contra estas críticas, desarrollado principalmente por la vicepresidenta económica, el ministro de Seguridad Social y la ministra de Hacienda, se articula en dos líneas de defensa, tan pobre intelectualmente la una como la otra. La primera se puede considerar una variante del método de los filósofos eleáticos para negar la existencia del movimiento. La causa del déficit estructural, sostiene uno u otra ministro o ministra, no está en el importe que supone el aumento de los sueldos públicos, esto sería apenas el chocolate del loro que diría un castizo.
La causa del déficit estructural, alegan otra u otro ministra o ministro, no reside en la subida de las pensiones contributivas y no contributivas, cuyo importe es tan poco significativo como el anterior. Aplicando estos argumentos sucesivamente a cada partida de gasto por separado se alcanzaría el falaz corolario de que el aumento del gasto y del déficit estructural no existen. Caben dos objeciones empíricas a esta forma de razonar. La primera es que no es lo mismo el chocolate del loro que mil loros tomando su chocolate. La segunda es la señalada al comienzo de este artículo, el valor presente de las subidas del gasto permanente es muy elevado y aumentará notablemente el déficit estructural.
El aumento del déficit estructural ocasionado por el incremento de los gastos recurrentes erosionará antes o después el avance de la inversión privada y de las exportaciones netas
La segunda línea de defensa consiste en justificar la subida de sueldos públicos, pensiones y demás ayudas públicas permanentes porque con ello se mantiene o se aumenta el poder adquisitivo de estos grupos, fomentando así el consumo y la recuperación económica. Este razonamiento es un engañabobos al que son especialmente adeptos los economistas progresistas. En primer lugar, el consumo depende mucho más del nivel y de las expectativas de empleo que del poder de compra de pensionistas y funcionarios o del conjunto de asalariados.
Como se constató en la crisis de 2008, el consumo se puede desplomar a pesar de la subida de los salarios reales de los que consigan mantener su puesto de trabajo debido a la destrucción de empleo, originada en parte por dicha subida salarial. Por otra parte, la demanda agregada, y la evolución del empleo en particular, dependen también del comportamiento de la inversión privada y de las exportaciones netas. El aumento del déficit estructural ocasionado por el incremento de los gastos recurrentes erosionará antes o después el avance de la inversión privada, y con ello el del PIB y el del empleo.
Esta defensa yerra, además, porque las críticas no cuestionan en absoluto el necesario tono expansivo de la política fiscal. Por el contrario, afirman que se podría llevar a cabo una política fiscal más beneficiosa para la actividad económica y el empleo renunciando a las subidas de gasto público permanente, y sustituyéndolas por aumentos selectivos de igual o mayor magnitud de otros gastos no recurrentes. Si finalmente se materializan estos presupuestos, el déficit estructural superará el 5% del PIB a finales del próximo año. Es imposible concebir subidas impositivas, en especial de los impuestos cuyas elevaciones embriagan de gozo a la coalición gobernante, capaces de aumentar los ingresos públicos en proporción al PIB que alcancen siquiera la tercera parte de esa cifra.
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