Resulta curioso, solo por llamarlo de este modo, que siendo España un país con un grave problema en el mercado laboral, en particular en su segmento más joven, no tenga una adecuada política activa de empleo (PAE). Ya no digamos con aquellos que de algún modo han sido expulsados del mercado de trabajo de forma cuasi permanente con una edad aún muy propicia para seguir creando valor.

La evaluación de estas políticas por parte de la Airef en su tercer Spending Review no dedicaba, precisamente, alabanzas a las mismas. Más bien al contrario. Y no solo este análisis era demoledor. Otros trabajos realizados a lo largo de las últimas décadas dejaban claro que las ingentes cantidades de dinero que fueron utilizadas para este propósito no obtuvieron, ni de lejos, los resultados esperados. Por último, y aunque enfila otra cuestión que no se pretende discutir en esta columna, tampoco han sido ajenos estos fondos de la corrupción que en las últimas décadas también nos han dejado sonados casos de apropiación de lo ajeno. En resumen, las PAE deben rediseñarse desde cero atendiendo a lo que no ha funcionado pero, sobre todo, a una realidad muy diferente a la de hace décadas.

Es por todo esto y por la simple visualización de la evidencia macroeconómica que nos dice que poco hemos mejorado en términos de desempleo estructural que es fundamental y necesaria una profunda revisión de la formación a través de las políticas activas públicas. Obviamente el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia recoge el guante y lo hace con una visión prometedora que conviene, no obstante, concretar y ampliar.

El diseño de itinerarios personalizados será absolutamente factible, permitiendo mejoras en la formación, reciclaje y acceso al mercado de trabajo de colectivos con dificultades

Así, esta reforma debería tener dos grandes ejes de acción. En primer lugar, es imprescindible, antes de todo, llevar a cabo una modernización quirúrgica y una intensa digitalización tanto de la gobernanza como de los instrumentos utilizados en estas políticas. La digitalización de la gobernanza debe permitir ese nuevo uso de instrumentos digitales, como sería, por ejemplo, “individualizar” las propuestas de formación por parte de las administraciones con competencias en estas políticas. El perfilado de empleabilidad y de la formación es imprescindible en una política activa de empleo para el siglo XXI. El diseño de itinerarios personalizados será absolutamente factible, permitiendo mejoras en la formación, reciclaje y acceso al mercado de trabajo de colectivos con dificultades.

En estas cuestiones es necesario ser muy proactivos. La digitalización e individualización de formación habilita la necesaria evaluación de los diferentes programas formativos que se vayan realizando, lo cual implica la necesidad de diseñar, incluso antes de la realización de estos procesos de formación, cómo se va a medir y evaluar los resultados. En este contexto resultaría interesante comenzar con experiencias piloto que ayuden a centrar objetivos, medios e instrumentos previo a comprometer ingentes cantidades de recursos. Una vez se ha experimentado y sus resultados evaluados satisfactoriamente, se escala a lo grande.

Condicionalidad de los fondos

Pero esta evaluación debe, además, servir de incentivo. No son pocas las administraciones que llevan a cabo cursos formativos. Además, la posibilidad de la colaboración público-privada, con empresas accediendo a esos fondos formativos en modo de concurrencia competitiva, lograría que haya que seleccionar las acciones que mejor resultados den. Así, el reparto de los fondos necesarios para la formación de trabajadores y colectivos con dificultades para ser contratados debería condicionarse a los resultados de los programas.

Ya por último, además es necesario dar un salto conceptual en lo que es la formación. Atendiendo a la experiencia de no pocos países europeos en estos tiempos de pandemia, es necesario dar una nueva visión a la propia naturaleza de la formación. Hoy las fuentes de la misma no son las que anteriormente teníamos. La formación “informal” debe tener cabida dentro de lo que se considere como aceptable para la definición de las competencias de lo trabajadores. Por supuesto, la formación online debe ser no solo una más sino una de las más importantes.

Esto y mucho más está recogido en el informe COTEC sobre el trabajador del futuro. Administraciones como la Junta de Andalucía está dando los primeros pasos en este sentido, aunque aún queda por lograr. Finalmente, la propia reforma II de la componente 23 del PRTR señala que este es el camino a seguir por la Administración General.

En definitiva, de nuevo y una vez más, estamos en la oportunidad de dejar de hacer lo que no funciona y empezar a hacer aquello que sabemos ha tenido o puede tener resultados. Estamos en ese momento de catarsis donde la tecnología y la financiación pueden confabularse a nuestro favor. No dejemos de responder a este reto. Millones de trabajadores necesitarán esa “transformación”, no solo para seguir trabajando, sino para hacerlo mejor.