La empresa española todavía no ha superado la última y reciente crisis. En términos de contabilidad nacional, las empresas han sufrido del orden de 100.000 millones de euros de pérdidas, de las que un tercio corresponden al año 2021. Sin todavía haber superado esta situación, que compromete la solvencia y viabilidad de una parte significativa de nuestras empresas más vulnerables, se suma ahora, el último choque energético, que ha provocado un encarecimiento de los costes productivos, lo que a su vez redunda en una mayor inflación y en un menor crecimiento.
Por si fuera poco, la incertidumbre es extrema como consecuencia del conflicto de Ucrania, que a su vez tiene el efecto de enquistar en el tiempo la mencionada subida de precios de la energía, al tiempo que genera restricciones adicionales de oferta y rupturas de cadenas de suministros.
En este contexto tan adverso para nuestro tejido productivo, el Gobierno anunció hace unas semanas un plan de choque que había generado cierta expectación, pero cuya concreción final ha desembocado en cierta decepción. Este programa ha llegado más tarde y ha sido mucho más limitado en términos de coste presupuestario que los de otras economías de nuestro entorno. Además, a diferencia de lo que sí han hecho otros países de la Eurozona, no ha centralizado mayoritariamente los recursos en las empresas perjudicadas, lo que, en la práctica nos supone una pérdida de competitividad relativa.
Nuestro Gobierno, cuando el año pasado decidió, de forma tardía, otorgar ayudas directas a las empresas, restringió y condicionó en exceso tanto su cuantía como los requisitos de concesión. Como consecuencia, de los 7.000 millones de euros aprobados, finalmente solo llegaron a las empresas 4.000. Pero, al menos subyacía una lógica comprensible, que era intentar concentrar las ayudas en los más perjudicados. Ahora, en lugar de atender las recomendaciones del Banco de España de abordar medidas selectivas, granulares y quirúrgicas, esto es, focalizar los apoyos en las empresas y sectores que peor lo están pasando, se opta por generalizar las ayudas en el conjunto de la población, aunque sea a costa de volverlas insuficientes para los afectados más extremos.
Como consecuencia se plantean subvenciones en términos de euro litro o kilovatio hora que no discriminan entre las familias que simplemente han sufrido un encarecimiento de partidas como electricidad, la gasolina y el gasóleo que no está demás recordar que, en promedio, no alcanzan el 10 por 100 de la cesta de consumo representativa, y las empresas cuya viabilidad está en entredicho por la acumulación de estas nuevas pérdidas sobrevenidas.
No todos tienen las mismas dificultades, sino que la peor situación la experimentan los individuos que están sin empleo o que están en riesgo de perderlo por trabajar en sectores y/o empresas especialmente perjudicadas, a los que paradójicamente solo se les destina menos de un tercio de los seis mil millones de euros anunciados.
Cuando finalicen estas medidas, volveremos inevitablemente al punto de partida. Lo peor de este plan, no es tanto lo que se ha hecho, sino lo que se ha dejado de hacer con la excusa de que con este plan es suficiente
En cualquier caso, técnicamente no estamos bajando los impuestos en términos agregados, sino que lo que estamos haciendo es modular su subida. Así, por ejemplo, solo en el IVA del segundo trimestre, se pueden recaudar cerca de 1.200 millones de euros adicionales como consecuencia del mayor precio de los carburantes, de manera que el ahorro previsto de 1.000 millones de euros por la bajada de 0,15 euros por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos solo supone una compensación parcial. Dicho de otra forma, estamos atemperando temporalmente las subidas de precios debidas al efecto de la imposición indirecta, lo cual es mejor que no hacer nada, pero insuficiente para generar un alivio a las empresas más intensivas en energía respecto a las pérdidas provocadas por su encarecimiento.
Es verdad, que el IPC puede disminuir este trimestre en cerca de medio punto por esta rebaja impositiva, pero a su vez este indicador de precios recuperará de forma automática su nivel anterior cuando finalicen estas medidas. El problema es que, por el camino, la señal que dan los precios para optimizar la eficiencia en el uso de la energía habrá quedado distorsionada, con el riesgo de seguir consumiendo en exceso un input encarecido en términos relativos.
Las políticas de control de precios y beneficios, como los que se plantean, por ejemplo, para el sector de hidrocarburos y alquileres, son incompatibles con la libertad de empresa imprescindible en una economía de mercado. De igual forma, prohibir la posibilidad de realizar despidos objetivos para las empresas con más dificultades que acceden a las ayudas, también restringe la libertad de empresa, y puede tener el efecto perverso, bien de que pospongan sus obligados planes de ajuste o bien que se vean excluidos de las ayudas.
Prohibir la posibilidad de realizar despidos objetivos para las empresas con más dificultades que acceden a las ayudas, también restringe la libertad de empresa, y puede tener el efecto perverso
Estos prejuicios en contra de la empresa y su funcionamiento son totalmente contraproducentes, y suponen, en el fondo, un incremento del riesgo regulatorio, que genera una mayor incertidumbre, adicional a la ya existente. Es verdad que son medidas temporales, pero nadie negará que constituyen un peligroso precedente de cara al futuro.
Afortunadamente, y tras el éxito de los créditos privados avalados por el ICO durante la pandemia, de nuevo se vuelve a recuperar este instrumento de apoyo a la liquidez de las empresas. Sería aconsejable que, de cubrirse totalmente el tramo aprobado de 10.000 millones de euros, y continuar las dificultades en el tiempo, se aprobaran cuantías adicionales y se prorrogaran los plazos de concesión.
Las carencias en los pagos de las líneas Covid anteriores para sectores intensivos en combustible deben instrumentarse adecuadamente, esto es, facilitando y reduciendo los costes de las posibles renegociaciones voluntarias entre las partes. Se deben evitar en cualquier caso medidas que puedan conducir a los prestamistas a tener que provisionar este tipo de instrumentos como consecuencia de cambios regulatorios, ya que ello puede suponer una restricción y un encarecimiento del crédito a futuro.
Estos prejuicios en contra de la empresa y su funcionamiento son totalmente contraproducentes, y suponen, en el fondo, un incremento del riesgo regulatorio, que genera una mayor incertidumbre, adicional a la ya existente
Estas medidas no dejan de ser un tiempo muerto en el transcurso de esta coyuntura. Pero, cuando finalicen, volveremos inevitablemente al punto de partida. Por lo tanto, lo peor de este plan, no es tanto lo que se ha hecho, sino lo que se ha dejado de hacer con la excusa de que con este plan es suficiente. En momentos como estos, es cuando hay que plantear reformas estructurales que por la vía de la mejora de la flexibilidad y de la competitividad nos permiten reforzar la inversión empresarial, y como consecuencia el PIB potencial.
Nuestra gran reforma pendiente es muy probablemente la de la mejora de la eficiencia del gasto público, la cual es necesaria para reforzar de forma permanente nuestra eficiencia asignativa y generar expectativas de sostenibilidad fiscal a futuro.
De cualquier modo, una de las claves para sortear una situación de crisis como la presente es que las empresas tengan posibilidades de adaptarse a esta nueva coyuntura. Por ello, la actual perturbación negativa de oferta, derivada del encarecimiento energético y ruptura de cadenas de suministros, requeriría de medidas compensatorias en el lado de oferta, como bajadas de impuestos sobre las empresas, refuerzo de su solvencia o planes de liberalización, y no tanto de subvenciones transitorias a la demanda mediante bajadas de impuestos indirectos específicos sobre la energía.
Gregorio Izquierdo LLanes es Director General del Instituto de Estudios Económicos
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