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Juan Pablo Colmenarejo

Opinión

Un piquete para Almeida

Madrid Central es necesario, pero debe hacerse sin arruinar o mandar a nadie al paro, y mucho menos empleando una figura tan poco democrática como son los piquetes ‘informativos’

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración de la sesión extraordinaria del pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración de la sesión extraordinaria del pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid. EFE

El regreso del PP al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en coalición con Ciudadanos, ha sido saludado con la convocatoria de una manifestación y el despliegue callejero de piquetes para “informar” a los conductores de la toxicidad ultra del nuevo equipo de Gobierno municipal. Madrid está lleno de carteles y paneles informativos, pero debe ser que no son los suficientemente convincentes. 15 días después de ser elegido alcalde, Martínez-Almeida, ya tiene en su haber una protesta. Se le acusa de “rematar” a los ciudadanos con la moratoria de las multas en la gran área de prioridad residencial denominada “Madrid Central”. No es la primera vez que se toma una medida similar, puesto que el anterior gobierno municipal empleó este sistema entre noviembre de 2018 y marzo del presente año, incluyendo las llamadas APR creadas por el PP. Durante esos meses se notificó la infracción, pero sin sanción. Es decir, lo mismo que ahora. El posterior error en el cobro de las multas ha sido la excusa, un regalo de Carmena, que ha dado el Ayuntamiento para dejar en suspenso Madrid Central. Los ecologistas defienden con sus datos el descenso de los niveles de contaminación, mientras que los empresarios, autónomos pequeños y medianos, muestran el descenso en sus facturaciones por culpa de las restricciones. La equidad o la defensa del medio ambiente son loables propósitos, pero sin olvidar que para todas esas políticas hay un elemento decisivo para pagarlas, como es la generación de ingresos. Por lo tanto, Madrid Central es necesario pero debe hacerse sin arruinar o mandar a nadie al paro.

El Partido Popular inició en 2005 el proceso de peatonalización y restricción del tráfico en barrios del centro de Madrid. No es un invento de Carmena, ni tampoco de Greenpeace. Una vez más la derecha no ha sabido quedarse con una narración propia de los hechos, es decir, lo que los politólogos de guardia definen como el relato. Todo indica que a la vuelta del verano el PP, junto con Ciudadanos, volverá a poner en marcha el sistema de multas en el marco de la reconversión de un proyecto que tenga en cuenta la salud de los residentes, pero también el bienestar de quienes tienen sus trabajo en las zonas afectadas. Por lo tanto, habrá más permisos para vehículos que justifiquen su presencia en determinadas zonas de Madrid. Mientras llega ese momento, y el nuevo Ayuntamiento se centra y suelta la presión desmedida de Vox, la izquierda no pierde ni concede un segundo para reiniciar la campaña de acoso al PP, que desde 2002 ha tenido diferentes manifestaciones. Si entonces el gobierno de Aznar fue señalado como culpable del naufragio de un petrolero y el posterior aluvión de chapapote, ahora Martínez-Almeida, va a ser estigmatizado por Madrid Central, un agente tóxico que perjudica la salud de los madrileños. Acabarán diciendo que Almeida es un criminal del asfalto, un motero peligroso.

Dicen en el PP que Martínez Almeida va a ser una sorpresa. En este primer envite tiene la oportunidad de demostrarlo. Incluso rectificando se acierta

Durante el gobierno de Carmena, los colectivos opuestos a Madrid Central se organizaron y presionaron a la oposición, PP y Ciudadanos, para que se comprometieran a cambiar Madrid Central. No recurrieron a ningún tipo de acción callejera que perjudicara a los demás. En este caso y de manera preventiva han salido a la calle, están en su derecho de manifestación, pero anunciando la presencia de esa figura tan poco democrática como son los piquetes informativos, que nunca han sido tales porque el objetivo es la coacción para vencer con miedo. Les guste o no, hasta que se reforme Madrid Central en el fondo y en la forma que considere oportuno el equipo de gobierno de Madrid, cualquiera puede pasar por donde le parezca oportuno sin ser informado por alguien que adquiere una función que nadie le ha otorgado. El regreso del PP al poder en Madrid nos ha traído la vuelta del piquete que adquirió esplendor durante la guerra de Irak y años después, con la crisis económica, importó los acosos domiciliarios que en Argentina se llaman escraches. Lo que deberían hacer los manifestantes e integrantes de los piquetes es reprocharle a Carmena y compañía no haberlo hecho mejor como para conseguir una mayoría absoluta semejante a la del socialista Caballero en Vigo. Resulta que la candidatura de la exalcaldesa pinchó en los distritos etiquetados de izquierdas. Carmena se olvidó de su existencia dejándolos en manos de activistas del chavismo.

Sin duda la peatonalización y la restricción al tráfico privado en los centros de las ciudades son medidas inevitables y necesarias. Pero no pertenecen en exclusiva a una izquierda que en este caso defiende la vida frente a la derecha que busca matar por contaminación a sus semejantes. Ni antes con Carmena, ni ahora con Martínez-Almeida se debe ir al centro de Madrid en coche, incluso teniendo la pegatina adecuada. Si el actual equipo de gobierno municipal quiere remodelar y ampliar el área de restricción lo tendrá que explicar adecuadamente. Y si lo quieren hacer bien, necesitan evaluar todo lo ocurrido. Incluido el fiasco de las multas. El PP, y también Ciudadanos, no deberían permitir que se les arrebate algo que desde Ruiz Gallardón está en vigor para todos los habitantes de Madrid sin distinción de ideología. Dicen en el PP que Martínez-Almeida va a ser una sorpresa. En este primer envite tiene la oportunidad de demostrarlo. Incluso rectificando se acierta. Si mantiene Madrid Central, algo que debería ser así, que no sea fruto del desistimiento tras las presiones y las coacciones, sino en defensa del bien común tanto de los residentes como de aquellos que entran y salen de Madrid para trabajar. 

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