El respaldo del presidente del Gobierno al veto del vicepresidente a la reforma del sistema de pensiones del ministro del ramo tiene más trascendencia económica de la que se le ha dado. El respaldo confirma la deriva del Gobierno hacia la izquierda de la izquierda, como por otra parte ya quedó claro en los presupuestos de 2021 con la subida inoportuna y contraproducente de impuestos directos y de gasto público permanente, amén de las crecientes y peligrosas intervenciones en el mercado de la vivienda, entre otros. El veto, además, indica claramente que este Gobierno no llevará a cabo ninguna de las reformas económicas que serían necesarias para asegurar la sostenibilidad de nuestra deuda pública y contar con los fondos europeos. De lo anterior se colige que o bien hay elecciones antes de que se haga evidente la brecha entre las medidas del Gobierno y las exigidas por la UE, o bien la creciente desconfianza en el Gobierno terminará precipitando una crisis de deuda. Al final del artículo precisaré algo más este corolario.

Por encima de todo lo que nuestro país haga o deje de hacer en áreas tales como la digitalización o la transición energética, la condición decisiva que exigirán las autoridades europeas para desembolsar la totalidad de los fondos será la realización de reformas significativas en los ámbitos del mercado de trabajo y de las pensiones. De lo que se haga en estos dos frentes dependerá también la decisión de las agencias de calificación sobre el rating de nuestra deuda y, por ende, la mayor o menor predisposición de los inversores nacionales e internacionales a adquirir activos españoles. Aunque lo concerniente al mercado de trabajo no es objeto de este artículo, es obvio que la “actualización” o contrarreforma que prepara el Gobierno para revertir la(s) última(s) reforma(s) sería casus belli para las autoridades europeas, como también lo sería para las agencias de calificación de la deuda.

Para evaluar los “recortes” de las pensiones resultantes de una reforma, estas no se deben comparar con las actuales sino con las que habría, netas de impuestos, en ausencia de dicha reforma

En cuanto al sistema de pensiones contributivas, es bien sabido que arroja un déficit estructural cuyo tamaño es ya preocupante y cuyo ritmo de crecimiento previsto para los próximos años es alarmante. Sin reformas profundas será imposible financiar el déficit público generado por el sistema dentro de muy pocos años y habría que recurrir a recortar las pensiones o el resto de gasto público o ambas cosas a la vez. Esto es así porque el aumento de ingresos públicos necesario para cerrar el déficit no se podría conseguir mediante subidas de impuestos que, más allá de elevaciones relativamente pequeñas, terminan mermando la recaudación. Lo anterior implica, por cierto, que para evaluar los “recortes” de las pensiones resultantes de una reforma, estas no se deben comparar con las actuales sino con las que habría, netas de impuestos, en ausencia de dicha reforma.

Un efecto marginal

Hay muchas medidas que pueden aliviar las tensiones financieras del sistema. Por ejemplo, acercar la edad de jubilación efectiva a la legal penalizando jubilaciones anticipadas e incentivando el alargamiento de la jubilación o introducir la esperanza de vida en la fórmula de revalorización de las pensiones, como se intentó hacer con el suspendido o derogado factor de sostenibilidad. Pero dada la dinámica explosiva del déficit de nuestro sistema de pensiones, estas medidas son insuficientes. Únicamente un aumento apreciable de la edad legal (y efectiva) de jubilación y una reducción del ratio entre pensión media y salario medio puede reconducir el déficit de pensiones hasta niveles tolerables. Esto último es lo que pretendía el ministro con la medida de alargar el periodo de cálculo de la base reguladora hasta los 35 años (la norma en la mayoría de países europeos) desde los 25 años actuales. Cualquiera de estas dos medidas se instrumentaría gradualmente y por tanto su efecto en los que se jubilen en los próximos, digamos, cinco años sería marginal. El aumento del periodo de cálculo podría ser incluso positivo para muchos de los que hubieran sufrido desempleo o pérdida salarial desde la gran recesión de 2008.

Sólo actuando sobre la edad legal de jubilación y sobre el periodo de cálculo de la pensión se pueden corregir los tres parámetros que disparan nuestro déficit de pensiones por encima de los de la mayoría de países europeos: tenemos el ratio pensión media/salario medio más elevado de la UE (después de Grecia y Chipre), un ritmo de crecimiento del ratio pensionistas/cotizantes superior a la media y el mayor número de años de percepción de la pensión (después de Francia) por la mayor esperanza de vida de nuestros jubilados. El primer ratio se sitúa alrededor del 65% mientras que en Francia o Alemania no supera el 50%. Por otra parte, los pensionistas españoles perciben pensión durante un número de años un 10% superior al promedio de los restantes países de la UE.

Esto quiere decir que somos muy dependientes de la predisposición de los mercados a seguir prestándonos, esto es, somos muy dependientes de la confianza de los inversores nacionales e internacionales

Todos los países de la UE tienen problemas con su sistema de pensiones públicas y algunos de ellos, Alemania entre otros, han sido apercibidos por la Comisión Europea por no instrumentar reformas más ambiciosas, especialmente en lo tocante a la edad legal de jubilación. Hay dos diferencias, empero, entre esos países y el nuestro. La primera es nuestra peor dinámica deficitaria. La segunda, y más importante para determinar el margen de maniobra de unos y otros gobiernos, es que nosotros tenemos una posición deudora neta elevada frente al resto del mundo, mientras que muchos de esos otros países tienen una posición acreedora neta o una posición deudora mucho menor que la nuestra. Esto quiere decir que somos muy dependientes de la predisposición de los mercados a seguir prestándonos, esto es, somos muy dependientes de la confianza de los inversores nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, en el devenir de nuestra política económica. De aquí el vaticinio efectuado al comienzo del artículo.

Se me podrá decir que, en rigor, hay dos opciones para impedir la alternativa vaticinada entre elecciones anticipadas y crisis de deuda. La primera es que Iglesias entendiera que las reformas exigidas benefician a las clases trabajadoras y finalmente las aceptara sin rechistar. La probabilidad de esta opción es similar a la de que aparezca el yeti o el monstruo del lago Ness. La otra opción sería que Sánchez se quite de encima a Podemos e intente realizar las reformas con el apoyo de la oposición y terminar así la legislatura. Me barrunto que el vértigo del cálculo electoral correspondiente, con los ecos de lo sucedido a Zapatero en la anterior crisis, hacen esta opción poco realista.